La municipalización del Metro puede aumentar el déficit del Ayuntamiento

El proyecto de ley de UCD sobre transporte en las grandes áreas urbanas tiene como principales objetivos la implantación de unas tarifas autosuficientes para los servicios, la creación de un impuesto municipal de transporte, la posibilidad de abordar planes de inversión con recargos sobre otros impuestos, tales como los de licencia fiscal para industriales y contribución territorial urbana, y la autorización de créditos estatales hasta un total de 15.000 millones de pesetas.El proyecto, según fuentes consultadas, no habla de consorcio y sí de convenio, y parece ser que se intentará aprobar mediante consenso antes de que pase a discutirse en el Congreso, ya que una negativa por parte de los partidos de izquierda, que ahora forman mayoría en los ayuntamientos de las grandes capitales, podría producir una situación de tensión y hasta de enfrentamiento.

El citado convenio, según parece, tendrá que ser acordado entre el ayuntamiento afectado principalmente, el resto de los ayuntamientos que resulten asimismo implicados, el organismo preautonómico o autonómico que le corresponda y el Estado, que intervendrá en el macroorganismo a través de los ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Hacienda, Transportes e Interior.

Las funciones y competencias de este organismo se parecerían a las que ya en el mes de octubre del pasado año propuso el Grupo Socialista a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, y que, en suma, son las de proponer al Gobierno una política de transporte, planificar la infraestructura, programar coordinar, gestionar y controlar los servicios. El proyecto de ley del Gobierno incluirá también las tareas de regulación, servicio de policía e inspección.

Frente a la propuesta socialista, que pedía que los órganos de gobierno del consorcio fueran el Consejo General, una comisión ejecutiva y el director gerente, el proyecto de ley gubernamental se refiere a una autoridad administrativa formada por representantes de los organismos integrados en el consorcio, unos órganos de asesoramiento técnico y otros de asesoramiento general, que permitan la participación de los usuarios.

Tarifas autosuficientes

Otro de los capítulos que probablemente motivará una dura negociación es el referido a las tarifas. El Grupo Socialista propugna que el coste del servicio sea sufragado por «usuarios y beneficiarios», así como por los entes consorciados, a través de subvenciones. «Cuando, por razones de política económica, el Gobierno imponga un régimen tarifario de congelación, deberán ser arbitrados por éste las compensaciones correspondientes», decía el texto socialista.La teoría del partido centrista es, según fuentes consultadas, que las tarifas de los servicios se calculen para ser autosuficientes; no obstante, se podría aplicar una tarifa menor si se cubren las diferencias con cargo a los presupuestos de los entes firmantes del convenio.

Para obtener dinero, los ayuntamientos serían autorizados a implantar un impuesto municipal basado en la posible utilización de transportes públicos por parte de los trabajadores de empresas con una plantilla determinada.

Entre tanto se presenta esta ley, se realizan las oportunas enmiendas, se discute y se aprueba, el Metro madrileño sufrirá su completa desprivatización mediante la compra a los accionistas de sus acciones, bien en dinero, bien por canje de otras acciones, y, posiblemente, por trámite de expropiación forzosa. Posteriormente se producirá el paso de este transporte a manos del Ayuntamiento en un 75% y de la Diputación en el 25% restante. Eso si la enmienda que presentaron los socialistas el pasado martes para que el Metro pase directamente al consorcio de transportes, cuando éste se cree, no prospera en el Pleno, como ocurrió en la Comisión.

De esta forma, en el plazo aproximado de un año, el Ayuntamiento y la Diputación tendrán que hacerse cargo de un transporte que en 1978 tuvo un déficit de 1.525 millones y que este año se calcula que llegará únicamente a los 1.200, gracias a las dos subidas de tarifas que se han producido.

La gestión de una compañía como ésta y la de la Empresa Municipal de Transportes preocupa ya, a meses vista, a los responsables municipales, que preferirían integrar estos y otros transportes en un órgano único.

Baltasar Aymerich y Joaquín Leguina, delegado y concejal responsable de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, calificaron la municipalización del Metro sin tener en marcha un consorcio como un desastre para la economía municipal. «En el momento en que pase a nuestras manos tendremos que ver cómo está la compañía, ya que el Ayuntamiento no puede renunciar a hacerse cargo de este transporte, a pesar de la carga que ello supone», manifestó el señor Leguina.

Ramón Tamames manifestó que para el Ayuntamiento «sería entrar en otro frente, como ahora es la EMT. Habría sido mejor estudiar antes el conjunto».

La posibilidad de que mientras se aprueba y desarrolla la ley de Transporte en grandes áreas urbanas el Ayuntamiento actúe como autoridad administrativa de un seudoconsorcio es barajada por los responsables municipales. «Yo no digo que el consorcio exista, pero lo que es claro es que el Ayuntamiento estará en medio al tener la EMT y el Metro. El papel municipal en el transporte se complementaría con la coordinación Metro-Renfe que estamos negociando. La ventaja del consorcio está en la posibilidad de crear unas tarifas combinadas y abordar otros temas que sin la creación de un ente como el que se quiere crear será de muy difícil realización», comentó el señor Tamames.

El Metro, a dieciocho pesetas

El tiempo que tardarán Ayuntamiento y Diputación en hacerse cargo del ferrocarril metropolitano dependerá, por otra parte, de la rapidez de la gestión en la compra de las acciones.Sea cual sea la solución que se dé a los accionistas, los planes inmediatos del Consejo de Intervención están referidos a la inauguración, el próximo día 4 de octubre, de la línea Pacífico-Cuatro Caminos, con diez estaciones y siete kilómetros, y a la inauguración para finales de este año o principios de 1980 de las líneas Sainz de Baranda-Pavones y Ciudad Lineal-Canillejas.

Durante el año 1980 serán abiertas las líneas Pacífico-Oporto-Laguna y Fuencarral- Plaza de Castilla-Nuevos Ministerios. Quedan para el siguiente año las de Nuevos Mínisterios-Marañón, Barrio del Pilar-América y Ciudad Universitaria-Cuatro Caminos.

Se crearán, además, unos servicios de vigilancia, que antes de implantarse a primeros de octubre, ya han obtenido críticas por parte de un grupo de accionistas, dado que en su opinión puede este servicio aumentar el déficit en unos doscientos millones. Queda, por último, el tema de las tarifas. Permitir una municipalización del Metro en condiciones más saneadas es posible que signifique para los usuarios una nueva subida del 50% en el plazo de un año.

Juan Torres, concejal de UCD y presidente del Consejo de Intervención del Metro, informaba hace unos días de que la tarifa media era en la actualidad de 11,20 pesetas, cuando sería necesaria una de 13,48 pesetas. Con la inauguración de las nuevas líneas, se calcula que la tarifa media tendrá que superar las dieciocho pesetas.

Precisamente esa cantidad era el tope fijado para 1980 en un calendario realizado a finales de 1977 por el Ministerio de Transportes. Este calendario ha sufrido un retraso de unos seis meses, pero parece que se agilizará a finales de año. Quizá coincidiendo con la apertura de la línea de Moratalaz o la de Canillejas, el billete ordinario puede subir a catorce pesetas, para que hacia el mes de agosto estas tarifas se incrementen hasta dieciocho.