El Gobierno dará facilidades a los partidos para investigar supuestas torturas

El Gobierno está dispuesto a dar facilidades a la comisión de investigación creada por varios partidos políticos para estudiar las denuncias de supuestas torturas en el País Vasco y Navarra, afirmó ayer el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en el curso de una conferencia de prensa.

Esta reunión con los periodistas es una de las que habitualmente celebra el portavoz del Gobierno. Meliá insistió en que el citado tema debe quedar bajo el ámbito de lo penal y abandonar el terreno político, y recordó que el Gobierno había encargado al fiscal del Estado que intervenga ante los órganos judiciales y exija responsabilidades a quienes difundan estas acusaciones sin pruebas.El funcionario del Gobierno insistió en que las denuncias formuladas hasta el momento por el diputado Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, eran falsas, a la vista de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior. Asimismo, el señor Meliá hizo alusión al comunicado difundido ayer por el ministro del Interior sobre este mismo tema (véase página 11), y destacó que dicha nota oficial señala la existencia de una campaña de desprestigio contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En relación con las informaciones relativas a la posibilidad de que existan contactos entre miembros de los GRAPO y los llamados comandos autónomos vascos, el portavoz oficial declaró que ello entra en buena lógica, pero que el Gobierno no tiene pruebas concretas de ello.

Tanto las declaraciones del portavoz gubernamental como la nota oficial del Ministerio del Interior ya citada constituyen la reacción oficial a las últimas afirmaciones del diputado Bandrés, quien ha dicho, entre otras cosas, que el Gobierno incurre en delito al asegurar que no se han producido torturas a detenidos, con lo que se convierte en encubridor de los supuestos autores.

El Partido Nacionalista Vasco está preparando una moción parlamentaria sobre la asistencia jurídica al detenido, según informa Efe. Esta proposición tiene su base no sólo en relación con el tema de la delincuencia común, sino por delitos «políticos», ya que podría extenderse a supuestas torturas a presos de dicha condición.

Existen indicios de que hay «impresos formales en los que el detenido firma la renuncia a los servicios de su abogado», por lo que el PNV piensa presentar esa moción a diferentes grupos parlamentarios. Los nacionalistas vascos promoverían la creación de una comisión de encuesta e investigación sobre el tema, en el supuesto de que no saliera adelanta su moción parlamentaria.