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La apertura oficial del año judicial se celebró en medio de la "contestación"

El solemne acto de apertura de los tribunales, al que asistió el ministro de Justicia y las altas jerarquías de la administración judicial, se celebró ayer en medio de la contestación, no sólo en Madrid, sino en algunas capitales de provincia. Por la mañana, grupos de funcionarios judiciales, fundamentalmente de los cuerpos auxiliares, intentaron concentrarse frente al Palacio de Justicia madrileño, para expresar su inquietud por el constante aplazamiento de las soluciones a la grave situación económica que vienen arrastrando desde hace lustros. Por la tarde, un grupo de magistrados, jueces, fiscales y secretarios, en su mayoría de Justicia Democrática, congregados en los bajos del café Gijón, leyeron ante los representantes de los medios informativos un manifiesto sobre la «situación en que se encuentran los órganos integrantes del Poder Judicial, que les impide cumplir con eficacia la función de tutela, protección y aplicación del Derecho, encomendada por la Constitución.

Mucho antes de que se iniciase el acto de apertura de los tribunales, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo, la fuerza pública tomó con un amplio despliegue de medios -llegaron a estar aparcadas en la cercana calle del Marqués de la Ensenada hasta catorce camionetas de la Policía Nacional, aparte de numerosos coches Z- la plaza de la Villa de París, donde se encuentra el Palacio de Justicia madrileño y las calles adyacentes.Las varias decenas de funcionarios judiciales que acudieron al lugar no pudieron cumplir su propósito de concentrarse, por impedírselo la fuerza pública, pero un grupo de ellos pudieron desplegar durante algún tiempo alguna pancarta, en la que se leía: «Basta ya de engaños; queremos soluciones» y «Justicia para la justicia».

Con anterioridad al acto de apertura, representantes del Sindicato Libre e Independiente de Funcionarios de la Administración de Justicia mantuvieron una entrevista con el presidente del Tribunal Supremo, Angel Escudero del Corral. Dichos representantes pidieron que la fuerza pública no interviniera, a lo que respondió el señor Escudero que la fuerza pública tenía orden de disolver cuando observara que había tres personas juntas. Respecto a la ley de Retribuciones, cuya retirada del Congreso es confirmada por los funcionarios judiciales y negada por representantes del Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo declaró que él era el primer interesado en que el proyecto de ley saliese adelante y que, si no salía, estaba dispuesto incluso a dimitir.

Además de no poder concentrarse pacíficamente, los funcionarios judiciales vieron imposibilitada su entrada al acto solemne de apertura de los tribunales, a causa del miedo de las autoridades a que protagonizasen algún acto de protesta.

Contraapertura judicial

Por la tarde, un grupo de magistrados, fiscales, jueces y secretarios, entre ellos Antonio Carretero, José Antonio Enrech, Rafael Estévez, Francisco Huet, Eduardo Jauralde, Fernando Jiménez Lablanca, Carlos Ladrón de Guevara, Fernando Ledesma, José Antonio Martín Pallín, Juan José Martínez Zato, Víctor Sierra, Jesús Chamorro, José Luis Muñoz Mellado y Eduardo Fernández Cid, entregaron un documento a los medios informativos y mantuvieron una conferencia de prensa, en una especie de acto de contraapertura del año judicial.En el documento, dirigido a la opinión pública, sus firmantes muestran «su discrepancia con proyectos de ley recientemente aprobados por el Gobierno -ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y ley para el enjuiciamiento de delitos menos graves y flagrantes- elaborados sin previa consulta de las instituciones judiciales y profesionales competentes, y cuyo contenido no sirve a la democratización de los instrumentos de gobierno del poder judicial, ni garantizan debidamente la persecución de la delincuencia en un marco de adecuadas garantías jurídicas». Los firmantes del documento manifiestan no aceptar «las críticas que el poder ejecutivo viene formulando en relación a las actividades de los organismos jurisdiccionales y su repercusión en la seguridad ciudadana, por estimar que esta actitud gubernamental responde al propósito de descargar en instituciones sin medios idóneos para rechazar la acusación, responsabilidades propias e incumplidas, introduciendo así en la confianza del pueblo soberano un principio de duda que tan sólo contribuye al debilitamiento del Estado».

En el documento también se constata la «existencia de un generalizado estado de frustración y desánimo dentro de los cuerpos judiciales, que tiene su origen en la reiterada comprobación del desinterés gubernamental, en orden a la pronta resolución de los crónicos problemas de la administración de justicia, tanto los que se refieren a la carencia de medios materiales imprescindibles para la moderna y correcta prestación de la función, como a la anunciada desde las más altas instancias y repetidamente incumplida promesa de una actualización de retribuciones».

Finalmente, los firmantes del documento expresan su deseo de «participar responsablemente, al servicio de la sociedad española, más que en búsqueda de reivindicaciones particulares, en la urgente tarea de reordenar las instituciones judiciales, sin perjuicio del respeto de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al Gobierno y a la representación parlamentaria».

En la conferencia de prensa mantenida posteriormente, los firmantes del manifiesto, que expresaron su apoyo incondicional a las acciones reivindicativas de los funcionarios judiciales, ampliaron algunos de los puntos del manifiesto. En general, criticaron el estrecho concepto de orden público que se viene exponiendo reiteradamente en declaraciones oficiales y rechazaron las acusaciones que se vienen haciendo a la justicia sobre una supuesta falta de rigor con los delincuentes detenidos. «El poder judicial no está subordinado ni está dispuesto, o no debería estarlo, a recibir reprimendas del ejecutivo. Son absolutamente rechazables e intolerables las acusaciones que se hacen desde ciertas instancias, porque al poder judicial no se le puede dirigir desde el ejecutivo», manifestó uno de los firmantes. Otro añadió que «no es culpa de la administración de justicia el que la sociedad española actual sea más agresiva. Este es un problema de la sociedad misma, cuyas estructuras chirrían. La administración de justicia no tiene solución a este problema. La solución está en otras instancias».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de septiembre de 1979

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