Piden medidas urgentes para hacer frente a la delincuencia en los pueblos del Sur

Los alcaldes de Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Parla y Móstoles mantuvieron ayer una rueda de prensa en el Ayuntamiento de esta última localidad, con el fin de exponer a la opinión pública los graves problemas que la expansión de la delincuencia ha provocado en sus municipios. Los cinco alcaldes coincidieron en solicitar del Gobierno una urgente dotación policial de sus poblaciones, con arreglo a la ley; es decir, que les sean asignados un número de agentes y un equipo técnico «que se atengan a una cabal relación entre la cifra de habitantes de hecho en cada población y los medios de seguridad de que esté dotada». El recuerdo del secuestro y muerte de la niña lnmaculada Fernández había sido el revulsivo para la petición colegiada que formularon. Entre los cinco pueblos suman más de 600.000 habitantes.

En los primeros minutos del coloquio, Bartolomé González, alcalde de Móstoles, al fijar los antecedentes de la situación, advertía que «los alcaldes fueron desprovistos de sus competencias en materia de orden público, que pasaron a los gobernadores civiles; pero las inquietudes de los vecinos siguieron llegando hasta los alcaldes». Cuatro, de los cinco alcaldes participantes, son de filiación socialista, y uno, el de Fuenlabrada, comunista; todos ellos se encargan de la administración municipal de ciudades descomunales que han heredado las miserias de la industrialización: son lugares suburbiales, donde las abundancias se limitan al número de pobladores, los índices de contaminación y el ladrillo visto. En todos sus municipios se da una misma mentira matemática: la población de derecho, las gentes oficiales, son una minúscula proporción de las que en realidad malviven al cobijo de los ya deteriorados cascos urbanos. «Nuestras ciudades no están bien dotadas de policías nacionales; en consecuencia, y dada la invasión de delincuentes, las competencias de orden público han de ser asumidas a diario por la policía nacional, cuyo espíritu no es precisamente el ocuparse de esa cuestión.» La incapacidad de los municipios para ofrecer seguridad a sus ciudadanos los está llevando a una extraña situación: «Estamos entre lo que se denomina estado de derecho y lo que podría llamarse justicia popular. Las últimas manifestaciones lo demuestran.» Hay una vaga premonición de linchamiento en el ánimo de todos los alcaldes.Los cinco alcaldes se mostraron de acuerdo en que el refuerzo de los equipos policiales en Madrid ha empujado a los delincuentes hacía la periferia, hacia una indefensa ciudad-anillo cuya población es, en términos absolutos, superior a la de cualquier ciudad de España, con excepción de tres o cuatro grandes capitales. Ramón Espinar, alcalde de Leganés, relató un hecho, sucedido en su municipio hace sólo unas horas, para reforzar la petición de ayuda: «En pleno día, con todo el pueblo paseando por las calles, dos individuos, provistos de escopetas de cañones recortados, asaltaron la mejor joyería, que está en el centro del casco urbano (véase página 14). Una vez que se habían apoderado del botín, salieron a la calle y entraron en el bar de al lado para celebrarlo con unas copas.» Ni los hermanos Dalton se habrían atrevido a tanto.

En la emocionante novela del Oeste que cuenta Ramón Espinar hubo final feliz: los agentes de la policía llegaron justo a tiempo de evitar el linchamiento de los atracadores. Sin embargo, en casi todas las otras historias que relataron sus colegas, el final ha sido más o menos trágico. Como dice López Gallego, el alcalde de Fuenlabrada, «nosotros disponemos de seis números de la Guardia Civil para velar por la seguridad de 60.000 personas, y hemos asistido al nacimiento de un extraño tipo de delincuencia. Es frecuente que detengamos a niños de diez a doce años que roban toda clase de objetos, ¡con la complicidad de sus padres!

El paro y otros fantasmas

En su turno, el alcalde accidental de Parla, Pedro Bermejo, confirma el advenimiento del terror académico, una especie de desquite por las malas notas o de reprimida vocación autodidacta. «En el último mes, todos nuestros colegios han sido asaltados y destruidos. Tenemos que hacer frente a unas pérdidas superiores a los dos millones de pesetas para reparar los daños de esta violencia gratuita. Por si fuera poco, unos treinta o cuarenta muchachos se han asentado en el centro de la ciudad, donde ejercen una absoluta hegemonía o, por lo menos, se permiten atemorizar a los ciudadanos: a veces, nadie se atreve a transitar por su zona fuera de las horas de luz.» Luego, todos acusan al paro, a la miseria y a la conciencia de impunidad, como orígenes de sus ciudades sin ley. Y cada uno de ellos comienza a exponer sus tesis sobre los amplios reajustes sociales que habría que acometer. Pero, por el momento, necesitan guardias.Los cinco alcaldes pretendieron que la rueda de prensa fuese en realidad una rueda de fortuna. No han conseguido ganar nada con los papeles timbrados, y ahora quieren probar suerte con las rotativas. «Ayúdennos ustedes, los periodistas, porque si no...» José Aranda, el alcalde de Alcorcón, viene de tomar la palabra ante las masas, que piden venganza para Inmaculada, la ex niña. «Y los vecinos todavía están crispados. Anoche desapareció otra niña, a la que encontrarían después sus padres en un portal. Enfrente, en otro portal, estaba un hombre con barba... y los vecinos también estuvieron a punto de lincharlo. Creo que, para empezar, sería preciso que se modificasen los sistemas de patrullaje. Los guardias de que disponemos se auxilian de unos antiquísimos land-rover cuyos motores hacen un ruido infernal. Los delincuentes los oyen venir junto a los establecimientos que asaltan, esperan su paso, y una vez que se han ido de largo, cometen toda clase de desmanes con toda facilidad. Habría que volver a los viejos sistemas de la Guardia Civil, que hacían su ronda a pie. Porque pasar en coche no sirve de nada.

Antes de consumir su último turno, Bartolomé González no pudo resistir la tentación de exponer, «a manera de pregunta, eso sí», una cuestión que está en las meditaciones de todos sus conciudadanos. «Se detiene a los delincuentes, se les entrega al juez, y punto. Luego, antes de que los policías hayan vuelto a sus cuarteles, los delincuentes vuelven al sitio en que se les detuvo. Yo, modestamente, sólo quiero preguntar por qué.» Y luego desvía su mirada hacia la izquierda del salón del Ayuntamiento de Móstoles, donde un cartel recuerda el texto de un antiguo bando.

«Señores de Justicia de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí, el alcalde de Móstoles. Es notorio que los franceses ... » Pero esta vez ha invadido la delincuencia común, y Andrés Torrejón perteneció a otra legislatura.