La división entre los ministros impide acelerar el desarrollo constitucional

Las discrepancias en el seno del Gobierno y los esfuerzos para lograr que las leyes del desarrollo de la Constitución tengan una aprobación pacífica en el Parlamento figuran entre las principales causas del retraso del calendario legislativo fijado por el propio Gabinete. La pretendida aceleración de su cumplimiento en el último Consejo de Ministros sólo ha servido para aminorar el número de proyectos de ley pendientes de decisión gubernamental. Mientras tanto, continúan sin entrar en el Congreso doce de las leyes previstas para el período junio-octubre, y se da un giro de 180 grados en el proceso autonómico. Frente a las acusaciones de lentitud, el Gobierno destaca la rápida y eficaz aprobación de los estatutos de autonomía vasco y catalán, y la puesta en marcha, a principios de 1980, del Tribunal Constitucional, para cuya presidencia se da como seguro el nombre de Antonio Hernández Gil.

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