Golpe de escena del presidente constitucional boliviano

El presidente constitucional boliviano, Walter Guevara Arze, abandonó anoche la clandestinidad para comparecer ante el Congreso y anunciar que no renunciará a su cargo mientras el Parlamento, que le eligió en agosto, no lo decida así. Guevara apareció en el Congreso cuando éste, convocado plenariamente, se disponía a reunirse para examinar las últimas propuestas del coronel Alberto Natusch.

Guevara fue recibido en la plaza de Murillo, sede del Parlamento, a los gritos de «Viva el presidente constitucional», «Abajo los asesinos». Su reaparición supone un formidable golpe de efecto en la incierta escena política boliviana. A la hora de transmitir esta crónica, una de la madrugada en Madrid, se rumoreaba en La Paz sobre la comparecencia en el Congreso de los líderes políticos Hernán Siles y Víctor Paz Estenssoro, y el ex presidente general David Padilla, todos ellos en la clandestinidad desde poco después del golpe de Estado protagonizado el 1 de noviembre por el coronel Alberto Natusch.Los acontecimientos del Congreso se producen horas después de la decisión minera de desafiar la desconvocatoria de la huelga lanzada la madrugada pasada por la Central Obrera Boliviana (COB). La actitud de los mineros es compartida por la mayoría de los trabajadores fabriles.

Padilla volvió a pedir ayer a los militares, mediante un documento redactado en algún lugar de Bolivia, que rechacen el Gobierno impuesto por la fuerza por Alberto Natusch. El que fue presidente boliviano hasta el 9 de agosto pasado, fecha en que entregó el poder a Walter Guevara, acusa a los golpistas de «miopía», «irreflexión» y «sadismo». «Han utilizado», afirma, «las armas de la patria para asesinar a civiles inocentes. Jamás actuaron las fuerzas armadas en forma tan impasible y criminal por ambiciones personales».

La COB ordenó el fin de la huelga que ha paralizado Bolivia durante seis días, poco después de que el jefe del Gobierno anunciara en un mensaje a la nación el fin del estado de excepción, y de la censura de prensa y la reanudación de actividades por el Congreso Nacional.

La reunión plenaria del legislativo es la primera que se produce después del golpe de Estado del 1 de noviembre. Los parlamentarios han sido convocados para pronunciarse sobre la propuesta de Natusch para que la presidenta del Congreso y las Fuerzas Armadas formen de mutuo acuerdo un nuevo Gabinete.

La sesión parlamentaria se califica de histórica en las calles de La Paz. Un asentimiento del poder legislativo a las propuestas de Natusch significaría que, por vez primera en la historia de Bolivia, un poder democráticamente elegido desempeñaría su cometido a la sombra de otro poder superior y establecido por la fuerza. En otras palabras, legitimaría el golpe de Estado y consolidaría institucionalmente la figura de Alberto Natusch.

La radicalización de los mineros, el sindicato más militante y mejor organizado de Bolivia, añade un nuevo elemento de incertidumbre a una situación todavía muy distante de la normalización. La huelga general prosigue en todas las cuencas importantes (Catavi, Colquiri, Siglo XX, San José).

Las radios mineras sintonizadas en La Paz emplazan al líder de la COB, Juan Lechin, y a la plana mayor de los sindicatos a comparecer inmediatamente en los distritos mineros y explicar las razones que han llevado al levantamiento de la huelga general indefinida.

Balance de víctimas

El levantamiento de la censura de prensa ha puesto inmediatamente de manifiesto que persiste el clima de resistencia civil al Gobierno del coronel Natusch. Emisoras radiofónicas y periódicos recogen un ambiente general de oposición a la «tabla rasa» que el Gobierno quiere hacer de los sangrientos acontecimientos pasados. Nadie ha podido establecer todavía cuántos han sido los muertos desde el golpe de Estado. Las fuentes consultadas por este periódico los cifran entre 250, las más conservadoras, y setecientos o más, según un informe confidencial de un grupo de Amnistía Internacional. Otras 64 personas, por lo menos, han desaparecido desde el 1 de noviembre.La COB denunció ayer que en La Paz numerosas personas han muerto a tiros «en sus casas», víctimas de balas «que penetraban por las ventanas o los tejados». Un comunicado de sacerdotes y religiosos laicos bolivianos califica la represión militar de «atropello inadmisible contra los inocentes» y pide la inmediata vuelta al país de un Estado de derecho. Bolivia no había conocido la ley marcial desde la guerra del Chaco, hace 37 años.

Sindicatos y medios informativos han sido víctimas predilectas de algunos sectores de las fuerzas armadas. La sede de la COB fue virtualmente arrasada por las tropas durante los días que permaneció cerrada. Lo mismo ha sucedido con algunas emisoras radiofónicas. La propia sala de prensa del palacio presidencial ha sido desguazada durante la vigencia del Estado de excepción. Los periodistas que cubrían desde ella la información, calificados por los militares de «agentes extremistas» a raíz de la imposición de la censura, decidieron abandonar ayer su cometido mientras no les sean dadas plenas garantías.

El escepticismo popular es el sentimiento predominante tras las propuestas y decisiones formuladas ayer por el coronel Natusch.