Programa económico: condiciones para un debate

HAY QUE agradecer a los redactores del programa a medio plazo para la economía española, extrañamente hecho público en el peor momento del año, en lo que a la difusión del documeijto y la sensibilización de la opinión se refiere, el realismo de sus planteamientos, el esfuerzo por exponer con claridad los problemas y la inusitada valentía a la hora de señalar tanto las desagradables perspectivas del inmediato futuro como la inexistencia de fórmulas mágicas para desvanecerlas desde el Estado. La palabra incertidumbre, repetida a lo largo del texto, marca, por así decirlo, la tónica del documento, tan alejado del ocultamiento de los hechos mediante abstracciones y vaguedades como de los triunfalismos tranquilizadores, que agotan su pobre eficacia en unos cuantos meses. Cuando se recuerda la política del avestruz del franquismo tardío tras la primera crisis del petróleo o el año inicial del poder de Suárez, durante el cual los problemas económicos quedaron rebajados a simples cuestiones de intendencia, indignas de la atención de los políticos, se aprecia más la disposición de los actuales gobernantes para ofrecer a la sociedad -empresarios, trabajadores y desempleadosun espejo en el que se puedan ver reflejados, con las inevitables distorsiones derivadas de conocimientos insuficientes o de racional izáciones ideológicas, las dificultades y los desafíos de una etapa ingrata.Habrá oportunidades suficientes para discutir las líneas básicas de la política económica que el Gobierno ha elegido para caper la crisis. Resultaría imposible en un solo comentario resumir siquiera las medidas bosquejadas para promover el empleo en determinadas áreas geográficas o grupos sociales, sanear y reestructurar sectores industriales en crisis, mejorar la financiación de los procesos de inversión, ordenar y fortalecer el sector exterior y conseguir del comportamiento económico del sector público cotas de eficacia y austeridad que hagan olvidar, como un mal sueño, los despilfarros, incompetencias, abusos e incluso deshonestidades en el manejo de los fondos estatales, de la Seguridad Social y de las empresas públicas en el inmediato pasado. Es posible que existan alternativas a una parte o al conjunto del programa esbozado, al fin y al cabo elaborado por un partido que depende de apoyos económicos y sociales situados en la derecha y el centro, y que está comprometido con un modelo de sociedad determinado. Ahora bien, precisamente por esa razón, en la necesaria discusión que debería abrirse en el Congreso y en la sociedad entera a propósito de ese texto, las críticas a los defectos e insuficiencias de la estrategia gubernamental tendrían que ir acompañadas, para ser aceptadas como algo distinto de esa irresponsabilidad demagógica que se mueve como pez en el agua en momentos de penuria y dificultad, por líneas de actuación alternativas coherentes y plausibles, que respondan realistamente desafíos de la economía mundial y que acepten como marco las instituciones democráticas, garantizadas por la Constitución. Porque los eventuales errores y carencias de la política del Gobierno quedarían paradójicamente protegidos y amparados por las críticas que, al no tomar en cuenta los tercos hechos de la grave crisis que sacude al mundo occidental, se empeñaran en la absurda tarea de sacar ventajas de su alejamiento del poder y propusieran como objetivos factibles metas nacidas del arbitrismo y los deseos.

Así pues, la voluntad demostrada por los redactores del programa a medio plazo de no ocultar ni las realidades desagradables ni la relativa impotencia de un país como España para resolver por sí solo un conjunto de problemas que son función del mercado mundial debería marcar la pauta para una discusión que nuestra sociedad espera y exige. En los medios de la izquierda, tradicionalmente sensibles a esas relaciones de intercambio desigual entre el mundo industrializado y las zonas subdesarrolladas, que han condenado a éstas al círculo infernal de la pobreza, el recordatorio de que el alza de los precios de los crudos significa una transferencia de recursos hacia los países exportadores de petróleo y una reducción de la renta disponible en términos reales para el conjunto.dejos españoles parecería innecesario. Al igual. que el eventual deterioro de las relaciones de intercambio, también señalado en el texto del programa, que representaría para naciones como España la mejoría relativa de los países atrasados en el mercado mundial. Un debate que no aceptara como premisa el descenso de las rentas reales de la sociedad española en su conjunto, como consecuencia del encarecimiento de los energéticos que tenemos que importar, sería un ejercicio inútil de sofistica. Lo mismo ocurriría si los críticos simplificaran alegre y voluntaristamente la cuestión de la creación de nuevos puestos de trabajo como algo que depende de la bondad gubernamental y empresarial, y negaran la evidente complejidad de un proceso en el que intervienen variables de diverso signo (desde el sector exterior hasta las relaciones industriales) Y que no puede resolverse a golpe de decreto, a menos, claro está, que se cambie pan para hoy por hambre para manana o un aumento artificial del empleo durante unos meses por una desmesurada extensión del paro durante años.

Ese mismo realismo debería igualmente aplicarse al enjuiciamiento aquí y ahora, no en términos abstractos, de las posibilidades del sector público para frenar y superar la crisis. Un debate sobre estas cuestiones que prescindiera no sólo de las dificultades operativas del gasto público para intervenir positivamente en una economía cuya reactivación sólo será posible mediante la inversión privada, sino también de la ineficacia y de los abusos de la empresa pública, que nos ha legado la megalomanía franquista, correría el grave riesgo de moverse entre la abstracción y la demagogia.