La postura de CEOE completará hoy la reacción al programa económico del Gobierno

La serie de reacciones a la publicación del programa económico a medio plazo elaborado por el Gobierno, quedará probablemente cerrada esta noche en el comunicado que, al respecto, difunda la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo comité ejecutivo ha sido convocado para hoy. Ayer, la tercera central sindical del país, Unión Sindical Obrera (USO), distribuyó un comunicado al término de la reunión celebrada por su secretariado confederal, en el que critica el contenido del documento gubernamental y muy especial

Las críticas de USO al programa económico gubernamental se centran, sobre todo, en la presentación del documento, tras la que la central sindical estima se esconden propósitos de «diluir y distanciar la posible contestación al programa» por parte del Gobierno. El comunicado sindical señala también el carácter cuando menos discutible de la mayor parte de las interpretaciones formuladas por el Gobierno respecto de la evolución de la economía española en los últimos tiempos, considerando además que el texto del programa incide excesivamente en dicho tema, eludiendo, por el contrario, otros de mayor consideración en la formulación de todo programa económico. Asimismo, USO considera que el documento ha sido elaborado de forma absolutamente unilateral por el Gobierno, al que reprocha no haber llamado a participar de los trabajos previos a las fuerzas sociales, «principales protagonistas de la actividad económica».Entrando en los aspectos concretos del programa, el secretariado confederal de USO centra sus críticas en los temas relativos a rentas y precios, sector público, desempleo, reestructuración de sectores en crisis y flexibilización de la economía.

En lo que se refiere a rentas y precios, USO considera que el documento gubernamental entraña la consagración de una pérdida considerable del poder adquisitivo de los trabajadores durante el presente año de 1979, sobre todo si se tiene en cuenta que «la evolución de los precios en lo que resta de año será probablemente superior en alzas a lo previsto por el Gobierno». En materia de precios, la central sindical estima que las afirmaciones en el sentido de que una mayor libertad en la fijación de los precios puede conducir a una reducción de las expectativas inflacionarias carecen de credibilidad y que el Gobierno peca de excesivo optimismo al sentar tales pronósticos.

Para el sector público, el comunicado de USO considera inaceptable que la reducción de su déficit se pretenda alcanzar exclusivamente a partir de una congelación de los sueldos de los funcionarios exclusivamente. Respecto a la Seguridad Social, estima que lo adecuado sería incrementar progresivamente la aportación del Estado a su financiación, en lugar de la ralentización que se apunta en el programa, cuyo principal efecto será «incrementar la ya pesada carga que vienen soportando por este concepto las pequeñas y medianas empresas».

Las medidas señaladas por el Gobierno para la reducción del desempleo son calificadas de «poco agresivas» por USO, por considerarlas ineficaces para solventar «la lacra del paro en nuestro país».

En la reestructuración de los sectores industriales en crisis, se reprocha la omisión de aquellos en los que tienen implantación mayoritaria las pequeñas y medianas empresas, como los de textil y otros, a los que -a juicio de USO- debería dedicarse una atención preferente.

En último término, el comunicado de USO se opone a las afirmaciones gubernamentales respecto a la necesidad de flexibilizar el marco de la actividad económica, por entender que la preconizada liberalización de las relaciones laborales supondría, de hecho, una potenciación del despido libre. Asimismo, estiman que «la liberalización de la economía va a suponer un beneficio claro para la gran empresa, en detrimento de los pequeños y medianos empresarios.

Las otras posturas

En general, todos los sectores de izquierda han rechazado rotundamente la viabilidad de las medidas económicas, considerándolas desconectadas con las actuales necesidades del país. En el último número de El Socialista se calificaban las medidas de tímidas y ridículas, orientadas a mantener las actuales relaciones de poder en la esfera económica. Para el principal partido de la oposición, lo que «el Gobierno ha hecho público se parece más a una especie de "libro blanco" sobre los actuales problemas de la economía en el horizonte internacional». Se trata, en opinión del PSOE, de un plan contrario a las necesidades actuales de la sociedad española que exigen un cambio radical en la política económica. En las esferas del partido socialista la impresión general es que «no funcionará».En términos más duros, la UGT se manifestó contraria al citado plan y en desacuerdo tanto con la filosofía que lo inspira como con las medidas o propuestas que adopta, «algunas de ellas anticonstitucionales». «El programa no responde de forma satisfactoria a las reivindicaciones prioritarias de los trabajadores, ni toma en consideración la necesidad de transformar profundamente muchas de las estructuras económicas. ( ... ) Estamos, pues, ante un programa de derechas.» No obstante, la central socialista manifestó que el plan no les había defraudado porque no esperaban otra cosa del Gobierno. La UGT se mostró asimismo partidaria de un debate a fondo que clarifique las propuestas gubernamentales.

Las críticas más duras han partido, sin duda, del PCE y de la central CCOO. Para el PCE, en expresiones de su diputado Ramón Tamames, las medidas del Gobierno no tienen siquiera carácter de programa y son una muestra de la «política veraniega» del Gobierno. En opinión de Tamames, la política económica de Abril-Leal ha carecido siempre de horizontes y al final ha sido un fracaso.

El PCE rechaza el intento del Gobierno de responsabilizar a la OPEP del ritmo creciente de inflación, cuando los precios al consumo no pudieron ser contenidos en los seis primeros meses, con un período de vigencia de los nuevos precios petrolíferos de tan sólo tres días en ese período. Opina asimismo que «no se va a reactivar la inversión en la medida que los planificadores de la Moncloa requerían. Una planificación de las circunstancias actuales de la economía española solamente puede hacerse sobre la base de un acuerdo entre las fuerzas políticas, sindicales y empresariales. Un acuerdo negociado para tres años».

Comisiones Obreras rechazó en parecidos términos y estimó «ridícula» la cifra de 10.000 millones destinada a estimular el empleo.

La opinión negativa al plan de los dos principales partidos de la oposición, que exigen además la celebración de un debate parlamentario en profundidad que precise y ponga plazos a algunas de las medidas del programa, provocó, el pasado día 22, la reacción del ministro de Economía, José Luis Leal, quien manifestó que quien tenga otro programa que lo exponga, a la vez que defendió las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Los restantes partidos políticos se han mostrado más receptivos, aunque no del todo favorables. Medios de Coalición Democrática han manifestado que se trata de un plan ambicioso, pero poco concreto, en el sentido de ser más un programa de intenciones que de decisiones. El líder de Convergencia Democrática de Cataluña, Jordi Pujol, expresó su confianza en que el Gobierno sea capaz de resolver la grave crisis económica por la que atraviesa el país.

El resto de las centrales sindicales no han diferido en sus críticas de lo expresado por CCOO y UGT. La CSUT califica el plan de «reaccionario, antiobrero y antidemocrático, sin soluciones concretas para abordar los problemas del país».

Los medios patronales, a la espera de las opiniones de la CEOE, han calificado el programa en términos moderadamente favorables. En opinión generalizada, se trata de una herramienta válida de trabajo, y el primer intento de definir los cauces por los que ha de transcurrir la vida económica del país. El sector de la pequeña y mediana empresa ha criticado su no participación en la elaboración y la falta de medidas más concretas para la reactivación del sector.