Será obligatoria la comparecencia ante las comisiones de investigación.

La apelación a la libertad de empresa y a la economía de mercado sirvieron al Grupo parlamentario Centrista para rechazar la toma en consideración de sendas proposiones de ley del Grupo parlamentario Socialista relativas, respectivamente, a democratización de centros asistenciales de la tercera edad y derogación de un decreto, estimado perjudicial, para los economatos laborales. El Pleno del Congreso aceptó, en cambio, la tramitación de una propuesta socialista sobre obligatoriedad de comparecencias ante las comisiones parlamentarias de investigación, y de otra comunista sobre concesión de excedencia especial a los funcionarios del Estado elegidos para ocupar cargos en las corporaciones locales.La sesión plenaria del Congreso, iniciada el miércoles, se reanudó ayer con la defensa por Gregorio Peces-Barba de la toma en consideración de la proposición de ley socialista sobre obligatoriedad de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, en desarrollo del artículo 76.2 de la Constitución. Por UCD, Javier Moscoso de Prado anunció que su grupo votaría favorablemente, aunque enmendaría a fondo la propuesta.

A continuación, Ciriaco de Vicente defendió otra proposición de ley socialista sobre democratización de los órganos de representación y gobierno de los centros asistenciales de la tercera edad (residencias, asilos, centros geriátricos, hogares y clubs). El señor De Vicente aseguró que estaba en juego la credibilidad en la democracia de los cinco millones de potenciales afectados.

La diputada centrista Carmela García Moreno se opuso a la pretensión socialista, por entender que, dado que algunos de los centros afectados son de propiedad privada, su aceptación llevaría consigo un atentado contra la libertad de empresa. El ministro de Sanidad y Seguridad Social, Juan Rovira, apoyó más tarde a su compañera de grupo y aseguró la unánime satisfacción de las personas que están en las residencias de la Seguridad Social. «Llevarles la semilla de la discrepancia política», añadió, «les sería sumamente perjudicial. »

Una nueva proposición de ley socialista por la que se pretendía derogar el decreto de 4 de abril de 1969 sobre economatos laborales fue defendida porJosé Vida, quien señaló que el citado decreto pejudica a los economatos y se pronuncia a favor de los grandes centros comerciales e hipermercados.

El centrista Blas Camacho, subsecretario de Comercio Interior, replicó que para racionalizar el sistema comercial y establecer el sistema de mercado previsto en la Constitución sobran las estructuras rígidas. Insistió que, en todo caso, se había consultado con las centrales sindicales, que no habían podido dar una solución satisfactoria al problema planteado.

El señor Camacho aludió al peligro de competencia desleal de los economatos respecto a los comerciantes pequeños y medianos, así como la corruptela de las tarjetas expedidas por los economatos.