Expectación ante la discusión final del Estatuto de Autonomía para Galicia

La discusión del proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia entró ayer en su recta final en un clima de gran expectación. Minutos antes de las once de la noche se reanudó la sesión de la Comisión Constitucional, reunida con miembros de la Asamblea de Parlamentarios de Galicia, que pronto dio lugar a la continuidad del enfrentamiento dialéctico entre UCD, por una parte, y el PSOE y el PCE, por otra. A medianoche se retiró de la Comisión el portavoz de Coalición Democrática, Manuel Fraga, quien declaró que la discusión habla entrado en una fase «tabernaria», y que tal como está quedando el Estatuto, prefiere dejarle la responsabilidad a UCD

La izquierda supedita, en principio, su aprobación del Estatuto a la supresión del apartado cuatro del artículo 32 o de cualquier fórmula sustitutoria que encierre un espíritu similar. Condición que, a juicio de Alfonso Guerra y Jordi Solé Tura, contiene la disposición transitoria que fije presentada por los centristas al PSOE.Todo este terna del apartado cuatro del artículo 32 ha quedado aparcado para posterior examen. A la una de la madrugada de hoy sólo se habían aprobado cinco artículos, y quedaban aún por estudiar otros seis, además de las disposiciones transitorias y finales. La izquierda insiste en que se está cercenando la autonomía gallega, mientras UCD entiende que se está perfeccionando la articulación de las autonomías.

La disposición transitoria que promueve UCD como alternativa al polémico apartado cuatro del artículo 32 dice lo siguiente: «En aquellas competencias que recaigan sobre materias que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y el presente Estatuto, son objeto también de competencias estatales se estará a la delimitación que de éstas hagan las Cortes Generales mediante ley. Mientras dicha delimitación no se realice, y a reserva de lo que la misma disponga, la comisión mixta podrá acordar la determinación de las facultades que corresponden a la comunidad autónoma sobre materias específicas de interés para la misma, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Constitución. »

Dos portavoces socialistas manifestaron a EL PAIS su disconformidad con el desarrollo de la primera reunión de la Comisión Constitucional poco después de finalizar ésta a las tres y media de la madrugada de ayer, y aseguraron que de seguir así votarían no al Estatuto. Este tono crítico de la izquierda hacia la actitud del partido del Gobierno y la defensa por parte de éste de su concepción de la autonomía gallega fueron las notas predominantes de la sesión precedente, que pasada la una de la madrugada atravesó dos fases diferentes.

Por una parte, tensas discusiones ante la supresión de competencias para Galicia que figuran en los estatutos de Cataluña y País Vasco, justificadas por UCD en base a diferencias sociológicas y alegando la incongruencia de vestir a todos con el mismo traje. La aplicación de estos criterios cuando los centristas rechazaron la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda ejecutar la legislación del Estado sobre cuestiones penitenciarias y respecto a pesos, medidas y contrastación de metales, provocaron intervenciones de Alfonso Guerra, quien aseguró que era evidente el propósito de vestir a los gallegos con un traje estrecho, y de Jordi Solé Tura, a juicio del cual no podían existir razones de peso para que los catalanes puedan tener atribuciones en cuanto a cuestiones penitenciarias y los gallegos no, «salvo que se valore como diferencia sociológica la hipótesis de que las cárceles gallegas sean más húmedas que las de Cataluña».

Cuando José Luis Meilán restó importancia a que la comunidad autónoma gallega no ejecute la legislación en lo relativo a pesos, medidas y contraste de metales, «por ser una competencia de corte medieval», el socialista catalán Eduardo Martín Toval y Jordi Solé Tura pidieron explicaciones por considerar que se estaba calificando a Cataluña como territorio medieval, ya que en su Estatuto figuran atribuciones sobre estas materias.

Votación coordinada de los centristas gallegos

Fue en entonces cuando Alfonso Guerra calificó a UCD de «guillotina mecánica» al ver que eran sucesivamente rechazados los votos particulares de los socialistas merced a la mayoría centrista en la Comisión Constitucional y en la Asamblea de Parlamentarios, y cuya actuación fue uniforme en todo momento, ya que la dirección del partido del Gobierno exigió a los centristas gallegos la firma de un documento en el cual se comprometieron a votar coordinadamente. Esta coordinación evitó que prosperasen desacuerdos con los que salió el proyecto de la ponencia, en donde los centristas gallegos mantuvieron unos planteamientos que no ratificaron en la madrugada de ayer. Cuando el señor Guerra pidió, en el transcurso del debate, que explicasen su nueva actitud se mantuvieron en silencio. No obstante, en los pasillos justificaban su posición diciendo que habían podido llegar más lejos y que ante la disyuntiva de que la autonomía gallega fuese frenada para ser tramitada por ley o tener Estatuto sin dilaciones, habían optado por esta última alternativa.

El otro aspecto que caracterizó la sesión de la madrugada de ayer fueron los intentos de UCD de continuar la discusión hasta finalizar, mientras los restantes grupos presentes, Socialista, Comunista y Andalucista, solicitaron en varias ocasiones la suspensión de los debates para proseguir el análisis del articulado en un clima con más sosiego. Finalmente, tras la discusión de los veintinueve primeros artículos, fueron sometidos a votación única otros catorce a los que no habían sido presentados votos particulares y que fueron aprobados, Acto seguido fue levantada la sesión hasta las nueve y media de la noche de ayer.

Reunión con los alcaldes

A las once de la mañana de ayer, los alcaldes de las siete ciudades más importantes de Galicia se entrevistaron con el. presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, para expresarle su preocupación por las dificultades que está encontrando el Estatuto y le plantearon la necesidad de que Galicia no sea discriminada.

Según el alcalde de Santiago, el centrista José Antonio Souto, el señor Lavilla se mostró muy receptivo a sus demandas, si bien les indicó que por su cargo no podía intervenir en la política partidaria.