El Gobierno Civil amenaza con cerrar veinte discotecas
Una veintena de discotecas, salas de fiesta y clubs de la provincia de León -entre el 10 y el 15% del total de establecimientos existentes, según fuentes empresariales- han sido amenazados de cierre por el Gobierno Civil al carecer de las medidas de seguridad imprescindibles, tales como salidas de emergencia, extintores en buen uso o por poseer elementos de decoración de gran combustibilidad.La medida, que había sido comunicada a los propietarios a primeros de año, podrá entrar en vigor a partir del próximo día 12, fecha en que se cumple el plazo de seis meses dado por el Gobierno Civil a los empresarios para la adecuación de sus respectivos establecimientos a la ley de Seguridad en Locales Públicos de 1935.
La decisión del Gobierno Civil ha provocado las protestas de la patronal de hostelería y turismo, según la cual la mayor parte de los establecimientos expedientados llevan abiertos más de ocho años, durante los cuales no han tenido ningún tipo de problemas con la inspección. Se señala igualmente que muchos de los citados estable cimientos no pueden tener una «puerta de emergencia» -tampoco se les exigió en el momento de conceder el permiso de apertura- por encontrarse situados en sótanos o locales de planta baja, sin otra posibilidad de salida al exterior que la puerta principal. Los propietarios han advertido que el tema podría ser llevado hasta la Asociación Nacional de Empresarios de Hostelería «para tomar medidas de presión a nivel nacional», por cuanto se tienen noticia de cierres similares en otras provincias del país. Fuentes oficiales, por su parte, reconocen que la ley antes citada se ha aplicado hasta ahora con criterios excesivamente tolerantes y que el propio ordena miento legal del tema puede dar lugar a confusión en muchos aspectos (además de la ley de 1935, otra ley de Seguridad de 1946, la de Régimen Local, la de Orden Público y el propio Estatuto de los gobernadores, de 1958, inciden sobre el mismo tema). Las mismas fuentes han insistido en que se trata sobre todo de garantizar la seguridad de los usuarios ante los últimos incendios ocurridos en hoteles y locales públicos, al margen de los recursos que puedan presentar las empresas clausuradas y de los permisos de apertura concedidos hasta ahora.
