Los conflictos colectivos y el cierre patronal serán excluidos del Estatuto de los Trabajadores
Los debate de la Comisión de Trabajo del Congreso sobre el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores entran, a partir de mañana, en su recta final. Si los conflictos colectivos, regulados por el título cuarto del proyecto de ley, desaparecen, como todo parece indicarlo, únicamente quedarían por aprobar una veintena de artículos y las disposiciones adicionales y finales. Y en esta veintena de artículos, a priori, un sólo tema realmente conflictivo: el planteado por el PNV y ELA-STV.A lo largo de la última semana, caracterizada por virulentas confrontaciones entre el diputado comunista Camacho y los grupos parlamentarios Socialista y Centrista, la Comisión de Trabajo ha concluido de aprobar la regulación de sanciones a empresario y trabajadores y la representación colectiva de los trabajadores. Precisamente, al hilo de este último tema, en el que subyace la polémica CCOO-UGT sobre comités de empresa-secciones sindicales, han surgido los mayores enfrentamientos entre los grupos parlamentarios.
Los socialistas han logrado dejar la puerta abierta a las secciones sindicales y a la posible negociación de convenios de empresa por las mismas. El entendimiento entre este grupo y el centrista, que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todos los debates, pese a los enfrentamientos dialécticos en alguna explicación de voto o las posturas encontradas en la votación de algún punto, hacen pensar que la última parte del Estatuto será aprobada sin demasiados contratiempos. Contratiempos que, a decir verdad, tampoco han surgido en la última semana, ya que las intervenciones de Camacho han tenido más eco por su virulencia que por su eficacia. Socialistas y centristas también han pecado con gran frecuencia en sus réplicas a Camacho de los defectos que le achacan a éste.
Los conflictos colectivos, al margen del Estatuto
El titulo IV del proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores, cuyo articulado recoge la regulación de los conflictos colectivos y del cierre patronal, va a salir fuera de esta ley. Esta separación del tema más conflictivo del proyecto, el relativo al cierre patronal, se venía apuntando desde antes de que se iniciaran los debates (véase EL PAIS de 27 de octubre) en el Congreso. En las últimas fechas, según han formado fuentes de absoluto crédito, el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, consultado sobre este tema, no ha puesto objeciones de fondo, pese a las dificultades de tipo jurídico. Dificultades que plantean la separación de un título completo del proyecto de ley, para que dentro de un mismo dictamen (lo que evitará nuevas dilaciones en su regulación) se desglose el texto del Gobierno en dos leyes diferenciadas: Estatuto de los Trabajadores y la ley de Conflictos Laborales. Esta nueva ley, es decir, el título IV del Estatuto de los Trabajadores, sería debatida por la Comisión de Trabajo dos o tres semanas después de que concluyan las discusiones sobre el Estatuto.Los socialistas han reiterado en numerosas ocasiones que no aceptarían la regulación del cierre patronal en el Estatuto de los Trabajadores, y en una conferencia de prensa celebrada hace quince días se reservaron su postura sobre el texto que estaba aprobando la Comisión de Trabajo, hasta saber la suerte definitiva del título IV del proyecto.
En la sesión del martes o la del miércoles próximo, la Comisión de Trabajo pasará a debatir el artículo 81 del Estatuto. ELA-STV, sindicato vasco, remitió ayer un comunicado dando cuenta de la reunión extraordinaria de su comité nacional para tratar del mencionado artículo. «Sería especialmente grave para la libertad sindical y para el movimiento sindical vasco», dice el comunicado, «que prospere la enmienda del PSOE al artículo 81, que recoge los acuerdos UGT-CEOE.» Esta enmienda supone, ajuicio de ELA-STV, que en convenios de ámbito estatal sea posible fijar toda la estructura de la negociación, así como las materias que no podrán ser objeto de negociaciones en ámbitos inferiores. Es decir, por convenios estatales se pueden restringir -según ELA-STV-, e incluso anular, la negociación a nivel de empresa, provincia y nacionalidad. Asimismo, siempre según ELA-STV, la enmienda abre la posibilidad de negociar acuerdos interprofesionales sin exigir requisito alguno de representatividad, posibilitando también que la patronal y. el interlocutor sindical próximo a sus intereses establezcan, con carácter de aplicación general, normas y contenidos laborales y sindicales.
Dos temas laten, en el fondo, en las preocupaciones de ELA-STV y del PNV. La posibilidad de que el Estatuto de los Trabajadores impida la creación de un marco de relaciones laborales autónomo para Euskadi (pretensión difícil, a la vista del Estatuto de Autonomía del País Vasco) y la posibilidad de que las centrales de nacionalidad, sí se exigen determinados porcentajes de representación a nivel estatal, queden descolgadas de la negociación de convenios sectoriales o de ámbito nacional.
En los últimos días ha habido contactos entre Manuel Chaves (PSOE) y el peneuvista Monforte, y entre el Grupo parlamentario Vasco y el Ministerio de Trabajo, de cara a encontrar alguna solución a estos problemas. La sesión prevista para mañana quedó suspendida a petición del PNV, lo que refuerza la impresión de que se está tratando deevitar que la Comisión de Trabajo llegue a debatir los citados artículos antes de que se encuentre una solución al problema.
Consulta a las centrales
Otro problema no resuelto en la Comisión de Trabajo es el relativo a la petición de algunos grupos parlamentarios, especialmente el comunista, de que los parlamentarios consulten a los sindicatos. Los centristas consideran un contrasentido que Camacho y Redondo, secretarios generales de CCOO y UGT y diputados del PCE y del PSOE, se reciban -en su doble condición- a sí mismos, y señalan, por otra parte, el grave precedente parlamentario que se puede crear si se accede a tal pretensión. Los socialistas, aunque públicamente han mantenido silencio sobre este tema, a nivel particular confiesan estar de acuerdo con las tesis centristas.La petición, dirigida a Martín Oviedo, presidente de la Comisión, fue remitida por éste al presidente del Congreso, Landelino Lavilla, que se la devolvió sin entrar en el fondo de la cuestión.
En las tres semanas que lleva la Comisión de Trabajo debatiendo el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores se han aprobado más de setenta artículos, si incluimos la creación de algunos nuevos.
Tan sólo una enmienda, de los varios cientos que han sido ya examinadas, quedó aprobada frente a los votos del partido del Gobierno; y aun en este caso -al incorporarse posteriormente nuevos diputados centristas- su contenido quedó transformado con añadidos de UCD. Sin embargo, han sido muchas las enmiendas socialistas que mediante ligeros retoques, a base de formulación de enmiendas transaccionales, han sido aprobadas con el apoyo de UCD. En los primeros 66 artículos del proyecto de ley, según datos del Ministerio de Trabajo, han sido aprobadas 117 enmiendas, 57 de las cuales corresponden al PSOE y diecinueve a la propia UCD. A la Minoría Catalana le han sido asumidas trece enmiendas; a los andalucistas, doce; a CD, ocho, y cuatro al PCE y al Grupo Mixto.
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