Tras cuarenta y cuatro días de huelga del transporte en Asturias, el Gobierno interviene en el conflicto

Ante el colapso producido en Asturias por la huelga del transporte, iniciada hace 44 días, el gobernador civil adoptó en la mañana de ayer una serie de enérgicas medidas que van desde la detención de tres miembros del comité de paro y un sacerdote, hermano de Alejandro Bárcena, presidente de Cesinta, asociación convocante del paro, a la puesta en marcha de camiones conducidos por miembros de las Fuerzas de Orden Público. Los primeros servicios de estos conductores -se espera la inminente llegada a Asturias de otros doscientos- han sido prestados para Ensidesa, cuyos altos hornos corrían el riesgo de apagarse por falta de abastecimiento, y para la Central Lechera de Asturias, al objeto de evitar la pérdida de la leche que sirven los 12.000 campesinos asturianos miembros de la cooperativa titular de dicha central.

Como consecuencia de la obstaculización producida por la huelga del transporte en el proceso productivo de las pequeñas y medianas empresas asturianas, muchas de ellas aplicaron ayer su anunciado cierre temporal hasta que finalice el paro de los camioneros. Aunque es difícil precisar el alcance de este cierre patronal, puede asegurarse que el comercio no secundó esta medida y que los detallistas de la alimentación abrieron en su totalidad.Por su parte, Enrique Rubio Sañudo, militante de UCD, presentó la dimisión como presidente de la Cámara asturiana de la Construcción por estimar que debiera haber sido desconvocado el cierre dando un margen de confianza a las negociaciones llevadas a cabo durante la madrugada de ayer en Oviedo por el ministro de Trabajo y diputado de UCD por Asturias, Rafael Calvo Ortega, y el subsecretario de Transportes, Alejandro Rebollo, con empresarios y centrales sindicales. A mediodía, la Federación Asturiana de Empresarios acordó suspender, por el momento, el cierre empresarial en vista de las medidas de emergencia tomadas por el Gobierno Civil. El gobernador dio en la mañana de ayer un plazo de veinticuatro horas a los transportistas para retirar los camiones que tienen aparcados en los arcenes de las carreteras. Su intención es trasladar los vehículos que permanezcan estacionados indebidamente al polígono industrial de Asipo, y su intervención posterior para ser conducidos por miembros de las Fuerzas de Orden Público, al objeto de garantizar el mantenimiento de centros industriales como Hunosa y Ensidesa, así como el abastecimiento de artículos de consumo de primera necesidad.

En los primeros lugares de la relación de prioridades se encuentra el traslado de un gran stock de ataúdes que se encuentran almacenados en la estación de la Renfe de Oviedo. Los veinte conductores llegados ya a Asturias para cumplir esta misión trabajan con los camiones requisados a las empresas de transportes que prestaban habitualmente sus servicios a Hunosa, Ensidesa y Central Lechera.

Se cree que con el funcionamiento intenso de quinientos camiones diarios, los productos básicos pueden ser garantizados en Asturias. Ayer se hacían los preparativos para traer de Santander un convoy de cereales y piensos para alimentar a la ganadería.

La prolongada huelga del transporte y el anuncio de un cierre patronal masivo ha creado un ambiente de psicosis en esta región, que había sido considerada como ejemplo de transición pacífica hacia la democracia. El temor ha comenzado a tomar cuerpo a partir de la muerte de un transportista, miembro de un piquete, por un disparo de la Guardia Civil. La posibilidad de padecer las consecuencias de la escasez de alimentos y quizá la coincidencia de que hoy se cumple el aniversario del comienzo de la revolución de octubre de 1934, en la que ésta región ha tenido un destacado protagonismo, han contribuido a difundir un cierto ambiente de pesimismo.

Las conversaciones del gobernador civil, el ministro de Trabajo y el subsecretario de Transportes con las empresas para evitar el cierre patronal y la no comparecencia hasta las cuatro de la madrugada de Alejandro Bárcena, quien se entrevistó a esa hora con la comisión permanente del Consejo Regional, no consiguieron aportar luz alguna al conflicto. El subsecretario de Transportes, Alejandro Rebollo, insistió en que las tarifas homologadas de corto recorrido no son de obligado cumplimiento, sino meramente indicativas, y que lo que suceda a partir de ahora sólo es competencia del Ministerio del Interior.

Por su parte, el gobernador civil difundió una nota oficial en la que anunciaba la inmediata detención y puesta a disposición de la autoridad judicial de quienes efectúen llamamientos e incitaciones o sugerencias a la violencia para mantener el conflicto, así como de quienes sean sorprendidos formando parte de piquetes. Asimismo, requiere a los transportistas para retirar, en veinticuatro horas, los camiones de los arcenes y, en caso contrario, se instruirán expedientes para la privación de los permisos de conducir y de las tarjetas «visado de transportes» a quienes desoigan dicho requerimiento.

El gobernador trata de llevar la tranquilidad a la población asturiana asegurando el abastecimiento básico con conductores de las Fuerzas de Orden Público y el aumento del servicio de Renfe, a la vez que hace un llamamiento a la consideración y buen sentido de todos los sectores sociales afectados para que con su actitud o inhibición no favorezcan «las pretensiones», dice textualmente, «de quienes a través del paro del sector del transporte buscan la desestabilización de la provincia y el empobrecimiento de la misma».

CCOO, UGT y los partidos mayoritarios están en contra de esta huelga, que se ha convertido en una verdadera pesadilla para los asturianos. El PCE ha sido el partido que se ha manifestado de forma más categórica ante este conflicto, al afirmar su comité regional que la mayoría de las exigencias de los transportistas han sido satisfechas. El PCE hizo un llamamiento a los transportistas para que pongan fin a esta huelga que, por sus gravísimas consecuencias entre los campesinos y las pequeñas y medianas empresas, tiene una «clara incidencia desestabilizadora».