La Comisión Constitucional aprueba el proyecto de Estatuto de Cataluña

El proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado ayer por la Comisión Constitucional sin modificaciones respecto al texto preparado por la ponencia conjunta Congreso-Asamblea de Parlamentarios de Cataluña. Las propuestas de modificación del diputado de Esquerra Republicana Heribert Barrera y del representante del Partido Socialista de Andalucía (PSA) se estrellaron contra la absoluta unanimidad de los demás grupos, que votaron constantemente según el texto de la ponencia, excepto el diputado de Unión Nacional, Blas Piñar, que votó en contra de todos los textos y del Estatuto en conjunto. El señor Barrera y el representante del PSA, Alejandro Rojas Marcos, se abstuvieron.

Las principales discusiones se centraron en la regulación de la Enseñanza y de la Hacienda autónoma. De las 42 enmiendas sostenidas en principio, las veintisiete presentadas por el representante de Coalición Democrática, Manuel Fraga, fueron retiradas por su sustituto en la comisión, José María de Areilza.De los cuatro votos particulares defendidos en la sesión de la mañana, en el que dio origen al principal debate fue el del señor Barrera, relativo al artículo 15 de la Enseñanza. En este punto, el señor Barrera pedía la vuelta al Estatuto original de Sau, en el que se daba a la Generalitat competencia exclusiva en esta materia, mientras el texto de la ponencia habla de competencia plena, entre otras diferencias.

El debate de este artículo sobrepasó los límites del propio tema de la Enseñanza, sobre todo debido a que en la defensa de su propuesta el señor Barrera hizo de esta cuestión el centro principal de sus desacuerdos con el proyecto. Así, el diputado catalán afirmó que el cambio de «exclusiva» por «plena» significa una rebaja, y que, mientras otras tierras recuperan lo que tenían en 1936, como Guipúzcoa y Vizcaya sus conciertos económicos, se niega a Cataluña lo propio, entre otras cosas, porque en Cataluña no se ponen bombas. Estas restricciones no tienen otro efecto, señaló, que dar argumentos a los independentistas.

También manifestó que el término «plena» no es de uso normal en el Derecho constitucional español, y que no puede querer decir otra cosa que «no exclusiva», lo que significa intentar que Cataluña continúe para siempre como país bilingüe; es decir, con dos comunidades separadas por la lengua. Asimismo, afirmó que la ambigüedad de la relación parece un intento de dar gato por liebre.

Réplicas a Barrera

Comenzando un verdadero alud de réplicas al señor Barrera, Oscar Alzaga dijo, en representación de UCD, que la palabra «plena» permitía un acuerdo y, al mismo tiempo, posibilitaba que la Generalitat tenga las más amplias competencias posibles dentro de la Constitución. También dijo que no se está primando a quienes ponen bombas y que se reconocen las mismas competencias a la Generalitat y a las autoridades del País Vasco.

Miguel Roca, de Convergencia Democrática de Cataluña, rechazó la acusación de que se dé «gato por liebre». «Sólo tratamos de encontrar un texto de acuerdo, y no aceptamos que unos tomen el papel glorioso, mientras otros quedamos como los que dan "gato por liebre".» También dijo que, con este artículo, la Generalitat puede tener su propia política educativa.

Por su parte, Blas Piñar, de Unión Nacional, afirmó que la Generalitat no puede arrebatar las libertades a los catalanes que no hablan catalán y advirtió que apelar a la independencia porque no se da lo pedido es una amenaza más que un aviso.

Josep Verde, de Socialistas de Cataluña, negó que se den más limitaciones que las constitucionales, mientras el comunista Jordi Solé Tura insistió en que no había ambigüedad ni «gato por liebre». Antonio de Senillosa, de CD, opinó que, en este sentido, la República recortó más que la Monarquía parlamentaria. Por último, el centrista vasco Julen Guimón pidió al señor Barrera que aclarase su afirmación de que los catalanes no ponen bombas, porque tampoco son los vascos, sino individuos o grupos alucinados quienes las ponen.

El señor Barrera replicó que no se habían rebatido sus argumentos sobre el cambio de la palabra «exclusiva» por «plena», y mantuvo la expresión «gato por liebre». También negó que hubiera hecho amenaza alguna, y finalmente pidió excusas por si se había podido intepretar que acusaba de algo al pueblo vasco.

El señor Barrera retiró otra propuesta de que se eliminasen ciertas cautelas a la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de Industria, pero aprovechó para decir que la Constitución no obligaba a esas cautelas, y que todas las restricciones no exigidas por la Constitución son una mezquindad para con el pueblo catalán, al que se debería otorgar el máximo nivel posible de autogobierno.

Ante esto, el representante de CDC, Maciá Alavedra, dijo que su grupo no pensaba rebatir las posiciones del señor Barrera, muchas de las cuales compartía, pero que no votaría con él porque el Estatuto es, ante todo, un acuerdo, que es satisfactorio en conjunto, aunque no en todos sus extremos.

Alejandro Rojas Marcos, en nombre del PSA, defendió y perdió la propuesta de que se cambiase la expresión «vecindad administrativa», por «vecindad civil». También fue derrotada la propuesta andalucista de que se introdujese un texto que obligaría expresamente a la Generalitat a respetar y apoyar a las minorías culturales de inmigrantes existentes en Cataluña. El comunista Solé Tura argumentó en contra que esa protección ya está recogida en otros textos del Estatuto.

Discusión sobre la hacienda

La sesión de la tarde se centró en la discusión de la hacienda autónoma catalana, cuya regulación había sido enmendada por Heribert Barrera y el PSA, aunque en sentido opuesto. El señor Barrera pedía que se mantuviese la fórmula concreta fijada en el Estatuto de Sau, para determinar la participación de la Generalitat en los Presupuestos del Estado. El diputado catalán entendía que el texto definitivo del proyecto adolecía de una ambigüedad que puede convertirse en arbitrariedad. Por su parte, el PSA pedía que para fijar la participación de la Generalitat no debe tenerse en cuenta el esfuerzo fiscal de Cataluña.

Por Convergencia Democrática, Ramón Trías Fargas opinó que por primera vez existe una colaboración entre Cataluña y el resto del Estado, en lugar de una contraposición, y que por esto no es momento de distinguir entre lo que gusta y lo que no gusta, si el paquete es válido en conjunto.

Alfonso Guerra, del Grupo Socialista, afirmó que la fórmula prevista en el Estatuto de Sau daría un resultado insolidario, y ello le dio pie a calificar muy regresivo el texto primitivo en este apartado.

Sin privilegios

Miguel Roca, de CDC, y Jordi Solé, del PSUC, negaron que el Estatuto de Sau contuviese una fórmula regresiva, y en todo caso, admitieron que era mejorable. Por UCD. Francisco Fernández Ordóñez manifestó que el nuevo texto es más eficaz y progresivo, por las dificultades prácticas que hubiera entrañado la anterior fórmula. Asimismo, afirmó que la nueva regulación es aplicable a las demás autonomías, no crea privilegios y permite una autonomía real para Cataluña.

El señor Trías Fargas insistió en que el Estatuto de Sau era progresivo porque preveía que los catalanes percibirían menos de lo que aportaban. Alejandro Rojas Marcos contestó a esto que eso no era suficiente, sino que quien paga más debe quedarse con menos dinero, porque tiene más, y sólo así se pueden arreglar las diferencias.

Al igual que las anteriores, fueron rechazadas las propuestas del señor Barrera para que los parlamentarios catalanes gozasen de inviolabilidad también por sus actos, y no sólo por sus opiniones y votos, Para que se mantuviese en la regulación de las primeras elecciones al Parlamento catalán el texto del Estatuto de Sau, y no el actual, que prevé que estos comicios se celebrarán sobre la base de las cuatro provincias catalanas como circunscripciones electorales.

Por último, la Comisión y la Asamblea de Parlamentarios catalanes rechazaron la petición del diputado de Esquerra Republicana de que todos los servicios de las diputaciones provinciales sean absorbidos por la Generalitat.

A ello respondió Miguel Roca que las provincias están en el Estatuto por respeto a la constitución, mientras el centrista Rodolfo Martín Villa advirtió que hay competencias provinciales y la Administración central que los entes autónomos no podrían asumir.