La abstención del PSOE impidió que prosperase el estatuto del trabajador propuesto por el PCE

La abstención de los socialistas impidió ayer que el Pleno del Congreso de los Diputados tomara en consideración la proposición de ley de los comunistas sobre el estatuto del trabajador o, al menos, que se produjera un empate. La propuesta comunista fue rechazada por 149 votos en contra, treinta a favor y 119 abstenciones. Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, afirmó que a los socialistas les resultaría difícil explicar ante los trabajadores su postura, y el propio diputado del PSOE José Vida Soria reconoció que se trataba del voto más difícil e impopular que podía dar su grupo en estos momentos y en este país.

El debate se inició con la intervención del señor Camacho, quien aludió a la Constitución como edificio magno de la democracia, que debe desarrollarse de forma coherente con la expresión «,democracia avanzada» que figura en su preámbulo. El líder de Comisiones Obreras expuso dos razones básicas en su argumentación: los trabajadores son el sector más numeroso de la sociedad y el país se encuentra ante una crisis económica y social con consecuencias profundas y duraderas. El diputado comunista dijo que el programa económico del Gobierno no respondía a las necesidades del país y que: así lo habían afirmado tanto el profesor Fuentes Quintana, ex ministro del Gobierno, como el profesor Hayek, premio Nobel de Economía. «De esta crisis, de este paro, no se puede salir más que con la cooperación», prosiguió, «y la cooperación no es posible más que con la participación corresponsable de los trabajadores. »El señor Camacho resumió brevemente el contenido de su proposición de ley y declaró que los intentos de dividir a la clase obrera conducen no sólo al suicidio de esa clase, sino también a un suicidio nacional. En el último momento, Marcelino Camacho propuso a UCD retirar su proposición de ley si el Gobierno aceptaba negociar con las centrales sindicales el contenido del proyecto gubernamental.

En contra de la toma en consideración se manifestó el señor Pérez Millares, de UCD, quien dijo que se trataba de una proposición «estructuralmente anticonstitucional ». También en contra intervino Manuel Fraga, quien calificó el texto comunista de poco técnico y calificó el tono de la intervención del señor Camacho de amenazador. El Grupo Andalucista anunció su voto a favor de los comunistas.

En el trámite de explicación de votó, el señor Camacho recordó que el señor Pérez Millares había sido delegado provincial de los sindicatos verticales en Huelva (el interesado le rectificaría después afirmando que ocupó dicho cargo en Cádiz, Jaén y Guipúzcoa, pero no en Huelva) y reprochó a los socialistas que hubieran rolo su tradición parlamentaria en el sentido de apoyar siempre la toma en. consideración de proposiciones de ley. José Vida Soria, del Grupo Socialista, intentó explicar la actitud de su partido, en base a la necesidad de realizar una política de Estado. «En la hipótesis de que se hubiera ganado la votación, se habría planteado en esta Cámara el estudio de dos proyectos distintos sobre el mismo tema, puesto que la Comisión de Trabajo ya ha iniciado el debate del proyecto gubernamental.» « Se ha hablado de unión y separación de la izquierda. Nosotros somos más representantes de la izquierda que otros grupos que se sientan en esta Cámara», prosiguió, «pero nos negarnos a que se pretenda que un grupo minoritario marque una línea y los mayoritarios tengamos que seguirle. Y ustedes, los de UCD, no tienen de qué reírse: son los culpables, porque falsean la Constitución. Ellos, los comunistás, defienden, a nuestro juicio de forma errónea, intereses de clase.»

No se reconocen los servicios previos de los funcionarios

En el mismo Pleno el Gobierno y UCD, en contra de la opinión del resto de los grupos aprobaron la convalidación de un real decreto-ley por el que se suspenden temporalmente los efectos de una ley que aprobó la misma Cámara y que reconocía, a efectos de trienios, los servicios previos en la Administración pública. Manuel Fraga, de Coalición Democrática, dijo que el Gobierno pretendía paliar el déficit público quitándole el chocolate al loro, y Francisco Ramos, del PSOE, acusó a UCD de díscriminar a los funciónarios, a los que se ha excluido también de la revisión salarial. En el mismo sentido se manifestó Emérito Bono, del Grupo Comunista.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, afirmó que el déficit del sector público puede elevarse hasta los 400.000 millones de pesetas y que parte del déficit es debido al fuerte aumento que ha registrado la inversión pública en el Presupuesto. de 1979.

«La aprobación de la ley, cuyos efectos se suspenden ahora», prosiguió, «se realizó sin una valoración efectiva ni probable de sus consecuencias económicas, que ahora se cifra, a la baja, en cerca de 18.000 millones de pesetas, aunque probablemente podrían ser más. El ministro de, Hacienda insistió reiteradamente en el propósito del Gobierno de intentar disminuir el déficit público, pese a que sea», dijo, «una política incómoda». Llamó la atención sobre que el decreto-ley supone una suspensión y no yna derogación y quedan al margen del mismo los jubilados y los que se jubilarán durante el período de suspensión.

El Pleno de la Cámara aprobó, sin debate, la creación de universidades en Alicante, Cádiz y León, así como de una univergidad politécnica en Las Palmas. El ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, dijo que la creación de estas universidades no significa que se vaya a entrar en una especie de zarabanda indiscriminada de creación de centros universitarios, de forma que cada pueblo tenga su Universidad. Según el señor González Seara, algo parecido había sucedido en nuestra historia y había dado ocasión a que el refranero popular hablara de «bachiller en arte, burro en todas partes», dado que dichos centros docentes no contaban con los más mínimos servicios y dotaciones. El ministro afirmó que los graduados deben tener una suficiente formación y que, en la actualidad, la Universidad española, y la sociedad entera, sufren de una tremenda falta de teoría.

El socialista Jerónimo Saavedra explicó el voto favorable de su grupo y se quejó de que el proyecto de ley de autonomía universitaria esté congelado.