Inquietud por una partida presupuestaria para el trasvase del Ebro

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza celebrado ayer aprobó por unanimidad elevar al presidente del Gobierno y al ministro de Obras Públicas y Urbanismo su más enérgica protesta por la partida de 21.600 millones de pesetas que figura en un anexo de los Presupuestos Generales del Estado para la realización del trasvase Ebro-Pirineo oriental.El Ayuntamiento exige la retirada de dicha partida y que ese dinero se dedique a completar los riegos de Aragón. La Corporación municipal zaragozana ha propuesto realizar movilizaciones populares en la región y solicita upa convocatoria urgente de la Asamblea de Parlamentarios de Aragón.

En el pleno fue leída una carta dé la UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), que convoca una manifestación gigante para el día 7 de diciembre. Los portavoces del PSOE, PAR (Partido Aragonés Regionalista), PCE y PTA, al solidarizarse con los acuerdos del pleno, han criticado la postura de UCD. El portavoz centrista se mostró contrario al proyecto de trasvase del Ebro y ha manifestado que si el trasvase se realiza sin atender las razones de Aragón presentaría su dimisión.

Simultáneamente, una comisión de la Diputación General de Aragón se ha desplazado a Madrid, con objeto de entrevistarse con el ministro de Obras Públicas, Jesús Sancho Rof, en relación con la partida presupuestaria asignada para el trasvase. El señor Sancho Rof había remitido un télex urgente al organismo preautonómico, en el que precisaba que «el Gobierno no ejecutará ni proyectará el trasvase, ni ningún otro, si no es mediante acuerdo expreso de las Cortes y con sujeción a los principios que se recojan sobre esta materia en el proyectado código del agua».

En dicha comunicación, el titular de Obras Públicas agregaba que los posibles recursos a transferir habrán de realizarse con la participación democrática de los intereses afectados. En relación con la partida presupuestaria de 21.600 millones para el quinquenio 1981-1986, el señor Sancho afirmó que carece de valor jurídico alguno, «ya que tiene naturaleza exclusivamente informativa».