El entendimiento UCD-PSOE, necesario para el desarrollo de la Constitución

El desarrollo de una Constitución elaborada por el procedimiento del consenso lleva necesariamente a algún tipo de entendimiento sobre el contenido de ese medio centenar de leyes. UCD y PSOE niegan, a través de sus fuentes más responsables, haber llegado a un pacto, pero aceptan la necesidad mutua de ese entendimiento, en un marco de comunicación fluida entre los dos partidos.Las tentaciones de hacer valer la relativa mayoría centrista o de apoyarse en Coalición Democrática o en otra minoría para obtener mayorías mecánicas o coyunturales ha sido definitivamente abandonada para las grandes leyes posconstitucionales. El ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, refleja con lucidez el hecho: «Cuando una de esas leyes no obtiene el acuerdo UCD-PSOE, la opinión se alarma».

Lo que ocurre es que ambos partidos, sobre la convicción común de necesitar entenderse, juegan mutuamente a engañarse, a volcar el equilibrio consensual en el sentido de la propia línea política de partido, lo cual es perfectamente legítimo. Los mismos que desde el Gobierno avalan el acuerdo con el PSOE aseguran que la primera ley orgánica aprobada, tras una difícil negociación en ambas Cámaras, ha sido una victoria centrista. «Hemos ganado», afirman, «en la ley del Tribunal Constitucional.» Y similar conclusión obtienen los socialistas. Unos y otros se van habituando a creer ganar cuando no pierden del todo.

Un problema sobre el que no se han puesto todavía de acuerdo ambos partidos es el alcance de las leyes orgánicas, definidas en la Constitución como «las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución». Existen dictámenes para todos los gustos. En unos predomina el carácter de la ley orgánica como de rango superior, a mitad de camino entre la Constitución y las leyes ordinarias; en otros se entiende que la orgánica es una ley ordinaria que regula determinadas materias prefijadas.

La trascendencia del tema deriva de que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre la ley en su conjunto. El intento de UCD de dotar de estabilidad al edificio legal que desarrolla la Constitución es contemplado con desconfianza por la oposición. UCD quiere hacer la interpretación de una Constitución ambigua a través de unas leyes en las que predominen los propios criterios, pero capaces de obtener los votos socialistas. Según uno de los coordinadores del Grupo parlamentario Socialista, Virgilio Zapatero, «el Gobierno trata de vendernos un caramelo con diez sapos».

Las intrincadas conversaciones que exige cada uno de los proyectos de ley de cierta importancia o dificultad han contribuido también al retraso del calendario de desarrollo de la Constitución. Junto a ello y a las disensiones internas del Gobierno hay que registrar el coyunturalismo de la política de UCD, que permanentemente va «saliendo del paso». Ante la fecha del 25 de octubre fijada para los referendos autonómicos vasco y catalán, buena parte de la tarea legislativa fue congelada para no estorbar el éxito de los estatutos, sobre todo aquellas leyes, como las de financiación y policías autónomas.

Superada la fecha mágica del 25 de octubre, el Gobierno anuncia una aceleración, que no es más que una leve desralentización de un calendario imposible ya de cumplir -según algunos miembros del Gobierno, poco realista desde el principio- y que antes de fin de año será probablemente remodelado para adaptarlo a las posibilidades prácticas de desarrollo legislativo. Un Gobierno dividido, respaldado por un partido ideológicamente plural y con un primer partido de la oposición que se sabe necesario, requiere un ritmo más lento. La vía rápida pasa por el Gobierno de coalición UCD-PSOE, que nadie parece querer.