El Gobierno quiere recortar la discrecionalidad de los jueces en materia de libertad provisional

La relativa discrecionalidad que la ley de Enjuiciamiento Criminal otorga a los jueces en materia de libertad provisional y de prisión preventiva de los detenidos puede ser sustancialmente recortada si prospera el proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de los artículos 503 y 504 de la citada ley, cuyo debate a la totalidad se celebró ayer en la Comisión de Justicia del Congreso.

Con esta reforma, el Gobierno pretende hacer frente al aumento de la delincuencia de carácter común, que, «sin ser de extrema gravedad, atenta a la tranquilidad ciudadana», según se afirma en el preámbulo del proyecto de ley. Por otra parte, el hecho de que una gran mayoría de los actuales delincuentes sean jóvenes no es considerado por el Gobierno impedimento suficiente para un mayor rigor judicial en materia de prisión preventiva, dadas «las previsiones contenidas en la nueva ley General Penitenciaria respecto al tratamiento de jóvenes delincuentes detenidos, presos y penados, con absoluta separación de los mayores».

Según el proyecto de ley del Gobiemo, los jueces estarán obligados a decretar la prisión preventiva del detenido cuando el delito que se le imputa tenga señalada pena superior a la del arresto mayor, es decir, a partir de la prisión menor (seis meses y un día a seis años). Por otra parte, el juez podrá decretar la prisión preventiva, aun en el caso de que la pena que corresponda al delito sea la de arresto mayor, «teniendo en cuenta la alarma que haya podido producir el hecho, los antecedentes y circunstancias del inculpado o el fundado temor de que no comparezca al llamamiento de la autoridad judicial».

La oposición a las pretensiones del Gobierno partió del Grupo Andalucista (PSA), cuyo representante, el diputado Juan Carlos Aguilar, solicitó la devolución del proyecto de ley, si bien los socialistas declararon estar de acuerdo con los principios expuestos por el diputado andalucista, pero no con la solicitud de devolución. «La vía a seguir es una regulación adecuada del proyecto del Gobierno, pero no su devolución, ya que no se puede aplazar la solución del problema», precisó a este respecto el diputado socialista Félix Pons.

Los argumentos alegados por el diputado andalucista señor Aguilar fueron de dos tipos: unos, sobre la oportunidad política del proyecto del Gobierno, y otros, sobre la filosofía y objetivos del mismo. Según el diputado andalucista, el proyecto gubernamental no era políticamente oportuno, ya que está prevista una reforma global de las leyes penales, entre ellas la ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra parte, el proyecto del Gobierno invierte los principios de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión y libertad provisionales, según los cuales la regla es la libertad del detenido, y la excepción, la prisión preventiva del mismo. El señor Aguilar calificó el proyecto gubernamental de «paso atrás» y de «concesión demagógica del Gobierno a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad».

La enmienda de devolución del Grupo Andalucista fue explícitamente apoyada por el diputado de la Unión del Pueblo Canario Unido, Fernando Sagaseta, quien aportó al debate su visión política del problema. Según el citado diputado, la única solución aportada por el Gobierno al problema de la delincuencia era la detención y la prisión, una vez demostrada su incapacidad para erradicar las causas profundas que están en la base de la delincuencia: el paro y la insatisfacción de la juventud.

Unión de Centro Democrático, por boca del diputado José María Gil-Albert, rechazó con fuerza que el proyecto del Gobierno respondiera a «intereses reaccionarios», sino que tendía a satisfacer una demanda social cada vez más clamorosa de seguridad personal y ciudadana. El señor Gil-Albert añadió que la libertad personal, si bien es un derecho fundamental, debe ceder al principio superior del interés general de la sociedad. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el diputado centrista justificó la nueva regulación propuesta por el Gobierno en el tema de la libertad provisional en el fracaso de la institución de la fianza, que no cumple actualmente los fines para los que fue creada. La enmienda a la totalidad del Grupo Andalucista fue rechazada con los votos en contra de UCD y de Coalición Democrática y la abstención de los grupos Socialista, Comunista y del PNV.

Con anterioridad al citado debate, el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, respondió a dos preguntas formuladas por el diputado del Grupo Socialistas de Cataluña, Rodolfo Guerra; una, sobre la situación en que se encuentran los sumarios sobre el incendio del local Scala, de Barcelona, y sobre los asesinatos del industrial catalán Bultó y del matrimonio Viola, y otra, sobre las demoras que se están produciendo en las extradiciones de ciudadanos extranjeros. Respecto a la primera pregunta, el señor Cavero declaró que no podía dar una respuesta concreta, pues todavía no le había sido enviada la información solicitada al respecto a la Fiscalía General del Estado. En cuanto a la segunda, afirmó que el tema era difícil y complejo, aunque, a nivel legal, esperaba que se solucionase mediante la ley de extranjeria, cuyo anteproyecto está siendo elaborado actualmente.