Posiciones duras en el Ayuntamiento tras la ruptura de las negociaciones

El endurecimiento de las posiciones de UCD, que ayer votó en contra en cuatro ocasiones en el curso de la Comisión Permanente, y una mayor agresividad verbal, que se tradujo en la acusación al Gobierno municipal de haber cometido «fraudes legales» en la contratación de profesionales, pueden ser las primeras reacciones del grupo de concejales ucedistas a la ruptura de las negociaciones con la mayoría de izquierdas del Ayuntamiento en torno a las presidencias de las Juntas de Distrito de la capital.

La ruptura de las negociaciones se había producido el martes, al comunicar la coalición PSOE-PCE que no estaba dispuesta a ceder ni una sola de las presidencias a UCD. Ante tal situación, éstos, que ayer celebraron una reunión en el Ayuntamiento, decidieron adoptar una «política de auténtica oposición», aunque optaron por no mantener, por el momento, ninguna postura radical, «aunque nos reservamos todas aquellas acciones legales que pudieran ser oportunas», manifestó José Luis Alvarez, portavoz de UCD.La mayor carga agresiva de este último grupo se manifestó en el turno de ruegos y preguntas, cuando un concejal de UCD se interesó por la contratación de un arquitecto y un abogado por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Carlos Laguardia y Jesús Morón, respectivamente, para asesorar en los temas de los PAI y de las juntas de compensación pertinente o, cuando menos, este concejal, señor Soto, que fue apoyado por otros concejales de su partido, entre ellos los señores Vázquez, Alvarez del Manzano y Torres, la contratación podía estar en contradición con la legislación pertinente, o cuando menos, se trataba de un fraude legal. Los ucedistas llegaron a calificar a los señores Laguardia y Morón como «individuos infiltrados», entre otros adjetivos.

De poco sirvieron las pacientes explicaciones de Eduardo Mangada, concejal de Urbanismo; Alonso Puerta, Ramón Tamames (éste, presidente en funciones, por hallarse Tierno, en compañía de la Reina, en un acto del Día de la Cruz Roja) y de José Barrionuevo, quien, con cifras en la mano, aseguró que durante el mandato de José Luis Alvarez se habían realizado 273 contratos administrativos parecidos al del objeto del debate. Tampoco la del secretario general del Ayuntamiento en el sentido de que las contrataciones eran legales.

Los temas del día en que los concejales ucedistas votaron en contra fueron la adjudicación directa de tres partidas presupuestarias relativas a la concejalía de Cultura y el deshaucio de una finca de la calle de Moreno Carbonero, este último por considerar UCD que se habían sustraído competencias al Tribunal Económico-Administrativo Provincial.

La sesión se había iniciado con el debate, aplazado de la semana anterior, sobre si las comisiones deberían celebrarse o no con publicidad, esto es, a puerta abierta. No llegó a votarse este punto, aunque UCD se mostró partidaria, siguiendo las instrucciones del Consejo de Estado, de que se celebrasen a puerta cerrada, con la excepción de la prensa. La votación se pospuso a la siguiente sesión. La comisión aprobó también poner a disposición del Ministerio de Educación las zonas escolares dos y tres del polígono Ciudad de los Poetas, y la parcela 31 del barrio de Entrevías, para que aquél construya, a su costa, centros escolares de educación especial.

En cuanto a la no concesión de ninguna presidencia de junta, los concejales de UCD señalaron ayer la grave responsabilidad de quien había tomado esta resolución, «que es ilegal, ya que no se basa en las resoluciones de Administración local», señaló el señor Alvarez, y que implica una rotunda vuelta atrás en los compromisos adquiridos.