El Ayuntamiento investigará la empresa funeraria de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid se propone realizar una investigación a fondo de los servicios funerarios de Madrid y dejar de ser el simple aprobador oficial de las decisiones del capital privado que, minoritariamente, participa en la sociedad, según se establece en el Plan de Acción Municipal (PAM), recientemente publicado por la Corporación. La situación económica de esta empresa mixta podría tener un fuerte impulso a partir de un aumento de tarifas, que podría producirse antes de que acabe el mes de agosto. Informa Carlos Bellver.

«En el mejor de los casos, la representación del Ayuntamiento en la sociedad ha sido totalmente inoperante y nunca ha ejercido la función que teóricamente tenía encomendada, limitándose sucesivamente a, de una forma u otra, avalar las iniciativas del capital privado y no impidiendo, en muchos casos, actuaciones poca claras de las que sólo han podido emanar perjuicios para los contratantes de servicios.» Este párrafo, contenido en el Plan de Acción Municipal del Ayuntamiento -PAM-, viene a reflejar la situación política por la que atraviesan los servicios funerarios de la ciudad, en los que tiene participación mayoritaria la Corporación Municipal. Este análisis de la situación, junto con un anunciado aumento de tarifas para el mes que viene, componen la panorámica de futuro de este servicio indispensable para Madrid.La empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid quedó constituida, en septiembre de 1966, para hacerse cargo del servicio que, hasta aquel momento, prestaba la antigua empresa de Pompas Fúnebres, revertida al Ayuntamiento por un decreto de 23 de enero de 1965. El capital social está compuesto por 45 millones de pesetas de los que el 51% -veintitrés millones- han sido aportados por el Ayuntamiento.

En función de ese reparto del capital social, el Ayuntamiento siempre está en mayoría en las condiciones que puedan adoptar tanto el consejo de administración como la Junta General de Accionistas. Además, el presidente y el vicepresidente de la sociedad han de ser cargos designados directamente por el Ayuntamiento, en tanto que la gerencia corresponde a la parte empresarial. Sobre la base de esta estructura, el Ayuntamiento debería tener veto sobre todas las decisiones que pudieran adoptarse. Pero parece -según el PAM- que no es así.

Beneficios, a pesar de todo

El saldo del ejercicio de 1978 dio un beneficio neto para los accionistas de 9.304.841 pesetas. Sin embargo, este beneficio supone una retribución del 9,53% con respecto al capital invertido, porcentaje muy inferior al de años anteriores. En 1974, ese porcentaje de beneficios sobre el capital invertido se situaba en el 36,72%.A esta reducción en el porcentaje de beneficios coopera, en gran medida, el hecho de que, desde la constitución de la empresa hasta agosto de 1978, las tarifas no sufrieron modificación alguna. En esa fecha se autorizó un aumento del 20% -que no colaboró a mejorar la situación ostensiblemente-, porcentaje de aumento que, según rumores de los últimos días, podría repetirse antes de que concluya el presente mes.

Puede que, en parte, gracias a ese aumento de tarifas -que espera el visto bueno de la Junta Provincial de Precios-, las previsiones de evolución de la empresa son más halagüeñaspara el cierre del balance de este año. Esas previsiones hablan de que los beneficios se vean incrementados entre un 30% y un 40% a final de año.

De todas maneras, la dirección de la empresa ha insistido repetidas veces -contra afirmaciones contrarias- en que no ha existido nunca irregularidad alguna en la misma. El comité de empresa, por su parte, no parece opinar igual, al asegurar que la sociedad necesita de una seria reorganización «que ponga fin a diversas situaciones que afectan a su funcionamiento».

Pero el propio Plan de Acción Municipal apunta la posibilidad de que sí hayan existido esas irregularidades en el funcionamiento de la empresa, «como pareció indicarlo la destitución de todo el consejo de administración durante el mandato del señor Arias Navarro».

Las medidas que, a corto plazo, propone el PAM, corno más urgentes, una vez tomada posesión de la sociedad por los nuevos representantes municipales, son: encargar un estudio de auditoría de la empresa, que permitiese conocer más a fondo la situación económica de la misma; revisar e investigar la lista de proveedores, por si existieran indicios de posibles vinculaciones con personal de la empresa; revisar el sistema de distribución de comisiones entre el personal, especialmente en lo que se refiere a los agentes de contratación, y su posible incidencia en la prestación de los servicios; estudiar la situación patrimonial de la empresa, especialmente en lo que se refiere al incumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la entrega de un solar para la construcción de instalaciones, y detectar posibles anomalías en el funcionamiento y situación actual, tales como inclusión irregular de conceptos en las tarifas, reagrupamiento de las mismas, etcétera.

Pero el propio PAM intenta ser consciente de que, en tanto la Corporación Municipal no asuma de hecho sus responsabilidades de dirección, no resulta posible, por falta de datos, establecer de momento ningún tipo de previsión para los próximos años.