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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Suárez, presidente del Gobierno

UNA DE las virtudes públicas del presidente Suárez ha sido, hasta ahora, su capacidad para encajar las críticas a su gestión y a su persona. Hasta el extremo de aceptar de buen grado que las fronteras de la libertad de expresión son mucho más amplias cuando se trata de juzgar a los gobernantes elegidos por el sufragio popular que cuando el blanco de la censura se mueve en otros ámbitos de la vida social. Adolfo Suárez estaba consolidando así su buena imagen de hombre público en un sistema parlamentario con esa buena correa, que caracteriza a sus homólogos en Estados Unidos y Europa, y que no siempre demuestran tener, paradójicamente, ministros o líderes de la oposición con indiscutible trayectoria democrática.El presidente del Gobierno, quizá deseoso de marcar las diferencias entre su ayer y su hoy, ha venido mostrando su buena disposición a romper con los rituales faraónicos, los silencios impuestos y las persecuciones a los irrespetuosos.

Es un hecho incontestable que, a lo largo de las últimas semanas, los nostálgicos de todas las Cortes de los Milagros que en el mundo han sido han especulado con la posibilidad de que factores extraconstitucionales apearan de la presidencia del Gobierno al señor Suárez. Ya hemos indicado, desde estas mismas columnas, que cualquier solución a cualquier crisis política que rompiera con la legalidad constitucional y con la voluntad de la mayoría parlamentaria constituiría el principio del fin del régimen democrático y del sistema de libertades en España. En este sentido, la figura del presidente del Gobierno, investido por mayoría absoluta del Congreso, debe ser defendida y apoyada frente a cualquier conspiración. Sólo un voto de censura constructivo, que incluyera el nombre de un nuevo presidente del Gobierno asistido por la mayoría absoluta del Congreso, podría así mandar al retiro al señor Suárez. Es decir, únicamente la Cámara baja, en la que los diputados de UCD disponen de una cómoda mayoría relativa, sería competente para derribar al Gobierno. Las tentativas de involucrar al Rey en la ofensiva contra el Gobierno constitucional no sólo indican un complejo desconocimiento del compromiso de don Juan Carlos con el régimen constitucional, sino que tratan de crear un imposible paralelo, añorado por los nostálgicos de la democracia orgánica, entre las relaciones del Jefe del Estado y el presidente del Gobierno en la España constitucional y las vinculaciones de dependencia con el general Franco de los miembros de sus digitales gabinetes. No parece demasiado aventurado afirmar que el Rey ni quiere ni puede cortocircuitar los mecanismos previstos por la Constitución para la dimisión del presidente del Gobierno y el nombramiento de su sucesor.

Por esa misma razón, resulta extraña y preocupante la actitud adoptada por el comité ejecutivo de UCD en su reunión del pasado sábado. Al primer partido del arco constitucional le hubiera bastado con recordar el articulado de la norma fundamental y la obvia imposibilidad de las tentativas de derribar al presidente del Gobierno mediante maniobras a espaldas del Parlamento. Sin embargo, el máximo organismo de UCD optó por la fórmula de «respaldar unánimemente al presidente Suárez, su política y su Gobierno», y hacer una extraña amalgama, digna del lenguaje de los sistemas autoritarios, entre las instituciones democráticas y la persona del señor Suárez.

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Tal vez las tensiones dentro de UCD, cuya vida interna oscila entre el marasmo horizontal y el verticalismo jerárquico, puedan explicar ese acto de inquebrantable adhesión a Adolfo Suárez. Pero el resultado no deja de ser preocupante para los ciudadanos. No se puede confundir la defensa del titular de un órgano constitucional, en este caso la Presidencia del Gobierno, con el regreso a las prácticas caudillistas y adulatorias. UCD puede y debe reafirmar su indiscutible derecho, como partido de mayoría relativa, a mantener su control parlamentario sobre el poder ejecutivo, confirmando con su confianza en el señor Suárez o reservándose la posibilidad de sustituirlo por otro candidato. En este aspecto, nadie podría criticar su agresividad frente a quienes pretendan alterar la legalidad constitucional o jugar con los poderes situados fuera del Parlamento. Pero la defensa del señor Suárez en tanto que presidente del Gobierno constitucional es algo sustancialmente distinto de la leyenda del hombre providencial, consustancial con las instituciones democráticas y profeta de su evangelio.

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