Muerte de delincuentes comunes

En el certero editorial sobre el derecho a la vida publicado en su periódico el pasado día 20, se echa de menos una referencia a las continuas muertes de delincuentes comunes por las Fuerzas de Orden Público, unas veces porque «hacen frente» a estas fuerzas y otras, ni siquiera por eso. El silencio de la sociedad -ese monstruo con piel de paquidermo- o del estrato de la sociedad que tiene voz entre nosotros, y de los medios de comunicación en sus manos, es síntoma de que sigue vigente la idea de que la defensa del derecho de propiedad permite privar de la vida a quienes atenten contra aquel derecho; de que valen más las cosas que las personas -principio que ha inspirado y sigue inspirando nuestras leyes penales-, sobre todo cuando las personas no pertenecen a la clase social de quienes mandan y legislan. Parece ser que el Estado, con su tremendo potencial represivo, no sólo no puede hacer frente al terrorismo político, sino que ni siquiera es capaz de neutralizar a delincuentes comunes -que a veces no han cumplido los veinte años- por procedimientos distintos a privarles de la vida. Todos los días aparecen en la prensa noticias de que han sido abatidos en tal o cual sitio delincuentes comunes, pero ni la Iglesia, ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni la sociedad en general, parecen darse por aludidos por la muerte de un semejante, al que se suele declarar «peligroso» a posteriori. Se ha suprimido la liturgia procesal de la pena de muerte, pero se sigue permitiendo matar.Madrid