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El Gobierno no recomendará límites a los aumentos salariales del sector privado

El subsecretario de Economía, Javier Moral, anunció ayer, durante la conferencia de prensa que semanalmente mantiene el secretario de Estado para la Información con los medios de comunicación, que el Gobierno no fijará los aumentos salariales de la empresa privada. Y añadió que son las centrales sindicales y organizaciones empresariales quienes deberán discutir los incrementos sin que, en ningún momento, la Administración interfiera o establezca cláusulas obligatorias.

Ratificó sus afirmaciones el subsecretario de Economía, manifestando que el Gobierno sólo fijará criterios para los aumentos salariales en la empresa pública, aunque éstos puedan ser indicativos para el sector privado.Los criterios aplicables a la empresa pública están ya establecidos, prácticamente, en el Presupuesto del Estado, que fija como aumento salarial medio para los funcionarios en 1980 el 12,5 %. Esta cifra se aplicará como indicativa en todo el sector público, tanto en organismos autónomos como en empresas públicas.

En los dos últimos años el Gobierno fijó un tope para el sector privado, como límite indicativo, aunque con la amenaza de suspender la concesión de cualquier beneficio a la empresa privada que lo superara. No hay noticia fidedigna de que se hayan suprimido beneficios (crédito oficial, desgravaciones fiscales, ayuda al empleo, etcétera) a ninguna empresa por superar el tope salarial, aunque todo parece indicar que la mayor parte de las empresas han situado sus incrementos de remuneraciones en torno al tope fijado por el Gobierno.

La desaparición de ese tope indicativo para el sector privado supone para los empresarios la carencia de uno de sus argumentos defensivos frente a las reivindicaciones de centrales sindicales y comités de empresa. La negociación salarial y de convenios sin topes oficiales, aunque sean indicativos, establece un sistema de libertad, donde el margen para la confrontación de fuerzas y la asunción de responsabilidades será mucho más amplio.

Estatuto de la empresa pública

«El estatuto de la empresa pública», dijo el subsecretario de Economía en otro momento de su intervención, «está terminado desde hace bastantes meses.» Y destacó más tarde las acciones concretas que el Gobierno ha puesto en marcha para dar solución a los problemas de estas empresas. Entre esas acciones citó la capitalización de la empresa pública, el reajuste realista de las tarifas y precios y la profesionalización y reducción de personas en los consejos de administración de las empresas públicas.A pesar de esta afirmación de Javier del Moral, no existen criterios definitivos en el Gobierno acerca de este tema. Hacienda (Dirección del Patrimonio) ha remitido al vicepresidente económico y a la Presidencia del Gobierno un proyecto renovado de estatuto, y otro tanto ha hecho Industria, en base a los estudios realizados por el INI. Los criterios, aunque convergentes, no son coincidentes, y se mantiene en pie la vieja polémica sobre la viabilidad de concentrar todos los intereses empresariales del Estado en un solo organismo. El compromiso de remitir al Congreso el proyecto de ley de estatuto de la empresa pública fue asumido por el Gobierno en los pactos de la Moncloa y posteriormente en varias ocasiones. En todos los casos se ha incumplido la promesa. El último plazo asumido finaliza el primero de enero.

Javier Moral anunció, por último, que el Ministerio de Economía ya había remitido información sobre la situación económica de Guinea Ecuatorial a un grupo de empresarios canarios solicitantes. Pero matizó que no se trata, en ningún caso, de ayuda oficial, sino de simple orientación sobre las posibilidades económicas que aquel país ofrece.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de octubre de 1979

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