Los cerficados de buena conducta serán expedidos por los alcaldes
Todos los grupos parlamentarios del Senado se manifestaron ayer en contra del mantenimiento del certificado de buena conducta, documento que expenden las comisarías y comandancias de la Guardia Civil, necesario para numerosos trámites. La manifestación unánime de los senadores se produjo en el debate del Pleno del Senado sobre la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista catalán, que fue aceptada y será estudiada por una comisión, en virtud de la cual estos certificados pueden pasar a ser competencia de los alcaldes.El socialista catalán Rafael Nadal afirmó que estos certificados son una herencia de la justicia impositiva propia del anterior régimen, y advirtió que su grupo no estaba en contra de la policía o la Guardia Civil, sino que considera que estos cuerpos no son los indicados para juzgar la conducta de los ciudadanos.
Vicente Bosque Hita, independiente, advirtió que sólo los certificados de antecedentes penales pueden decir si se está o no dentro de la ley, y que en todo caso únicamente los jueces deberían poder certificar la buena conducta. El portavoz socialista García Oliva matizó que, aunque es cierto que los certificados de buena conducta deberían desaparecer, mientras la complicación del cuerpo legal no lo permita es preferible confiarlos a los alcaldes.
El senador Acenk Galván,de UCD, expresó reservas semejantes a las del señor Bosque Hita. «Lo que hay que discutir», dijo el portavoz centrista, «es si debe haber funcionarios, autoridades u organismos capacitados para expedir esos certificados. Parece que lo ideal sería eliminarlos, pero también que, por ahora, deben ser aceptados como mal menor.»
En la misma sesión fue rechazada otra propuesta del mismo grupo para modificar la legislación procesal, de modo que los jueces no puedan enviar a-la cárcel a los presuntos delincuentes menores de dieciocho años y cuya pena previsible no excede los seis meses.
En lugar del internamiento, el detenido debería presentarse diariamente ante la autoridad.
Los socialistas basaban su propuesta en la necesidad de que los delincuentes jóvenes no sean convertidos en profesionales por la vida carcelaria. Por su parte, UCD argumentó que el problema está prácticamente resuelto por la ley General Penitenciaria, recién aprobada, y por la reforma en marcha de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sí fue admitida, por unanimidad, otra proposición de ley socialista, en virtud de la cual los ciudadanos de Guinea Ecuatorial residentes en España serán equiparados, en régimen laboral y de Seguridad Social, a las condiciones de que disfrutan actualmente los iberoamericanos, filipinos y portugueses.
Por último, se aprobó una pro- posición de los senadores aragone ses de UCD para que se forme una comisión del Ministerio de Obras Públicas y la Diputación General de Aragón, la cual potenciará la terminación del plan de riegos de esta región.
