El matadero de Lugo constituye la causa esencial de los setecientos millones de pérdidas de Carcesa

La dirección del Instituto Nacional de Industria (INI) estudia estos días la viabilidad de un plan de saneamiento de Carcesa, empresa del sector alimentario en la que el holding estatal participa mayoritariamente. Dentro de este plan de saneamiento de la sociedad, cuyas pérdidas han alcanzado un ritmo de setecientos millones de pesetas anuales, se contempla la probable separación de Frigsa, matadero industrial situado en Lugo, cuyas pérdidas suponen actualmente más del 60% de las que soporta Carcesa. La separación se haría bajo la fórmula de mantener el INI su posición de principal accionista.

La sociedad Carcesa es, en estos momentos, una de las que se encuentran en situación más delicada dentro del Grupo INI, habiéndose acentuado su deterioro en los últimos dos años. En 1978, las pérdidas registradas fueron de setecientos millones de pesetas, correspondientes a un volumen global de ventas de 5.581 millones de pesetas. Al menos, un 60% de estas pérdidas corresponden a la actividad de Frigsa, antiguo matadero privado de Lugo, transferido al INI en 1975 como consecuencia de las graves dificultades que comenzaba entonces a atravesar. Las perspectivas del actual ejercicio son prácticamente similares en cuanto a volumen global de pérdidas, aunque acentuadas por el empeoramiento de la industria lucense y compensadas ligeramente por una mayor rentabilidad de las otras actividades de Carcesa, centradas en la comercialización de productos cárnicos -con las marcas Apis y Gypisa- y el matadero industrial de Mérida (Badajoz).Diversas fuentes consultadas han coincidido en señalar que la mayor parte de los responsables del INI se inclinan por emprender, una actuación inmediata de saneamiento de Carcesa y muy especialmente en sus instalaciones de Lugo, bajo los criterios de mantenimiento de los puestos de trabajo y del carácter público de la sociedad. En tal sentido se interpreta el reciente nombramiento de José Enrique Martínez de Genique, inspector tributario y ex ministro de Agricultura, para presidir la empresa. En esta línea, fuentes autorizadas del INI desmintieron categóricamente la existencia de negociaciones con el grupo dirigente de la UTECO de Orense, encabezado por el diputado de UCD Eulogio Gómez Franqueira, y Carcesa para una posible privatización del matadero de Lugo. Las mismas fuentes calificaron los rumores, circulados en tal sentido por Galicia, como «absurdos, aunque posiblemente interesados por algún determinado sector».

Los problemas del matadero de Lugo arrancan, según los expertos, de haber cometido errores sustanciales en las previsiones de la evolución de la ganadería gallega, cuyo declive ha coincidido con el incremento de la capacidad instalada en el sector. Actualmente, existen tres mataderos industriales en Galicia. Además del de Frigsa-Carcesa, el grupo Rumasa posee -vía Banco del Noroeste- el de Mafriesa, en La Coruña, y la UTECO, de Orense, tiene instalado el de Frigouico. Tal acumulación ha puesto en dificultades a las tres empresas cuyos ejercicios soportan en estos momentos importantes pérdidas. A este problema se une, en el caso de Frigsa, el de una sobredimensión de las instalaciones y también contar con una plantilla envejecida -54 años de media-, de 430 personas, cuyo índice de productividad es muy bajo y tiende a decrecer progresivamente.

Los planes de Carcesa para salvar el futuro de Frigsa y el de la propia sociedad contemplan, en principio, la posibilidad de trasladar la planta a las afueras de la ciudad, ya que en estos momentos ocupa una excesiva superficie y además yugula el crecimiento de la ciudad. La revalorización de los actuales terrenos, cuyo precio de mercado se estima entre los 1.100 y los 1.500 millones de pesetas, permitiría financiar la construcción de una nueva planta, con una dimensión más adecuada, situada en uno de los polígonos industriales de las afueras de Lugo, en el que el INUR ha reservado ya 60.000 metros cuadrados. Otra de las posibilidades barajadas es la de desgajar de Carcesa el matadero lucense, realizando una aportación de capital que permitiera salvar los próximos cuatro o cinco años, indispensables para reflotar la sociedad. En tal caso, el INI contempla la posibilidad de solicitar la participación de entidades o instituciones de la zona -cajas de ahorros, por ejemplo- en el accionariado de Frigsa. Desde el punto de vista de Carcesa, el desgajamiento de Frigsa permitiría equilibrar las cuentas de la sociedad a plazo inmediato, ya que las restantes participaciones -Carcesa se constituyó mediante la fusión de otras sociedades en apuros- se ven afectadas de problemas estrictamente estructurales, aseguran las fuentes consultadas.

La situación financiera de Carcesa es en estos momentos sumamente delicada. Su capital, de 1.700 millones de pesetas, suscrito en un 97% por el INI, se encuentra gravemente afectado por las pérdidas acumuladas de anteriores ejercicios (ochocientos millones de pesetas), a las que habrá que añadir los setecientos millones previstos para el presente año. Su inmovilizado es de 1.900 millones y sus necesidades de circulante 1.700 millones. El endeudamiento que soporta la sociedad es de 1.500 millones a largo plazo y otros 1.700 a corto. Las previsiones de PAIF para 1980 señalan una aportación del INI de 1.700 millones, aproximadamente.