El Ayuntamiento espera recaudar 5.000 millones más con la subida de impuestos

La aprobación de las nuevas ordenanzas municipales, que han sufrido una importante revisión; la desaparición de otras, con la disminución consiguiente de tareas burocráticas, y el aumento de participación en los impuestos indirectos del Estado, en el precio de la gasolina y en otros impuestos van a permitir incrementar el presupuesto municipal para 1980 en unos 10.000 millones de pesetas. En caso de que estas previsiones puedan llevarse a la práctica, el capítulo de ingresos municipales totalizará así la cifra de 35.000 millones de pesetas.

Cerca de treinta ordenanzas municipales sufrirán una importante variación antes del mes de noviembre, después de que los textos por los que se incrementarán tasas e impuestos sean discutidos en distintas comisiones informativas y aprobados en sesión plenaria de la Corporación. La revisión, que comenzó el pasado martes con la presentación de diez ordenanzas sufrió, sin embargo, un retraso al ser aprobadas nada más que cuatro, ya que la importancia de las otras seis, tales como basuras, alcantarillado, radicación, suntuarios y radicación de profesionales, aconsejaron un retraso de unos días para que pudieran asistir la totalidad de los miembros de la comisión informativa encargada de aprobarlas.La revisión de estos textos, según informaron los responsables de la parcela económica municipal, no sólo supondrá una revisión de las cantidades a pagar, sino que también desaparecerán, si así lo dispone la Corporación, unas once ordenanzas, cuya aportación a las arcas municipales se limitaba a veinte millones de pesetas, pero que, en contrapartida, suponían un trabajo burocrático lento e infructuoso.

Aunque no se han precisado los porcentajes de aumento, se cree que las tasas municipales, como las de basuras y alcantarillado, podrían subir un 15 %, porcentaje que se prevé aumentará los costes de las contratas que realizan los servicios. Estas tasas que tiene que pagar el ciudadano serán asimismo mejor distribuidas, ya que la clasificación que tienen algunas de ellas ha sido actualizada; un ejemplo sería la tasa sobre basuras, que hasta ahora se aplicaba en razón de las cuatro clases en las que estaban agrupadas las calles de la capital. La división se ampliará en breve a seis, de forma que los que queden en el último puesto «pagarán menos, aun con el incremento económico que va a sufrir esta tasa, que lo que ahora pagan los de la clase número cuatro». Para la realización del estudio en el que las calles queden divididas en seis clases se ha solicitado la colaboración de las juntas municipales de distrito.

Incapacidad económica

Asimismo, se piensa conseguir la legalización de la incapacidad de pago para aquellas personas que puedan demostrar que sus ingresos son menores al salario mínimo interprofesional. La medida, que se quiere poner en práctica con suma cautela, conllevaría la concesión de una bonificación muy importante a la hora de pagar las tasas.Junto con las tasas van a ser revisados los impuestos correspondientes a ordenanzas de tipo fiscal. El impuesto de radicación aumentará; se producirá una variación del índice del valor del suelo, lo que afectará a los impuestos sobre plusvalía y solares; se ampliará el impuesto sobre gastos suntuarios y aparecerá un nuevo impuesto sobre radicación de profesionales, que está encaminado a que paguen aquellos que, como médicos, abogados y otros, tienen despachos en la ciudad.

Como primera medida, los responsables de la Delegación de Hacienda se han reunido con asociaciones empresariales para explicarles la filosofía del aumento de presión fiscal sobre las empresas, aunque no sean éstas las que más van a pagar, ya que los ciudadanos serán los más afectados. «La revisión era obligatoria. Llevaban tres años sin cambiar nada y el aumento no cubre, ni mucho menos, la inflación habida este tiempo», manifestó el señor Aymerich, delegado de Hacienda.

Aunque no existen por el momento previsiones económicas, se calcula que el aumento en la recaudación municipal, unida a los ingresos estatales, que por decreto-ley quedaron establecidos en los obtenidos por contribución urbana y licencia fiscal, el aumento de la participación en los impuestos indirectos y participación municipal en el precio de la gasolina pueden permitir la realización de un presupuesto cercano a la cantidad antes citada de 35.000 millones de pesetas.

La cantidad exacta dependerá de la gestión que realizará un consorcio entre el Gobierno y el Ayuntamiento para el cobro de la gestión urbana, ya que se cree que podría haber hasta 150.000 altas de contribuyentes sin gestionar, por falta de capacidad burocrática. A este dinero se uniría el que se conseguirá con la participación de dos pesetas en cada litro expedido en las gasolineras madrileñas. Hasta el momento no se ha recibido en el Ayuntamiento ninguna información sobre el consumo realizado ni volumen de ventas obtenido, por lo que se desconoce a cuántos millones puede elevarse esta participación.