La conflictividad escolar y la democracia política
Concejal responsable de Educación del Ayuntamiento de Madrid Miembro del Comité Central del PCE.
Como cada año, el curso escolar ha comenzado conflictivamente. La prensa ha dado cumplida cuenta de la multitud de asambleas, manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta que, tanto los padres como los profesores, están realizando durante estos días contra el retraso y mala asignación de la dotación docente de los distintos centros, contra la defectuosa dotación del material escolar, contra el paro del profesorado y otra serie de motivos.
Me ahorro aquí el enumerar las críticas de fondo que los comunistas, así como otras fuerzas progresistas, hemos hecho a la actual política gubernamental en materia de educación, como me ahorro las conocidas críticas que, igualmente, hemos hecho al Programa Económico del Gobierno y sus consecuencias sobre la enseñanza. Esa crítica está ya hecha y me limito ahora a mostrar mi acuerdo con ella. Lo que quiero manifestar desde esta tribuna es algo más: la falta, de una práctica democrática y las tremendas consecuencias que ello trae consigo,
Ni que decir tiene que considero que el contenido de una política y su forma de aplicarla tienen una tremenda ligazón. Difícilmente, se me puede decir, el partido gubernamental va a aplicar una política profundamente conservadora con unos métodos democráticos y progresistas. Eso es verdad, pero es tan sólo una verdad inacabada. Primero, porque la relación no es automática (una política educativa o de cualquier otra índole puede tener unos presupuestos y objetivos muy progresivos y malograrse por una aplicación antidemocrática), y segundo, porque es preciso llegar a tomar conciencia de que la práctica democrática en la administración de las cosas no es algo tan sólo ética o estéticamente mejor que la práctica autoritaria de gobernar. Es, además, más útil. Se encuentran soluciones más racionales y efectivas a los inconvenientes que cotidianamente te depara la actuación gubernativa.
La participación de la sociedad a través de los partidos, los sindicatos y otras formas de asociacionismo representativo en la aplicación de la política educativa o de la política en general no puede concebirse como algo abstracto. No se puede hacer una correcta política de dotación del profesorado desde el mismo momento de la programación de dicha dotación, como no se puede hacer una correcta distribución de las plazas escolares sin contar desde el principio con los padres de los alumnos, los más afectados en este caso. Como no se puede hacer una planificación medianamente eficaz de la administración educativa sin una voluntad profunda de que los ayuntamientos jueguen un papel protagonista. Pretender hacerlo desde los despachos del Ministerio sin esa participación real y activa es, además de políticamente deleznable, por burocrático y antidemocrático, administrativamente torpe, lento, impreciso y un largo etcétera de adjetivos que desembocan en una gestión desastrosa. Los hechos cantan por sí solos. Los paros de la actividad docente, las manifestaciones en la vía pública, las concentraciones en la Delegación Provincial del Ministerio de Educación, que siguen teniendo lugar semanas después de haber comenzado el curso, no han tenido lugar en contra del proyecto gubernamental del estado de financiación, ni del estatuto de centros, ni en favor de la escuela pública. Han sido contra la desastrosa programación del comienzo del curso escolar por parte de un Ministerio que ha publicado su política burocráticamente.
Si en lugar de negociar y hacer participar a posteriori a estos colectivos el Ministerio hubiese procedido democráticamente, es más que probable que el curso hubiese comenzado con mucha menos conflictividad, con unas asignaciones de plazas para alumnos y profesores más justa, y con una madurez mucho mayor por parte de todas las organizaciones que en una democracia política deben jugar distintos papeles en la ordenación de la sociedad. Los sindicatos hubiesen jugado un papel que hoy no cumplen, porque son sustituidos por efímeros movimientos asamblearios que defienden intereses temporales y sectoriales de profesores discriminados; las asociaciones de padres, tres cuartos de lo mismo, y los ayuntamientos irían avanzando en su función de administrar las cosas en lugar de priorizar la denuncia de la mala administración centralizada.
Todo ello es algo que interesa al conjunto del nuevo régimen democrático. Dar participación a todo este tipo de entidades en las tomas de decisiones es, claro está, darles poder, y parece como si al Ministerio centrista le doliese dar parcelas de poder a entidades políticas y sociales de izquierdas, aunque sea al precio de una mala gestión. Eso no es asumir lo que es un régimen democrático, no se trata tan sólo de elegir unas Cortes cada cuatro años para que cada ese período el Gobierno que de ellas salga dirija a la nación desconociendo al resto de las fuerzas. Las elecciones periódicas son la condición necesaria para que la democracia exista. Pero la condición suficiente para que esa democracia funcione es que se sea demócrata cada día. Administrar recursos escasos supone, con seguridad, no satisfacer nunca plenamente a toda la población afectada, pero la participación en las decisiones de esta población supone, si no el evitar errores importantes, sí el que las medidas sean más ecuánimes y progresivas.
