La asamblea del episcopado español

DOS CUESTIONES esenciales han sido abordadas por la 32.ª Asamblea Plenaria Episcopal, que concluyó a finales de la semana pasada: la libertad de enseñanza y el divorcio civil. Sobre ambas cuestiones la Asamblea ha publicado sendos documentos.Las formulaciones del primero de ellos se hacen en torno a los conceptos de «libertad» y de «sociedad pluralista» frente a un eventual monopolio estatista de la enseñanza que necesariamente habría de conformar una sociedad uniforme. Sin duda recibirá la aceptación más amplia por parte de todos aquellos que piensan en el pluralismo ideológico y social como valor básico de una democracia y, por tanto, en la libertad de transmisión y enseñanza de todas las tradiciones ideológicas y espirituales y en la obligación del Estado de propiciar y potenciar legal y económicamente todo ello.

Merece la pena, sin embargo, señalar que esta preocupación por una sociedad plural se da ahora en una Iglesia que ha mantenido férreamente los principios contrarios de pensamiento monolítico y unidad ideológica durante más de treinta años y que durante ese tiempo, al menos, los ha encarnado con bastante énfasis. Sin dudar para nada de la naturaleza del cambio ni de la buena fe con que se ha producido, la enunciación ahorade estos otros criterios de libertad no deja, desgraciadamente, de permitir algunas críticas sobre su oportunismo o incoherencia. Especialmente porque este documento sobre la enseñanza no revisa ese pasado y no da explicaciones sobre el cambio. Más hubiera valido presentar el documento en cuestión teniendo en cuenta todo esto: hubiera ganado, sin duda, alguna autoridad moral y sentido estrictamente religioso, e incluso hubiera hecho acallar las voces de quienes suponen, no sin alguna razón, que detrás de la declaración de principios se esconde la defensa de intereses concretos. El pluralismo en la enseñanza es básico en una democracia, pero también lo es que todos tengan acceso a la misma. El papel de la Iglesia en este terreno ha sido en nuestro país históricamente controvertido. Que los obispos actúen como si desconocieran este dato merece, cuando menos, una lamentación fundada por parte de la sociedad civil.

Más grave resulta -desde el punto de vista político- el documento sobre el divorcio, en medio de una sociedad en la que la Iglesia no sólo es un corpus religioso, sino en la que tiene una relevancia social y política que la confieren capacidades y atributos de una institución de poder.

En esta circunstancia, la Iglesia española no se ha limitado a enunciar -como es su derecho- los criterios religiosos y éticos en relación con la indisolubilidad del matrimonio, sino que, al mismo nivel, ha explicitado toda una crítica sociológica del divorcio y de sus eventuales males y catástrofes. Todo ello en un ámbito en el que la Iglesia ni tiene ni es permisible por el Estado que aspire a tener competencia ni autoridad específica, a menos que volviéramos a la confusión de planos y al imperialismo teológico que hicieron posible el proceso de Galileo (cinco siglos excomulgado y la Tierra girando todavía).

Son muchas las preguntas y no pocas las afirmaciones que se podrían hacer, por lo demás, a este respecto. Por ejemplo, habría que interrogar a los obispos sobre si las anulaciones y separaciones canónicas no producen losmismos efectos sociales del divorcio civil. O por las conexiones entre el divorcio civil y libertad religiosa, reconocida en la Constitución. O por la patente ignorancia de los prelados de la realidad social y política de este país y del respeto a las minorías -esencial en todo régimen de libertad- que supone querer imponer unilateralmente un régimen de convivencia basado en las convicciones religiosas de sólo una parte -por grande que sea- de la población.

Los documentos que comentamos tienen más el tono de declaraciones de Derecho público y eclesiástico que de documento religioso. Con su publicación, en el momento y modo que ha sido hecha, la Iglesia se muestra abiertamente beligerante en la construcción de la sociedad civil, y trata de presionar las conciencias de gobernantes, y legisladores -que lo son en función de su representación democrática- y, en definitiva, se alinea en las severas corrientes del integrismo. Desde el punto de vista religioso, nada que objetar. Desde el punto de vista político, nos parece preocupante.