Socialistas y comunistas presentaron sus enmiendas al proyecto de estatuto del trabajador

Los grupos parlamentarios Socialista y Comunista presentaron ayer sus respectivas enmiendas al estatuto del trabajador. De las 145 del Grupo Socialista, todas ellas parciales, 98 corresponden al Grupo parlamentario Socialista del Congreso; 35, al de Socialistas Vascos, y las doce restantes, al de Socialistas de Cataluña. El Grupo parlamentario Comunista ha presentado, por su parte, dos enmiendas a la totalidad y 124 parciales.

Los socialistas han presentado una enmienda estructural general que contiene un título preliminar con los derechos y deberes laborales básicos de todos los ciudadanos recogidos en la Constitución. Se propone en ella que sean separadas del proyecto de estatuto las materias referentes a representación colectiva en la empresa (manteniéndose el derecho de reunión), convenios y conflictos colectivos.Respetando las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, todas aquellas que afecten a las condiciones de empleo y a las relaciones de los trabajadores (o sus órganos representativos) con el empresariado.

Se señala también en una de las enmiendas socialistas que están legitimados para negociar en los centros de trabajo y de empresa: los empresarios, de un lado, y los comités de empresa y delegados de personal, por otro.

En algunas de las enmiendas presentadas por los socialistas se recogen los acuerdos pactados por la UGT y la CEOE, relativos a los distintos artículos del proyecto. Por ejemplo, el punto cinco de la enmienda al artículo cien del proyecto, referente al tema de los laudos, dice que «en los proyectos no susceptibles de solución jurisdiccional, las partes podrán someterse a la decisión de uno o varios árbitros. Si agotados los anteriores trámites, las partes decidieran no someterse a dicho arbitraje voluntario y de la falta de acuerdo se derivasen perjuicios graves e irreparables para la comunidad, el Gobierno podrá acordar, a propuesta del Ministerio de Trabajo, la constitución de un colegio arbitral, compuesto por una representación paritaria de trabajadores y empresarios, presidida por una persona independiente y de reconocido prestigio.

El Grupo Socialista propone suprimir el artículo del proyecto relativo a los conflictos colectivos de trabajo, por considerar que contiene deficiencias técnicas y porque regula temas que deben ser objeto de otra ley con carácter de orgánica y porque incurre en anticonstitucionalidad. También por atentar contra la Constitución piensan los socialistas que deberían quedar suprimidos los artículos referentes a la huelga y al cierre patronal.

Se contempla en las enmiendas socialistas la participación de las centrales sindicales en la determinación del salario mínimo interprofesional, así como en la convocatoria de elecciones sindicales, para que no sean decisión unilateral del Gobierno.

En cuanto al despido, se solicita que las indemnizaciones por expediente de crisis no queden rebajadas; en caso de que el despido sea improcedente, el empresario debe ser obligado a readmitir al trabajador.

La declaración de conflicto colectivo, según otra de las enmiendas, corresponde a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales legalmente constituidas, cuando aquél afecte a un sector o rama laboral.

Otras enmiendas socialistas se refieren al derecho de negociación colectiva de los funcionarios (al margen de que se negocie un estatuto de la función pública), a la competencia y funciones de los comités de empresa y a unas condiciones de trabajo consistentes en cuarenta horas semanales y treinta días de vacaciones al año.

Grupo Comunista: protección del puesto de trabajo

Las enmiendas del Grupo Comunista están dirigidas, en general, a proteger el puesto de trabajo, y responden al espíritu de que el proyecto debe ser retirado y que en una nueva elaboración participen las centrales sindicales. Son en total dos enmiendas a la totalidad y otras 124 parciales.Una de las enmiendas a la totalidad solicita la devolución del proyecto «ya que», según el grupo, «no consigue limitar adecuadamente el intervencionismo del Estado, garantizar en su plenitud la autonomía colectiva de las partes sociales y, en definitiva, establecer un nuevo modelo que, respondiendo al mandato constitucional, resuelva de una vez el grave retraso experimentado en la adecuación de la normativa laboral a la actual situación democrática».

En la otra enmienda a la totalidad, de «sustitución», se refiere a los derechos de los trabajadores como tales. Para el Grupo Comunista, estos derechos no terminan en el ámbito de la empresa, sino que tienen un básico complemento en otros tan fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al ocio y al deporte, al derecho a la paternidad o a la educación de los hijos. Y todo ello exige unas medidas legales que atiendan a esas necesidades sociales.

En el título primero de la enmienda se plasma, al lado del derecho y el deber de trabajar, la eliminación de las discriminaciones por razón de sexo, edad, estado civil, raza, religión o afiliación política, que desgraciadamente se producen en nuestro país con excesiva frecuencia.

La tendencia común de los países industrializados de reducir la jornada de trabajo se recoge en el título tercero, pidiendo también cuarenta horas de trabajo semanales y treinta días de vacaciones al año.

La protección del empleo, dice la enmienda, exige la intervención activa de los representantes de los trabajadores en los expedientes de crisis; y la equiparación del seguro de desempleo al salario mínimo interprofesional responde a las claras exigencias de obtener una remuneración digna para el trabajador que se encuentra en la imposibilidad de ocupar un puesto de trabajo.

Ya en las enmiendas al articulado, el PCE pretende modificar el referido a las atribuciones del comité de empresa; el Gobierno sólo faculta al comité para ser oído y los comunistas quieren que pueda negociar con el empresario los sistemas de rendimiento, condiciones, lugar o tiempo de trabajo.

Referente a los laudos, el Grupo Comunista pide que se suprima el arbitraje obligatorio por parte del Ministerio de Trabajo por considerarlo una injerencia improcedente. Solicita también la jubilación voluntaria a los sesenta años y la obligatoria a los 65.