Defensa de García Valdés

Durante las últimas semanas hemos asistido a una campaña de opinión sobre el tema de las prisiones, acogida y desarrollada fundamentalmente en las páginas de ese diario, y consistente en una escalonada serie de informaciones, críticas y ataques que, partiendo de unas denuncias por presuntos malos tratos a reclusos en la prisión de Herrera de la Mancha, puede -o pretende- afectar a la credibilidad personal y a la gestión pública- anteriormente tan ampliamente elogiada- del director general de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés. Y ello precisamente en los últimos momentos de su permanencia en el cargo y cuando acaba de ser aprobada por unamidad, y con el aplauso de las fuerzas políticas parlamentarias, la ley General Penitenciaria.Dejando al margen la cuestión sub iudice de los presuntos malos tratos y el problema ideológico de fondo de la existencia de prisiones «de máxima seguridad», cuya necesidad y conveniencia es evidentemente opinable y discutible -pero cuya existencia y filosofía lo cierto es que están recogidas en la ley Penitenciaria aprobada por el Parlamento, que podía haberlas rechazado y no lo ha hecho-, damos por supuesto que toda gestión pública está sujeta a la crítica y que cualquier ser humano puede tener aciertos y errores en su actuación, máxime si se trata de algo tan difícil y conflictivo como las prisiones. Pero lo que no se puede es pretender descalificar globalmente una gestión, ni mucho menos a una persona, por la existencia de un solo tipo de prisión o en base a unos posibles malos tratos, que, aunque fueran definitivamente probados, no afectarían a quien, como Carlos García Valdés, no habiendo recibido antes denuncias de nadie sobre posibles malos tratos en Herrera de la Mancha, y habiendo, en cambio, sido siempre enemigo declarado de tales hechos, reclama y exige en este caso una pronta investigación a fondo por parte del fiscal.

Por el contrario, hemos de poner de relieve la honestidad personal y la buena intención que siempre ha presidido la actuación de Carlos García Valdés, su dedicación, su valor y los indudables logros que ha obtenido en el desarrollo de su gestión. Estamos ante una persona que se ha volcado en una ambiciosa reforma penitenciaria inspirada en principios humanitarios (entre ellos, por supuesto, el de combatir y erradicar los malos tratos, torturas y otras formas de corrupción) y en criterios científicos. Para ello no ha regateado esfuerzos, sustrayendo incluso horas, jornadas y meses enteros al descanso. Ha procurado informar periódicamente, a fondo, y por los medios más diversos, del estado de los centros penitenciarios y del desarrollo de la reforma -intento que se pretende ahora degradar a «literatura de autocomplacencia»-. Ha pretendido y conseguido que la elaboración de la legislación penitenciaria se hiciera no al gusto de un solo partido en el Gobierno, sino comprometiendo y satisfaciendo al conjunto más amplio posible de fuerias políticas parlamentarias, que representan a la inmensa mayoría del pueblo. Y no se puede hablar de que hay que «levantar la veda informativa» sobre el tema de las prisiones cuando durante su gestión se ha permitido, de modo hasta ahora prácticamente desconocido en nuestro país (otra cosa es que fuera deseable aumentar el número y frecuencia de esas oportunidades), el acceso a las mismas de los diversos medios de comunicación: la ocasión más reciente, por cierto, ha sido la entrada de EL PAIS, precisamente en la prisión de Herrera de la Mancha. Por otra parte, cuando un hombre, movido por su preocupación por el tema, tiene la valentía y el coraje personal de asumir un cargo, recién asesinado su antecesor, y afrontar permanentemente el riesgo -cierto, como demostró el atentado que posteriormente sufrió- de correr igual suerte en cualquier mornento, resulta increíble que se pueda especular con que son futuros objetivos fuera del cargo los que están guiando su actividad.

Por último, entre los logros más importantes de la gestión de Carlos García Valdés hay que destacar: el haber promovido por primera vez en España el control parlamentario (ley Penitenciaria y no simple reglamento gubernativo) y judicial (creación de la figura del juez de vigilancia) de la administración penitenciaria; o el haber contribuido decisivamente a la abolición de la pena de muerte en la Constitución; haber aumentado las dotaciones materiales y presupuestarias, la incorporación de nuevas promociones de jóvenes a las plantillas de funcionarios y la renovación de mandos; y haber potenciado al máximo -casi siempre a contracorriente de las voces alarmadas de la derecha- la concesión de régimen abierto, permisos de salida y libertades condicionales para un amplísimo número de penados. Siendo esto así, parece muy extraña la insinuación de que podríamos encontrarnos ante una persona fanática y represora, frente a la que quizá fuera preferible un «actor veterano».

El problema de las cárceles es, aquí y en todas partes, una cuestión discutible. Habrá partidarios de una línea reformista o de una línea radical o incluso quienes propongan su abolición. Y naturalmente que ni aquí ni en ningún país se va a solucionar por una sola persona ni en un corto espacio de tiempo. Pero si, desde una perspectiva reformadora, alguien se ha preocupado intensamente de poner las bases de lo que puede ser un sistema penitenciario democrático, ese alguien ha sido Carlos García Valdés.

(profesor agregado de Derecho Penal), Santiago Mir Puig (profesor agregado de Derecho Penal), Barcelona. Enrique Gimbernat Ordeig (catedrático de Derecho Penal), Alcalá. Diego-M. Luzón Peña (profesor adjunto de Derecho Penal), Madrid. Agustín Jorge Barreiro (profesor adjunto de Derecho Penal), Madrid . Miguel Bajo (profesor agregado de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid), Madrid. Gonzalo Rodríguez Mauruleo (catedrático de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid), Madrid. José A. Gimbernat (teólogo), Madrid. Jorge de Esteban (profesor agregado de Derecho Político), Madrid. Juan Vivancos (secretario de la facultad de Derecho, Universidad Complutense), Madrid. María Asunción Mila. (secretaria de la Asociación contra la Pena de Muerte), Sevilla. Manuel Rico Lara (magistrado-juez de Peligrosidad Social), Sevilla. Antonio-Enrique Pérez Luño (catedrático de Filosofía del Derecho), Sevilla. Ramón Carande Thovar (catedrático jubilado de Economía Política), Sevilla. Manuel Salinas, Sevilla. José María Díez Alegría (teólogo), José María Mohedano (abogado), Manuel Villar Arregui (senador), Elías Díaz (catedrático), Ricardo Egea (abogado), Carlos Thiebaut (profesor adjunto universidad), José Jiménez (profesor de universidad) y José Manuel Ribera (médico).