Presuntas irregularidades en la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Supuestas irregularidades económicas de gravedad en la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se encuentran en manos del fiscal general del Estado, quien podría tomar decisiones de importancia en los próximos días. Las irregularidades, anunciadas sin detalle alguno hace unos días en una nota oficial del Ministerio de Hacienda, están relacionadas con la compra y posterior intento de venta, a mitad de precio, de varias fincas situadas en la comarca del Vallés oriental. Las fincas fueron compradas por el Consorcio con el fin de crear un centro de transportes internacionales. Según unas fuentes, las irregularidades podrían ser del orden de los mil millones de pesetas. Otras fuentes precisan que el importe total objeto de investigación aún no ha sido determinado. En todo caso, es de bastantes cientos de millones. Todo ello es contemplado en una auditoría que realiza la Intervención General del Estado y cuyos primeros resultados fueron comunicados al fiscal por orden del ministro de Hacienda.

El centro de atención de todas las fuentes consultadas es Antonio de la Rosa Vázquez, quien desde hace unos diez años y hasta el pasado mes de junio fue el secretario general del Consorcio de la Zona Franca.El señor De la Rosa está en ignorado paradero desde hace semanas. En su domicilio de Barcelona se nos ha dicho que no tenían noticias de él desde «hace uno o dos meses». «He hecho todo lo posible para saber dónde está y ninguna de mis gestiones ha tenido éxito», ha declarado, a su vez un antiguo alto cargo del Consorcio y amigo personal de De la Rosa.

No obstante, la trascendencia del tema supera la actuación de una sola persona. El Consorcio arrastra un endeudamiento de 9.000 millones de pesetas y casi nadie expresa ya el deseo de que el ente continúe como hasta ahora. El alcalde de Barcelona fue quien, poco después de las elecciones municipales, se dirigió personalmente al ministro de Hacienda, Jaime García-Añoveros, expresándole su preocupación por la situación del Consorcio.

El ministro de Hacienda y el alcalde de Barcelona -presidente nato del Consorcio- acordaron nombrar un nuevo delegado. La persona escogida fue Carlos Güell de Sentmenat, en quien recaía la doble condición de ser miembro del Consorcio barcelonés y dirigente de un pequeño partido en vías de fusión con UCD. Paralelamente, el señor De la Rosa solicitó la jubilación. Pocas semanas después de que ésta fuese efectiva, desapareció, sin que ahora pueda precisarse su paradero.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es titular de ochocientas hectáreas de terrenos industriales situados al sureste de Barcelona, entre el casco urbano y el aeropuerto. Los organismos que forman el Consorcio son la Administración del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona. El Consorcio está dirigido por un pleno en el que participan representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Administración central a través de diversos delegados provinciales. Las decisiones y la ejecución de las mismas corresponden a este pleno, y por delegación, a un comité ejecutivo presidido por el delegado especial del Estado, dos concejales, el delegado de Hacienda, el administrador de Aduanas y el ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto. Al consejo y al comité está incorporado el secretario general del Consorcio. Preceptivamente se realizan auditorías de las cuentas del Consorcio por parte del Estado y del Ayuntamiento. Las competencias del secretario general son, estatutariamente, levantar actas, y actuar como jefe de personal y supervisar informes. Su antecedente es el depósito franco de mercancías, creado en 1916.

Las zonas francas sirven para situar en ellas industrias de transformación que reciben materias primas sin pagar aduanas y exportan productos acabados sin intervención fiscal del Estado. Son islas fiscales dentro de los Estados, justificadas por la creación de puestos de trabajo. En la Europa comunitaria no existen prácticamente.

Historia de la zona franca

Pese a que jurídicamente la zona franca existe desde 1929, hasta principios de los cincuenta los terrenos del Consorcio no albergaron una industria en régimen de zona franca: la SEAT, que ocupó 1.250.000 metros cuadrados. Años después se implantó, bajo el mismo régimen fiscal., Motor Ibérica. Son las dos únicas empresas instaladas en régimen de zona franca. En 1.965, la ley 102, de 17 de julio, estableció una renuncia del Consorcio a crear un puerto franco, obligó a la venta de 222 hectáreas a la Junta de Obras del Puerto para construir nuevas dársenas, y autorizó al Consorcio a utilizar sus terrenos como polígono industrial. Todo ello sin influir en la existencia de depósitos francos de mercancías.

Los primeros ingresos del Consorcio fueron unos arbitrios sobre la extracción de áridos, a los que se añadieron las rentas de los depósitos francos, los arrendamientos de las dos empresas en régimen de zona franca, y, finalmente, desde 1965, los arrendamientos del polígono industrial.

En 1975, siendo delegado especial del Estado en la zona franca Santiago Udina Martorell, se concibe la creación del Centro Integrado de Transportes y Almacenamiento (CITA), a ubicar en los términos municipales de Granollers, Montmelo y Perets, en la comarca del Vallés oriental,. a unos veinte kilómetros de Barcelona. El centro debería ocupar unas trescientas hectáreas. Para ello, se procedió progresivamente a la compra de fincas. Se trataba de comprar zonas rústicas que iban a ser posteriormente recalificadas para pasar a industriales.

Compras con escrituras privadas

Con la intervención de mediadores -al parecer dos abogados barceloneses que percibían una comisión de un 3%- el Consorcio fue comprando, real o aparentemente, fincas rústicas. La compra se efectuaba mediante documentos privados, sin levantar escritura pública, único documento inscribible en el Registro de la Propiedad. La explicación de este proceder es que así se evitaban cuantiosos pagos en concepto de derechos reales que podrían haber sobrepasado los cien millones de pesetas.

En las primeras compras de terrenos hubo peritajes topográficos previos. Pero, según diversas fuentes, no hay constancia de que hubiese tales peritajes en las últimas operaciones de compra. En todos los casos, el vendedor era, real o aparentemente, pagado mediante talón firmado por dos altos cargos del Consorcio, entre los que figuraban, en diversas combinaciones, el interventor, el secretario general y el delegado especial del Estado. Los vendedores firmaban un simple recibo.

Fincas sin registro

La auditoría en curso, que analiza todo lo sucedido desde 1973, ha hallado claras presunciones de irregularidades en estas operaciones. Una fuente indicó que en los registros de propiedad consultados no aparecían cuatro fincas aparentemente vendidas. Estas cuatro fincas habían sido elegidas al azar, entre muchas otras, con lo cual la irregularidad puede ser de mayores proporciones. Otra fuente precisó que no aparecían un total de 180 hectáreas, aparentemente compradas, y cuyo importe total seria de unos 1. 100 millones de pesetas.

Resultó, según fuentes contrastadas, que si bien eran trescientas hectáreas las inicialmente previstas para el CITA, llegaron a ser unas 370 las que teóricamente se compraron. Las que actualmente aparecen como propiedad del Consorcio son sólo unas doscientas hectáreas.

Según los documentos privados de venta, el precio pagado por el Consorcio por los terrenos era de veinticinco pesetas el palmo cuadrado. La mitad de esta cantidad aparecía como precio del terreno, y la otra mitad reseñada como pago en concepto de pérdida de cosecha.

Antes de que se iniciara la auditoría se produjo algo sorprendente , ya plenamente investigado por los funcionarios del Cuerpo de Intervención del Estado que llevan a cabo la auditoría. El Consorcio decidió vender parte de los terrenos que acababa de comprar para el Centro de Transportes Internacionales, el CITA. En poco tiempo, el Consorcio pasó de comprador a vendedor, sin que hubiese desestimado el proyecto que había llevado a la compra. La venta de los terrenos se produjo por falta de liquidez, según las fuentes, y, en parte, por considerar que se habían comprado demasiados terrenos.

Lo sorprendente es que, nuevamente por la fórmula del documento privado, firmado en el mes de mayo de este año, y mediante la colaboración de un intermediario apellidado Del Barco, se concertó la venta de terrenos a un precio que era la mitad del pagado poco meses antes. De esta forma se vendieron terrenos o, mejor dicho, se firmó el documento privado de venta, por un total de unos 570 millones de pesetas.

Ventas ficticias

El documento privado de la venta de terrenos por 570 millones posponía el pago de esta cantidad a ulterior fecha, hacia finales de junio, que es cuando se produjeron múltiples acontecimientos en el consorcio, incluidos cambios de personas. En el momento del pago no apareció el dinero, pero sí un notario que comunicó formalmente, por encargo del presunto comprador o intermediario del comprador, que se solicitaba una prórroga de seis meses para hacer efectivo el pago. La pregunta queda por responder es si los terrenos de aquella venta existen realmente y son propiedad del Consorcio, así como en nombre de quién obraba el intermediario. Este último fue, según fuentes directas, formalmente preguntado respecto a quien representaba, pero, al parecer, rehusó facilitar dicha información. No parece que haya prueba formal de que el intermediario obrase en nombre de alguien entonces relacionado con el Consorcio, o con la compra real o ficticia por parte del Consorcio, de unos terrenos que se pretendía, siempre real o ficticiamente, vender poco después de haber comprado, y a mitad de precio.

Las gestiones efectuadas para ponerse en contacto con Antonio de la Rosa y obtener su versión de los hechos, y en particular saber si él era, el encargado de entregar, como afirman algunas fuentes, los talones con los que Consorcio pagaban los terrenos existentes no han tenido éxito. También quedaba por indagar el movimiento de cuentas bancarias de otras personas, por las que podían pasar los fondos.

Nueve mil millones de deuda

Todo este problema concreto puede situarse en un marco más amplío. En primer lugar hay que señalar la escasa rentabilidad del Consorcio. Dos cifras hablan por sí solas: los ingresos anuales ordinarios y los del arrendamiento de los terrenos industriales del polígono de la zona franca totalizan unos 450 millones anuales. El endeudamiento del Consorcio es de 9.000 millones.

Estos 9.000 millones conseguidos por el Consorcio en los mercados financieros se descomponen de la siguiente forma: unos 5.500 en obligaciones colocadas a las cajas de ahorro catalanas; 2.800 millones, de créditos bancarios, y el resto, de otras fuentes financieras. Previsiblemente, el Ayuntamiento tratará de encontrar ayuda del Estado para cubrir estas deudas.