Solicitan del Gobierno la inmediata actualización de las rentas de casas antiguas

Todos los entes relacionados con la actividad inmobiliaria han hecho público el contenido de un escrito dirigido por ellos al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en el que, bajo el título de «Grave advertencia al Gobierno», dan cuenta de la absoluta necesidad de que sean revisados los alquileres de las casas de renta antigua, así como, a corto plazo, sea actualizada la ley de Arrendamientos Urbanos.

El documento está firmado por las siguientes entidades -que en una reciente reunión celebrada en Madrid decidieron constituirse en un frente único para este motivo-: Consejo Superior de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, Unión de Entidades Aseguradoras y de Capitalización (Unespa), Confederación Nacional de la Construcción, Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios Urbanos, Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, Junta Central de Colegios de Agentes de la Propiedad Urbana de España, Colegio Nacional de Administradores de Fincas, Asociación Nacional de Urbanizadoras, Asesoría Jurídica de Ia Confederación Española de Cajas de Ahorros y otras entidades.En el escrito, con fecha de 19 de junio, aunque no se ha conocido hasta ayer, se advierte, entre otras cosas, del viejo y cada día más acuciante problema de la vivienda, «cuya falta de solución -según el secretario de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid, Ezequiel Perdigón- perjudica con mayor intensidad a los sectores de población más económicamente débiles, entre otras razones por la injusta y prolongada congelación de rentas en casas antiguas, el desvío creciente de la inversión en construcción inmobiliaria, el encarecimiento de la habitación en venta, al amparo de la escasez y, como consecuencia de todo ello, el incremento del paro en la construcción, sector laboral que está soportando los más altos índices de desempleo».

Dicho en otras palabras, según comentó a EL PAÍS el señor López Bruño, de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, el último texto refundido de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es de 1964, y en la misma se afirma, en el artículo 100, que el Gobierno, mediante decreto, revisará el índice de arrendamientos cada dos años. «El Gobierno no lo ha hecho en ninguna ocasión y ya han pasado quince años, con lo que el poder adquisitivo de personas que alquilaron sus casas hace años está muchos puntos por debajo de cero.»

Por otra parte, según López Bruño, se está primando el régimen de vivienda en propiedad, lo que lleva consigo un efecto de desaparición de viviendas en alquiler. España tiene el más bajo índice de viviendas de este tipo de toda Europa. De forma que de cada mil personas sólo sesenta viven en casas de alquiler. Esta cifra contrasta con las 240 de Alemania, las 152 de Austria, las 224 de Italia, las 225 de Suiza, las 197 de Holanda o las 173 de Francia. «En España no se construye para alquilar, sino para vender, con lo que la gente que pretende alquilar tiene que conformarse en muchos casos con comprar pisos en ciudades dormitorio o sufrir la especulación de las pocas viviendas en alquiler que existen en zonas céntricas», comenta López Bruño, quien añade que «esto lleva consigo problemas de paro en el sector de la construcción y efectos de diversa índole en las industrias secundarias de la construcción».

Al mismo tiempo, prosigue, el hecho de que el alquiler de casas de renta antigua sea tan bajo (en muchos casos no llega a las mil pesetas mensuales) hacen que viviendas con treinta, cuarenta o cincuenta años de antigüedad amenacen con ruina, ya que a sus propietarios no les es rentable remozarlas o arreglarlas porque no les compensa.

El hecho de que se prime a las viviendas en régimen de propiedad ha traído como consecuencia que en menos de treinta años haya descendido en más de un 30% el número de viviendas en alquiler y aumentado en casi el mismo porcentaje las de propiedad.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid, a la que asistieron representantes de las entidades citadas al principio, se dieron a conocer las peticiones de éstas: 1) a plazo inmediato, la actualización de forma progresiva de los arrendamientos urbanos; 2) a corto plazo, la actualización de la ley de Arrendamientos Urbanos y el establecimiento de los cauces financieros y fiscales idóneos.

El mismo documento, en el que se solicitan audiencias con el presidente del Gobierno y miembros del Gabinete, añade que si éste no adopta las medidas correspondientes será responsable de la progresiva reducción del número de viviendas en alquiler.

Asimismo se afirma que la falta de seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento, la falta de financiación adecuada y de bonificaciones fiscales, así como la falta de actualización del valor o coste inicial a efectos de transmisiones posteriores, son algunas de las causas de la limitación de la oferta de inmuebles.