Fuertes críticas al Estado en el documento episcopal sobre la enseñanza

La Conferencia Episcopal, reunida en Madrid desde hace cinco días, aprobó ayer el documento final sobre la enseñanza, con 59 votos a favor, uno en contra y una abstención. En el mismo, los obispos reiteran sus críticas a la actuación del Estado en esta materia. El otro tema relevante de la conferencia, el pronunciamiento sobre el divorcio, ha ocupado todas las sesiones de la tarde de ayer y la mañana de hoy, al final de cuyos debates se hará pública su postura.

Otra cuestión que parece se ha tratado en alguna de las sesiones, aunque el portavoz oficial, monseñor Montero, aseguró «no haber oído nada al respecto», se refiere a la pretensión del Opus Dei de obtener del Vaticano la prelatura nullius, presentada a la Asamblea Episcopal por un reducido grupo de obispos y admitida a debate por los restantes, si bien el ambiente general de los obispos españoles ante el proyecto opusdeísta es de oposición.Del documento sobre la enseñanza, presentado por el arzobispo de Zaragoza y presidente de la comisión episcopal para temas docentes, Elías Yanes, destacan varios aspectos: las críticas al Estado; la «situación dramática, al borde del cierre», en que se encuentren numerosos centros de enseñanza dependientes de la Iglesia, especialmente los ubicados en zonas rurales o suburbanas, y, por otro, la identificación entre escuelas libres y escuelas no estatales. El párrafo textual dice así: «Mientras haya sectores importantes de población que prefieran la escuela libre, es decir, la escuela no estatal, un Estado verdaderamente democrático tiene el deber de justicia de hacer viable este tipo de escuela, no sólo para los ricos, sino también para los menos pudientes. »

En síntesis, el documento expresa que muchos de sus centros «se encuentran ante un dilema dramático: o cierran sus puertas y abandona la actividad docente, o prestan sus servicio sólo a los hijos de familias de elevada posición económica». Esta situación extrema conlleva -según el documento- a poner en tela de juicio la libertad del sistema: «Es evidente que, tanto con el cierre de centros de enseñanza creados por libre iniciativa, como con los precios prohibitivos de la enseñanza que ofrecen, están en juego la libertad y la igualdad social.»

Las críticas al Estado son también frecuentes en el documento: «En los centros docentes del Estado, éste paga la enseñanza con la aportación de todos los contribuyentes, de lo cual se benefician también los que podrían costearla, mientras niega la ayuda necesaria a las familias modestas, si éstas eligen un centro no estatal. »

O, también: «No es concebible un Estado democrático moderno que actúe, de hecho, como una gran empresa monopolística promotora de centros de enseñanza y decida eliminar por la fuerza de la competencia y con los recursos de todos los ciudadanos los centros promovidos por la iniciativa de los grupos sociales. »

La conclusión final es que, «si el Estado quiere hacer efectiva la libertad de enseñanza que permita a los padres elegir en igualdad de condiciones económicas el tipo de educación que prefieren para sus hijos, es necesario el apoyo económico equitativo del Estado a los centros de enseñanza estatales y no estatales ».

Respuesta del grupo socialista de educación

El PSOE, según expresó en un comunicado difundido ayer, opina que si los centros docentes de la Iglesia se encuentran en crisis no es por causas imputables a la Iglesia (tal y como aludía monseñor Yanes en sus declaraciones de hace tres días), sino que, en realidad, son víctimas de toda una problemática interna que no han sido capaces de superar y que incluso tiende a agravarse, como puede ser la ausencia de vocaciones, que les obliga a contar con un número de profesores seglares cada día mayor y cuya pureza de ideario precisan vigilar con medios más efectivos.