Querellas mutuas de OCU y Telefónica por la subida de tarifas, producida por los nuevos pasos de los contadores

«Ni la OCU ni Antonio García Pablos son quiénes para acusar a la Telefónica de ilegalidad en el tema de las tarifa telefónicas. Sólo los tribunales pueden hacerlo», según manifestó ayer noche a EL PAÍS el presidente de la Compañía Telefónica, Tomás Allende y García-Báxter. Y precisamente allí, en los tribunales, es donde Antonio García Pablos aseguró que se verían con los representantes de la. Compañía si ésta no echaba marcha atrás en su decisión. Las acciones legales se suceden por ambas partes.

«En efecto», dijo el señor Allende, «la Compañía Telefónica cortará el servicio a quien no pague los recibos; pero esto no hay que entenderlo como una respuesta coactiva a la campaña de la OCU, es lo que hace habitualmente la Telefónica cuando no se paga, porque es lo que aparece establecido en el contrato».La Compañía, después de varias semanas de silencio sobre el asunto, ofrece ya las primeras versiones en boca de sus responsables, y casi con toda seguridad hará pública una nota, en las próximas horas, explicando su postura oficial respecto del mismo.

«No es verdad », segura el señor Allende, «que hayamos subido las tarifas telefónicas de las conferencias urbanas en un 100% en aquellos lugares en que haya más de una central. Lo único que se ha hecho es aplicar un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 11 de septiembre de 1969, ratificado en 1974 por la Delegación del Gobierno, y que hasta ahora no había podido ponerse totalmente en marcha por problemas técnicos. En realidad, la gente que ahora protesta debería estar contenta porque no ha tenido que pagar antes las consecuencias de la reestructuración. En muchas otras zonas, por ejemplo Cataluña y el País Vasco, la noticia se conocía hace meses (de ella se hicieron eco algunos medios de difusión) y no se había armado tanto alboroto. No se está haciendo más que aplicar una igualdad distributiva».

El "ruido" de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado estos días una campaña publicitaria sin precedentes, bajo el lema «rotundo NO al pasodoble telefónico». En ella asegura la OCU que el aumento de tarifas, que supondrá al menos «9.000 millones de pesetas al año para Telefónica, es ilegal, abusivo, injusto, innecesario y ha sido impuesto secretamente. Según la OCU, la CTNE no puede cobrar lo que pretende y, en consecuencia, aconseja al usuario no pagar. Se. decía también en la campaña publicitaria que para poder informar personalmente a cada usuario (siete millones de abonados) solicitaban aportaciones económicas voluntarias y pedían al usuario que no utilizara el teléfono durante el día de ayer ni el próximo día 18, en señal de protesta. Y se hacía una encuesta entre los usuarios del teléfono sobre la campaña.

En una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid, el presidente de la OCU, Antonio García Pablos, volvió a reiterar todos estos argumentos y dio a conocer el texto de los telegramas que la Organización ha enviado al presidente del Gobierno, al ministro de Transportes y Comunicaciones y al delegado del Gobierno en la Compañía. En todos ellos se solicita una urgente declaración oficial sobre la decisión de la Telefónica, por la cual se ha duplicado desde el 1 de agosto el precio de la mayoría de las conferencias urbanas. Y se pide, respectivamente, información sobre las medidas tomadas por el Gobierno ante los hechos señalados, sobre si se acepta o rechaza oficialmente el corte de servicio por falta de pago, fundada en impugnación, y sobre fecha y modo en que han sido elevadas desde el 25 de mayo otras diecinueve tarifas auxiliares y complementarlas que se especifican en los recibos presentados a los usuarios.

Naturalmente, no se tienen datos concretos sobre la respuesta del usuario a la llamada de la OCU para que no se utilizara ayer el teléfono. Sin embargo, unos datos de urgencia facilitados por García Pablos, reflejaban que el 83,3% de las personas que habían respondido hasta entonces a la encuesta tenían miedo a que la Compañía les cortara el servicio. En este sentido, OCU y UTTE anunciaron su intención de presentar un escrito ante el fiscal general del Reino, para hacerle conocer los hechos y sobre un posible delito de coacción por parte de la Telefónica en el anuncio (la OCU lo califica de amenaza) de cortar el servicio. Según se comunicó a EL PAÍS ayer tarde, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha admitido formalmente a trámite la denuncia presentada contra la CTNE, por supuesto abuso de posición de dominio, y se ha designado como instructor del expediente a Juan José Canals Vernacci. La Telefónica, por su parte, también ha presentado otra querella contra la persona de Antonio García Pablos por supuestas injurias y calumnias graves, difundidas por escrito y con publicidad en diversos medios de comunicación.

La OCU, según acuerdo de la asamblea de usuarios celebrada el martes por la noche, solicitará del Consejo de Europa un dictamen sobre si el contrato de abono telefónico español contiene alguna o algunas cláusulas abusivas, a la luz de la resolución 46/76; y que determine si España, como miembro del Consejo, ha sido invitada a erradicarlas por procedimientos eficaces.

El coste de la operación

La OCU estima que la subida de tarifas le supondrá a Telefónica unos beneficios adicionales de 9.000 millones de pesetas. Mientras tanto, el consejero delegado de la Compañía, señor Rodríguez Castella, asegura que por esta medida la CTNE ingresará sólo entre seiscientos y setecientos millones durante este año; «y si la medida abarca ya a todas las localidades españolas que dispongan de más de una central, para 1980 los ingresos serán de unos 2.800 millones de pesetas. Nadie », dijo, «se va a arruinar por las nuevas facturas; además, es posible que se reduzca el consumo. Sin duda se exagera la importancia económica que se le concede a la medida, máxime si se tiene en cuenta que los pasos de contador dentro del volumen de las comunicaciones es del 14% y respecto a una ratificación total de 138.000 millones de pesetas anuales. »

Falta de información del usuario

Una de las argumentaciones importantes de la OCU en todo el proceso contra Telefónica ha sido el de que la Compañía no ha informado al usuario sobre la subida, y que éste se encuentra indefenso. En el mismo sentido, su presidente ha manifestado a EL PAÍS que nunca se hubieran esperado este revuelo. «Posiblemente», dijo, «una mayor información hubiera allanado el camino, pero la medida se viene aplicando en otras zonas desde hace tiempo y no había pasado nada. Además, la duplicación de los pasos de tarifas ya está anunciada desde hace tiempo en las propias guías telefónicas.»

El usuario, en efecto, carece de información, que en la mayoría de los casos es relativa a sus propios derechos. Sin embargo, tampoco la OCU ha informado puntualmente al usuario sobre todo lo que éste debe saber. La noticia fue hecha pública por las centrales sindicales de Telefónica y posteriormente la OCU la tomó como bandera. La OCU ha recibido subvenciones del Instituto de Consumo (doce millones en 1978; dieciséis millones en 1979, y para 1980 están proyectados dieciocho), sin que de ellas haya dado cuenta a nadie. En sus tres años de existencia, la OCU no ha hecho juntas generales (como estipulan sus estatutos fundacionales) ni ha publicado balances de ejercicios.