Manuel Fraga consigue una victoria en el Congreso de los Diputados

A las nueve de la noche, Manuel Fraga aparecía feliz, casi rozagante, por el pasillo de las Cortes: tras el éxito de la mañana que se cuenta en estas mismas páginas, había logrado en la sesión de la tarde que se aprobase integra una proposición no de ley sobre nueva regulación de los arrendamientos urbanos, en la que no sólo se fija la obligatoriedad para el Gobierno de enviar un proyecto de ley de arrendamientos urbanos en el plazo de seis meses, sino que además se instituyen una serie de criterios a seguir.

Fraga analizó con cierta amplitud y numerosos datos la situación de las viviendas en régimen de arrendamiento en nuestro país, y llegó a la conclusión de que «el resultado global es desastroso. No se construyen viviendas para alquiler; no se conservan las existentes; se fomenta la especulación, porque vale más tener un valor sin casa que con ella; y lo que más interesa a muchos propietarios es que les declaren el estado ruinoso de su finca. Eso hace que sea muy difícil encontrar una vivienda cuando uno la quiere, donde uno la quiere y como uno la quiere».

Este mismo planteamiento le llevó a asegurar que no podrán conservarse ni modernizarse barrios enteros sin una nueva legislación de arrendamientos urbanos. «Dada la gravedad del tiempo ya perdido», dijo, «sin ayudas estatales y municipales, sin líneas adecuadas de crédito y sin una promoción adecuada», entendía como inviable esa remodelación de los conjuntos urbanos más antiguos. Señaló que sólo en el área urbana de Madrid «en los últimos años se ha llegado al promedio escandaloso de 2.500 expedientes anuales de ruina».

Luis Sáenz Coscuyuela, por los socialistas, intervino para asegurar que estaban de acuerdo con la primera parte de la moción, es decir, la necesidad de que se presente un nuevo proyecto de ley que regule los arrendamientos urbanos: pero, a renglón seguido, argumentó que la vía de una proposición de ley no puede regular ni siquiera las líneas maestras de un proyecto de ley que compete al Gobierno y que la Cámara debe debatir en detalle.

Joaquín García Romanillos, en nombre de UCD, admitió que tanto la actuación de inquilinos como propietarios ha conseguido fines opuestos a los de la ley de Arrendamientos Urbanos y, en consecuencia, el partido del Gobierno acepta como principio la necesidad de un proyecto de ley.

Josep Solé Barberá, por los comunistas, se opuso a la proposición de Fraga en términos sustancialmente idénticos a los socialistas. Y la sorpresa saltó porque los socialistas, que habían pedido que se votase por separado las dos partes de la moción, lo hicieron afirmativamente a la primera, y así se aprobó, por 245 votos a favor y una abstención, que el Gobierno presente un nuevo proyecto. Pero al votar la segunda parte -las líneas directrices del proyecto-, y cuando se pensaba que UCID se opondría junto con la izquierda, la votación arrojó un saldo también favorable a esa segunda parte, de 151 votos a favor, con 95 en contra y tres, abstenciones, por lo que la proposición no de ley quedó aprobada en su integridad.