Socialistas y comunistas, enfrentados respecto al estatuto del trabajador

Socialistas y comunistas adoptaron ayer posturas, distintas ante el proyecto de estatuto del trabajador remitido por el Gobierno a las Cortes. Los comunistas, por boca de Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, pidieron ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que el texto fuera de vuelto al Gobierno, mientras que el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Nicolás Redondo (PSOE), dijo que su grupo no apoyaría enmiendas a la totalidad que supusieran un retraso en la elaboración del estatuto.

Las puyas más fuertes corrieron, sin embargo, a cargo del también diputado socialista José Vida Sonal quien acusó indirectamente al PCE de propiciar una «ceremonia de la confusión». Las dos enmiendas a la totalidad, comunistas, así como, las defendidas por Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezquerra, y Emilio Aguilar, del Grupo Andalucista, fueron derrotadas con la abstención socialista y del PNV y el voto en contra de UCD y CD.

Bandrés: proyecto regresivo

El señor Bandrés afirmó que el estatuto del trabajador se había elaborado sin participación de los trabajadores y predijo un rotundo fracaso a una ley aprobada sin el apoyo de los principales interesados. Calificó el proyecto gubernamental de regresivo respecto a la legislación actual y se lamentó de que no se hablara en ningún momento de las competencias autonómicas en la materia,

Marcelino Camacho afirmó que el estatuto del trabajador viene a ser algo así como la pequeña Constitución de todos los obreros y que, por tanto, no puede ser dictada por un partido, por muchos diputados que tenga, ni por un sector del país, por mucha fuerza que tenga. «El Gobierno de UCD no ha buscado, como era su o bligación», añadió, «el acuerdo con las centrales sindicales más representativas. Tratar de hacer un estatuto sin nosotros no puede conducir más que a una. catástrofe.»

El señor Camacho acusó al Gobierno de pretender salvar los intereses de un sector económico que no ha sufrido el menor cambio desde la reinstauración de la democracia política, y estimó que el proyecto gubernamental era un mero refrito de la legislación laboral anterior, empeorado, porque introduce una mayor inseguridad en el puesto de trabajo y un despido aún más barato. Aludió a la vergüenza que supone que el estatuto establezca la edad de jubilación a los 69 años, cuando en toda Europa se habla ya de los sesenta, y criticó el tratamiento que se daba a la acción sindical. El diputado comunista se refirió en varias ocasiones a la responsabilidad en que incurren quienes intentan dividir a la clase-obrera: «Cualquiera que colabore en ese intento, sea por comisión o por omisión, está condenado ante los trabajadores, que no se dejan engañar.»

Para el diputado andalucista Emilio Aguilar, el proyecto de estatuto debía ser devuelto al Gobierno por tres motivos fundamentales: es una recopilación de leyes anteriores, no concede ninguna atención a la problemática de los trabajadores del campo y posee una mala técnica jurídica. El señor Aguilar insistió en la necesidad de que se contemple taxativamente el derecho de los trabajadores agrícolas al subsidio de desempleo.

El líder de UGT, Nicolás Redondo, anunció que su grupo -Socialistas Vascos- se abstendría en todas las votaciones y reclamó para su central y para su partido la misma representación obrera y de izquierda que se atribuían otros oradores. Estimó que el estatuto de los trabajadores constituye una parte -importante, pero no única- de la regulación de las relaciones laborales, que deben traducirse -dijo- en otras cinco leyes, libertad sindical, derecho a la huelga, representación de los trabajadores en la empresa, negociación colectiva y conflictos colectivos.

Proyecto inadecuado

El señor Redondo afirmó que su grupo consideraba que el proyecto gubernamental era perfectamente inadecuado, pero que no quería que fuera devuelto al Gobierno, porque tardarla mucho en devolverlo.

En el mismo sentido se manifestó Valentín Antón, de Socialistas de Cataluña, quien atacó el proyecto, de estatuto centrista y dijo que su partido trabajaba seriamente en beneficio de la clase trabajadora y no hacía trabajos propagandísticos, como enmiendas a la totalidad.

Antonio Monforte, del PNV, anunció que se abstendría también en todas las votaciones porque creía que el proyecto de UCD no era asumible desde una perspectiva del sindicalismo europeo, pero estimaba que existía urgencia en la elaboración de un marco de relaciones laborales.

José Vida Soria, del Grupo Socialista, afirmó que «su partido hacía política de Estado y que el hecho de que no existiera un marco de relaciones laborales afectaba a la situación económica.

Por último, el diputado centrista jeñor Morenodefendió el proyecto de estatuto y negó que tendiera hacia el despido libre.