El sector pesquero solicita mayor vigilancia en los caladeros

Durante las jornadas de estudios pesqueros se dejó constancia de la preocupación del sector por los elevados costes de los créditos, por las dificultades existentes para acceder a determinados caladeros o por la necesidad de que un solo órgano central dirija la política pesquera española. Pero, sobre todo, se puso de manifiesto la necesidad de dotar a los caladeros españoles de una mayor vigilancia y de reglamentar un nuevo cuadro de sanciones, más coercitivo y con un monto económico de penalizaciones más elevado.Un marinero del litoral mediterráneo tomó la palabra, se encaró con la presidencia de la mesa y contó, en corto y por derecho, una realidad latente en el sector pesquero. «Cualquier marino que se precie es capaz de disimular las medidas de las mallas.»

El auditorio mostró con gestos su conformidad con aquel trabajador. Siempre que se hablaba de la necesidad de dotar a los caladeros españoles de una mayor vigilancia, todos los presentes, desde los miembros de la Administración hasta el marinero, pasando por los dirigentes de cofradías o armadores, manifestaban su acuerdo.

Los matices al tiempo de afrontar el problema fueron distintos. Frente a la exposición oficialista de que «se echa de menos una vigilancia, control e inspección eficaces y ágiles, tanto en el mar como en tierra», se dio la afirmación tajante de que la «obligada vigilancia, en mar y tierra, está totalmente abandonada». Frente a la declaración de principios de que la administración pesquera debe estar respaldada por una legislación que actualice las sanciones, «hoy por hoy desfasadas al haber perdido totalmente su carácter coactivo, debido al bajo nivel contemplado en materia de monto de penalizaciones», se alzó la voz más crítica que aseveró que «el cuadro de sanciones causa sonrisa a armadores y patrones transgresores, que saben que el importe de cualquiera de ellas no excederá el valor de una caja de pescado».

El secretario de la Interfederativa de Cofradías del Cantábrico denunció la actividad de los barcos arrastreros, que penetran en los caladeros reservados para la pesca de «especies» de primera calidad y se llevan peces y aparejos de los pescadores artesanales, y a los pescadores deportivos, que «no cumplen con el reglamento que establece la cantidad de pesca a capturar y el tipo de aparejo a usar a bordo de sus barcos». Paulino San Emeterio propuso un nuevo cuadro de sanciones, que van del embargo total de la pesca capturada hasta el amarre del barco por un período de tiempo determinado, y a la retirada del título de patrón.

Al tratar los beneficios que supondría para el sector pesquero la implantación de una vigilancia intensiva en mar y tierra, cada ponente defendió una parcela distinta de la actividad. El secretario de la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico lo hizo en función de la preservación de los recursos pesqueros. El subsecretario de Pesca y Marina Mercante, por su parte, enfatizó en que la violación de normas o incumplimiento de nuestros compromisos en aguas internacionales, en aguas bajo jurisdicción extranjera, dan lugar al endurecimiento e inflexibilidad posterior por parte de esas autoridades respecto al conjunto de nuestra flota, aunque los infractores hayan sido unos pocos.