La ponencia conjunta termina el estudio del Estatuto gallego

La ponencia conjunta que desde el pasado día 9 ha venido estudiando el proyecto de Estatuto -de Autonomía para Galicia terminó esta madrugada el estudio de su articulado. En la sesión de ayer quedó solventado el tema económico, considerado clave por todos los partidos, de forma satisfactoria tanto para la izquierda como para la derecha y los nacionalistas, aunque los socialistas reservaron su voto para varios artículos que serán debatidos nuevamente en la Comisión Constitucional.Hasta última hora existieron dificultades para llegar a un acuerdo sobre el dictamen definitivo de la ponencia, centradas en un apartado al artículo 32 propuesto por el ministro de la Presidencia. Este apartado dice así: «En orden a la determinación y consiguiente ejercicio de las distintas competencias cuya titularidad se reconoce en idénticas materias a la comunidad autónoma y al Estado en el presente Estatuto y en el artículo 149 de la Constitución, se aprobarán por las Cortes Generales las oportunas -leyes que fijarán el alcance de las competencias que en cada caso correspondan a la comunidad -autónoma y al Estado.

Este apartado fue rechazado por todos los. partidos, con excepción de UCD, y de forma especial por el representante de AP, Manuel Fraga, quien estimó que era intolerable y que con él se pretendía «claramente una autonomía, no ya de segunda, sino de tercera ». Tras esta declaración Fraga abandonó la reunión, a las doce de la noche. La ponencia aprobó finalmente el apartado, con las reservas de los grupos de oposición, que plantearán de nuevo el tema en la comisión.

A primera hora de la tarde, una representación de los centristas gallegos llegó a la sede del Congreso con una nueva propuesta de redacción para la mayoría de los artículos. Los socialistas estimaron aceptable el texto que se había estado ultimando horas antes en la sede del Ministerio de Presidencia, si bien anunciaron que mantendrían sus motivos de desacuerdo sobre diversos puntos. En todo caso, el capítulo de economía y hacienda fue aceptado por unanimidad. Se impuso la tesis de adaptar los planteamientos del Estatuto de Autonomía de Cataluña a la situación socioeconómica de Galicia. Así, quedó establecido que la comunidad autónoma gallega podrá participar en los ingresos anuales del Estado de acuerdo con los siguientes criterios: a) relación inversa entre las rentas medias por habitante gallego y estatal, y b) el esfuerzo fiscal medido por la recaudación en el territorio del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el coeficiente entre la recaudación efectivamente obtenida y la potencialmente alcanzable, habida cuenta del nivel y distribución personal de la renta.

Estas disposiciones y otras que figuran en el apartado de hacienda fueron valoradas positivamente por los parlamentarios gallegos, quienes aseguraron que se ha facilitado una vía para que Galicia pueda ir saliendo del subdesarrollo.

No obstante, la mayor tensión en la jornada de ayer se registró al analizar el artículo 32 de la nueva redacción, en el que se establecía que las competencias de la comunidad autónoma quedarán supeditadas a lo que determine la legislación del Estado.

Este planteamiento fue rechazado por todos los partidos, con excepción de UCD. Fraga manifestó que resultaba inaceptable por inútil, y por suponer al mismo tiempo una discriminación que no figura en los otros estatutos. Se iniciaron entonces intensas consultas en los pasillos y continuas llamadas a los responsables del partido gubernamental, incluido el presidente Suárez.