La regulación de la enseñanza paralizó las conversaciones

Junto a los retoques de fondo y de redacción en algunos puntos del Estatuto catalán -finanzas y sistema electoral, entre otros-, el tema que paralizó ayer la negociación, según fuentes de todas las fuerzas que participan en la misma, fue el de la regulación de la enseñanza. Las declaraciones hechas a EL PAIS por el socialista Alfonso Guerra, en el sentido de que en la entrevista Suárez-Reventós del pasado jueves se había llegado a un acuerdo sobre este punto, fueron calificadas ayer en los pasillos de las Cortes como un farol del señor Guerra.El artículo 15 del Estatuto de Sau, uno de los aparcados por la ponencia conjunta, establece que corresponde a la Generalitat el cumplimiento de las obligaciones que el artículo 27 de la Constitución impone a los poderes públicos y, en particular, «la competencia exclusiva en materia de enseñanza a todos los niveles». Entre las atribuciones que la Constitución confiere a los poderes públicos en esta materia figura la de garantizar «el derecho de todos a la educación, mediante una programación de la enseñanza»; la inspección y homologación del sistema educativo, y la ayuda a los centros docentes.

La argumentación de los centristas sobre la necesidad de que el Estado asuma en materia educativa unas responsabilidades que constitucionalmente no puede abandonar fue contestada en el curso de las negociaciones por los representantes catalanes, en el sentido de que hay que partir de que la comunidad autónoma también es Estado.

Los partidos catalanes insistieron en la necesidad de que la Generalitat conserve, al máximo posible, competencias exclusivas sobre la enseñanza. Entre los expertos que fueron llamados a la Moncloa para que participaran en la negociación sobre este punto figura el ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, quien ofreció una fórmula que, en principio, fue estimada aceptable, pero que volvió a discutirse en las conversaciones que continuaban anoche.