El rechazo de un crédito por parte de UCD puede paralizar el plan de obras de la Diputación

Los diputados provinciales de UCD votaron ayer contra la aprobación definitiva de un crédito extraordinario, para el que hacía falta la mayoría de dos tercios de los votos. El señor Castellanos, portavoz de UCD, basó la postura de su grupo en el hecho de que era la única forma de obligar a la mayoría de izquierdas a negociar con ellos su participación en los órganos de gobierno de la Diputación. Tanto por parte del PSOE como del PCE la actitud de los ucedistas fue calificada en términos muy duros, como un claro intento de chantaje político, irresponsabilidad, coacción y preponderancia de los intereses partidistas sobre los de los ciudadanos de Madrid.

Lo sucedido ayer en el transcurso del pleno fue prácticamente una declaración de guerra por parte de UCD hacia el resto de la Corporación. El pleno duró cuatro horas y estuvo lleno de discusiones con trasfondo político concretadas en varios de los puntos. Al final del mismo, José Borrell, socialista, presidente de la Comisión de Hacienda, declaró a la prensa que el bloqueo del crédito extraordinario, dado que estaba incluido en los presupuestos generales del Plan Provincial, podía paralizar los proyectos a realizar en toda la provincia, lo que confiere al tema una importancia gravísima. El señor Borrell añadió que estaba convencido de que ni los mismos diputados de UCD se habían percatado del alcance real de su negativa.El pleno comenzó con una amplia exposición del señor Castellanos, explicando lo que calificaba como exclusión de su grupo de la Diputación y la imposibilidad de desarrollar un trabajo efectivo en su seno, lo que les llevaba, como forma de presión, a votar en contra de la aprobación del crédito.

A continuación vino una lluvia de ataques, imprecaciones y ruegos de los diputados socialistas y comunistas para hacerles desistir de su propósito. César Cimadevilla, vicepresidente segundo, les acusó de chantaje político y de irresponsabilidad. Abundó en el planteamiento de que los diputados de UCD habían aprobado por unanimidad todos los pasos previos del proceso en la comisión informativa, comisión de Gobierno y primera aprobación provincial en el pleno y que era ahora, cubiertos todos los trámites, cuando daban un giro de 180 grados y se mostraban en contra. Les acusó de boicotear el funcionamiento de la Diputación, de anteponer los intereses de su partido ante las necesidades de los pueblos donde las obras a realizar son urgentes y dijo que era falso que UCD no pudiera trabajar eficazmente en las comisiones.

"Sacaremos el dinero"

En una rueda de prensa posterior, el vicepresidente primero, Luis Larroque, centró el tema, al señalar que no se trata de querer trabajar, sino de querer trabajar desde los órganos de Gobierno de la Diputación. Acusó a UCD de no ser capaz de digerir la idea de que son oposición, y que desde allí también se puede colaborar por los intereses colectivos. El señor Larroque, en el pleno, y con un tono de voz airado, dijo que a UCD se le había olvidado incluir en su programa electoral la siguiente promesa: «Utilizaremos la coacción para impedir la ejecución de actividades beneficiosas para el pueblo, por el mero hecho de que las proponga la izquierda.»El señor Borrel insistió con los argumentos de que la política tiene un componente noble, el de satisfacer las necesidades colectivas y que el fin no puede justificar los medios. «UCD aún no se ha dado cuenta de que la izquierda tiene tanto derecho a gobernar en solitario como la derecha, pero prometo a los ciudadanos que sacaremos el dinero de donde sea, a pesar de sus prácticas obstruccionistas. »

Después de la polémica, en la que UCD no encontró demasiados argumentos que oponer a los de sus contrarios, se llegó a la votación, sin que cambiaran su postura inicial. La aprobación del crédito fue rechazada, al no alcanzarse la mayoría de los dos tercios necesarios.

El debate, sin embargo, surgió de nuevo al llegar a los puntos 65 y 66, consistentes en quedar enterados de que la Comisión de Colaboración del Estado con las corporaciones locales había aprobado el Plan Provincial de Obras y Servicios de este año, confeccionado por la Diputación. Uno de los créditos con que se iban a financiar las obras del Plan, que en su conjunto ascienden a casi mil millones, era precisamente el crédito rechazado. Se plantea ahora la duda de si la no aprobación de una parte invalida el todo. Si es así, quedaría paralizado por completo un Plan Provincial destinado a realizar obras de primera necesidad y que, además, se iba a procurar que fueran realizadas por los parados de cada localidad.

«Al menos en Madrid, y dados los hechos similares ocurridos en el Ayuntamiento, la actitud de UCD en el pleno parece que responde a una estrategia de partido, y no a problemas concretos de la Diputación», declaró el presidente de la misma, Carlos Revilla, en rueda de prensa. «No sé si el trasfondo de todo esto será un intento de restar competencias a las corporaciones locales y de impedir que demuestren su eficacia, lo que, comparativamente, podría poner en entredicho la de la política gubernativa de UCD. Si es cierto eso, sería una irresponsabilidad aún mayor. »

El señor Revilla anunció que no habrá variación en la política de la mayoría de izquierdas, en el sentido de que PCE y PSOE seguirán gobernando la Diputación. El señor Larroque puntualizó que, en su opinión. las maniobras de UCD iban, en último término, a intentar romper el pacto entre ambos partidos.

Castellanos acusa a Revilla

El pleno continuó su azaroso desarrollo. El grupo de UCD votó en contra de una subvención de 250.000 pesetas a la comisión promotora del homenaje a Blas de Otero realizado en Madrid, así como a las subvenciones de un millón de pesetas cada una a los centros culturales del Gayo Vallecano y de la Sala Cadarso. En el primer caso, por no sentar un precedente de subvención a un acto cultural, que obligaría a concederlo también en muchos otros, y en los últimos, por entender que desarrollaban sus actividades en Madrid y que la atención de la Diputación debía volcarse en la provincia.Se abrieron entonces de nuevo las polémicas con un trasfondo político evidente. La izquierda defendió su tesis de promocionar la cultura, incluso en Madrid, de forma subsidiaria cuando no bastara la ayuda ministerial. En un momento de la polémica, el señor Castellanos acusó al presidente de tendencioso, lo que motivó el enfado del señor Revilla, quien ordenó que constara en acta, ante la negativa del primero a retirar el adjetivo empleado. En los tres casos, sin embargo, las propuestas fueron aprobadas por mayoría de votos.