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Regulada la campaña olivarera 1979-1980

El precio de garantía del aceite de oliva para la campaña 1979-1980 ha quedado fijado en 116, pesetas/kilo, más siete pesetas de subvención, según acuerdo suscrito ayer tarde por representantes de la Administración y de las organizaciones agrarias.Este precio de 123 pesetas supone un incremento del 17% respecto al de la campaña pasada. La subvención establecida, como sucede en los países de la CEE, se le pagará directamente al agricultor por kilo de aceituna recogida; la diferencia entre precio de compra y precio de cesión pasa a ser este año de tres pesetas, en lugar de las dos actuales.

A la reunión, que duró ocho horas, asistieron representantes de los Ministerios de Agricultura, Comercio, Economía y Hacienda. Por parte de las organizaciones suscribieron el acuerdo la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT-UGT), el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) y la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE). Las otras dos asistentes discreparon: la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, porque quería unas mayores subvenciones. Y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), porque solicitaba una distribución diferencial de las subvenciones, y no lineal; considera la COAG que la fórmula aprobada favorece claramente a los agricultores más poderosos.

Independientemente de los precios, los acuerdos aprobados contemplan una serie de ayudas estructurales (tres pesetas/kilo), por un total de mil millones de pesetas, distribuidos de la siguiente manera: cien millones en publicidad, 250 en exportación marquista, doscientos en estructuras industriales y almazaras y cerca de quinientos en un plan de reconversión de la producción.

Un último acuerdo, adoptado en la reunión, supone el comienzo de la regulación del Patrimonio Comunal Olivarero. La existencia de un remanente de 240.000 toneladas de aceite de oliva en poder de la Administración (por valor de unos 25.000 millones de pesetas) obliga al Gobierno a tomar decisiones que alteran el marco actual, estableciendo una política de fomento al consumo y a la exportación.

La producción olivarera de este año alcanza casi las 400.000 toneladas y supone unos 44.000 millones de pesetas en jornales, justamente en aquellas zonas donde más afecta el paro.

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