Amenaza de desalojo contra una familia que ocupa la vivienda de un policía

La familia formada por Rafael Ruiz, su mujer, Josefa Rioja, y un niño de pocos años, ocupantes de una vivienda social, pueden ser desalojados en cualquier momento, a consecuencia de la denuncia presentada por el adjudicatario de la vivienda, Jaime Catalayud, funcionario del Cuerpo Superior de Policía y hermano de Lorenzo Catalayud, secretario general de la Dirección General de la Policía.

El piso ocupado está situado en el número quince de la calle Borja, segundo B, en el Poblado Mínimo de Caño Roto. Se trata de viviendas construidas con protección oficial, destinadas a paliar el problema de vivienda creado entre familias de bajo nivel económico.Jaime Catalayud se encuentra actualmente en expectativa de destino, después de que fuera suprimido el servicio de información policial permanente en las principales capitales europeas, dependiente de la Comisión General de Información, que dirigía el comisario Conesa. Jaime Catalayud estuvo destinado en Roma.

Rafael Ruiz ocupó el piso el 26 de agosto de 1977. Era un momento en que muchas familias procedentes de chabolas decidieron tomar por asalto las viviendas que se encontraban vacías. Rafael Ruiz, informado por los vecinos de que el piso en cuestión no había sido nunca habitado, rompió la cerradura y se instaló con su familia. Limpió los restos de cemento que quedaban todavía por el suelo y comunicó, por escrito, lo que había ocurrido al delegado provincial de Urbanismo. En la comunicación, con fecha de 12 de septiembre de 1977, el ocupante explicó los motivos de su decisión. El señor Ruiz, dependiente de un establecimiento, vivía con su madre y sus hermanas en una vivienda realquilada, de la que tenían que marcharse porque una hija del propietario se iba a casar.

«Antes de la ocupación se produjeron incidentes con familias gitanas que querían instalarse en el inmueble», explica en su comunicación a la Delegación, «y la fuerza pública llegó a intervenir. Un cabo primero, después de desalojar a los gitanos, preguntó a los vecinos del inmueble si conocían a alguien necesitado de un piso, para ocuparlo cuanto antes, y evitar así la entrada de los gitanos.»

La no utilización de la vivienda había sido denunciada también por los vecinos del inmueble a la Delegación Provincial de la Vivienda. A consecuencia de ello, la Delegación había notificado al adjudicatario, Jaime Catalayud de la Hoz, la incoación de un expediente sancionador por el que podría quedarse sin la vivienda. El documento le fue enviado el 2 de febrero de 1978. Sin embargo, hasta junio de este año, el señor Catalayud no denunció que la vivienda a él adjudicada estaba ocupada por otra familia.

Ahora la familia ocupante puede ser desalojada en cualquier momento. Rafael Ruiz se ha puesto en contacto con las entidades ciudadanas de Carabanchel, y es prácticamente seguro que la abogada Francisca Sauquillo se encargue del caso.

Prácticamente todas las viviendas del Poblado de Caño Roto fueron construidas con protección oficial, y están calificadas como viviendas sociales. Su destino eran las familias carentes de medios económicos, por lo que las condiciones de compra y alquiler reúnen todo tipo de facilidades. Sin embargo, según ha podido saber EL PAÍS, son varias las viviendas de esta zona que en su día fueron adjudicadas a funcionarios del Cuerpo Superior de Policía. Algunas fueron habitadas por ellos, mientras que otras permanecen vacías o han sido realquiladas.

En la misma calle Borja tiene un piso Claudio Ramos Tejedor, que fue jefe superior de Policía de Oviedo y Bilbao y delegado especial de la Dirección General de Seguridad para las islas Canarias. Fue cesado en su cargo a raíz de un incidente en el que sus hijas insultaron al teniente general Gutiérrez Mellado.