Alcaldes siguen haciendo números sobre los millones de deudas heredados

Los nuevos ayuntamientos democráticos se han encontrado con unas corporaciones en ruinas y con un doble problema económico, que ha venido a sumarse a otros de diversa índole: unas deudas elevadas -Sevilla, 5.800 millones de pesetas; Bilbao, 2.500; Salamanca, 1.500; Barcelona deberá para fin de año 72.000 millones- y un déficit presupuestario que, según recientes declaraciones del ministro de Hacienda, al explicar el decreto-ley del Consejo de Ministros pasado que autoriza a los ayuntamientos a tomar medidas impositivas nuevas, es de 200.000 millones de pesetas y se incrementará hasta 250.000 millones, aunque otras fuentes estiman que podría superar los 400.000 millones.Los municipios españoles se han tomado esta situación económica con distinta filosofía. La antigua Corporación de Alicante enajenó varios solares de propiedad municipal para paliar algunas deudas, medida que ha sido criticada por sus sucesores, que hubieran preferido tener patrimonio, aunque hubieran heredado deudas, máxime cuando en este capítulo hay doscientos millones de pesetas sin cobrar, en concepto de distintos arbitrios, y se sospecha que no llegarán a cobrarse nunca.

Imaginación para tapar huecos

En otras ocasiones, se acude a una resignación casi cristiana, que llevó al concejal de Cultura de Ciudad Real a decir, ante la penuria económica de su Ayuntamiento: «Tenemos que suplir el dinero con imaginación.» Hay otros casos en los que un candidato, que luego resulta vencedor, es capaz de pa vonearse de haber declarado sus pensión de'pagos en su empresa dos días antes de las elecciones. Mariano Yúfera, un constructor de Mazarrón que se presentó como in dependiente y que se considera comunista cristiano, lo hizo así. Cacique adorado por muchos porque, según algunos, ha creado puestos de trabajo, aunque haya destroza do la ecología de la costa murciana, se paseó el 1 de abril por su pueblo encartelado con aropliaciones del periódico que daba cuenta de su bancarrota. El y sus independientes dominan ahora el pueblo, donde un cementerio mudéjar de más de cuatro siglos de antigüedad ha sido convertido en basurero municipal.

En aquellos municipios donde ha ganado la izquierda, donde las elecciones han supuesto un míni mo cambio, las nuevas corporacio nes están todavía dedicadas al estudio de expedientes, análisis de situaciones y toma de contacto con los distintos problemas de los vecinos. La urgencia o la situación de algunos temas ha llevado a algunos ayuntamientos a tener que adoptar medidas contrarias a las que propugnaron en la campaña electoral. Una de estas circunstancias fue la legalización de viviendas construidas sin licencia o sin cumplir todos los requisitos exigidos en Valladolid. Entre los casos, que eran muchos y graves, estaba la falta de licencia para el establecimiento comercial de Simago, que lleva más de diez años funcionando, o la fábrica Michelin, que lleva más de cinco. El alcalde socialista abrió un plazo para que todos los propietarios de obras sin legalizar pidieran su legalización y anunció que el Ayuntamiento será duro con las nuevas solicitudes. «De no haber tomado esta medida», comentó, «causaríamos enormes perjuicios a personas modestas que han adquirido su vivienda a costa de muchos sacrificios.»

Nadie paga impuestos

¿Sabían ustedes que los ciudadanos de este país no pagamos impuestos, multas, arbitrios ni otro tipo de tasas municipales? ¿Sabían que hasta ahora pensábamos, y nos cuesta dejar de seguir haciéndolo, que el agua, la recogida de basuras y el alumbrado municipal caían de arriba, como los nombramientos? En algunas provincias, como Sevilla, Palencia o Salamanca, se ha empezado a notar cierta colaboración de la gente con los áyuntamientos democráticos en este tema. Pero no se pierdan de vista el panorama. El Ayuntamiento de Yecla, en Murcia, ha concedido una amnistía para las multas de tráfico impagadas, pero, a su vez, la precavida Corporación ha pensado en instalar un servicio de cepos y grúas. En Segovia, más del 70% de los ciudadanos no paga el impuesto de circulación, y lo mismo sucede en Salamanca, donde las deudas por este concepto ascienden a veintisiete millones de pesetas. En esta ciudad, los morosos dan una justificación a su actitud y dicen que la urbanización de las vías públicas es muy deficiente.

También los hay bastante alejados de predicar con el ejemplo. En Bogarra, un pueblo de la sierra de Albacete, todos los miembros del Ayuntamiento deben el impuesto municipal de Vehículos, a excepción de un concejal socialista que se ha pasado por taquilla. Sin duda ignoran lo que está sucediendo en Huelva, donde el Ayuntamiento precinta a diario unos seis coches por el mismo motivo. El alcalde de Vigo, Manuel Soto, del PSOE, prometió una amnistía para las multas de tráfico, pero tuvo que variar su intención porque le advirtieron de su ilegalidad. En este punto de las nultas, los ayuntamientos se han comportado de distintas maneras: desde casos como el de Elda, donde se está estudiando su cobro vía juzgado, porque, al parecer, así se podría ingresar medio millón de pesetas al mes, hasta el de Granada, cuya Corporación se ha dicho, en un alarde de justicia distributiva: hagamos una investigación sobre los morosos, a fin de distinguir a quienes no tengan capacidad para pagar, por encontrarse en paro, por ejemplo, cuya cuestión quedaría de finitivamente zanjada, de los que sí tengan medios, a los que se obligará a pagar por todos los medios legales.

Claro que no siempre es el contribuyente medio el que intenta eludir sus responsabilidades. José Castro Alvarez es alcalde de Puenteáreas, un pueblo de Pontevedra, a cuyo sillón se presentó, y se lo llevó de calle, dentro de una candidatura que se denominó independiente, aunque la opinión popul ar y las conexiones conocidas la señalaran como auspiciada por Pío Cabanillas.

El señor Castro, que fue reelegido sin dificultad, tras once años de desempeño digital del cargo, es representante de los sectores más ultras en una zona donde todavía se edita un periódico de la Hermandad de Alféreces Provisionales llamado Metralla. El alcalde de Puenteáreas ocultó durante tres meses la resolución del Ministerio de Obras Públicas por la que se denegaba definitivamente el plan de o rdenación urbana de la comarca de El Condado, de la que es cabecera Puenteáreas, y que él patrocinaba. Después se vio la venta de un monte comunal por dos millones y medio de pesetas a una sociedad de cuyo consejo de administración fue luego vocal el señor Castro. La sociedad vendió el monte a Sigalsa (otra razón social, Sodiga, tiene el 51% de las acciones) y en la operación parece que han desaparecido alrededor de nueve millones de pesetas. El monte ha de revertir ahora al Ayuntamiento, pero sin que las cuentan lleguen a estar claras.

Buscando prestamistas

Para empezar a paliar la mala situación financiera de los ayunta mientos la mayor parte de ellos han pensado, entre otras medidas, en recurrir a préstamos del Banco de Crédito Local o de las Cajas de Ahorro. En casos aislados, como el de Llodio, en Alava, Ayuntamien to regido por un independiente apoyado por Herri Batasuna, se han conseguido importantes subvenciones y créditos de la Diputación Foral. Esta situación, relacionada directamente con la permanencia en Alava de los conciertos económicos, que parece serán restituidos ahora a otras provincias vascas, ha hecho que los alcaldes guipuzcoanos y vizcaínos comparen su mala situación financiera con la saneada de sus vecinos alaveses y vean en los conciertos la única posibilidad de resolver sus problemas.

Los ayuntamientos han propuesto también otras medidas para salir del endeudamiento y del déficit presupuestario en el que se encuentran. Así, han iniciado auténticas cruzadas de concienciación del ciudadano para que pague las multas y los impuestos -Almería, Huelva y Málaga son tres ejemplos- y han comenzado la puesta al día de los impuestos de radicación de industrias o el estudio de la posible emisión de bonos municipales, como en el caso de León. También piensan que debería incrementarse el grado de participación de los municipios en los impuestos generales del Estado y que habría que elaborar nuevas ordenanzas fiscales y dar a luz, de una vez, la nueva ley de Régimen Local.

Las nuevas corporaciones saben que pocos ciudadanos pagan, pero que algunos lo hacen y ese dinero no llega jamás a las arcas municipales. Hace escasamente una semana la prensa daba cuenta de la investigación abierta por el Ayuntamiento de Barcelona con respecto a un posible caso de corrupción municipal en la recaudación de impuestos, cuyo producto podría ascender a varios cientos de millones de pesetas.

Pese a todo lo anterior, también hay ayuntamientos con una cierta tradición de varios años de terminar el ejercicio con superávit. Son los rara avis del panorama Enanciero municipal de este país y a veces su superávit queda dulcificado por grandes números rojos en los bancos. Teruel, con un presupuesto de 160 millones de pesetas, ha venido saldando sus cuentas de forma positiva -dos millones en 1978-, aunque su endeudamiento con el Banco de Crédito Local asciende a cien millones de pesetas. Sant Felí'u de Llobregat, en Barcelona, ha terminado sus tres o cuatro últimos ejercicios con superávit del orden de los tres millones de pesetas por año. El Grove, en Pontevedra, cuyo alcalde es comunista, pasa por ser uno de los municipios más ricos de Galicia y su situación económica mejorará aún más a raíz de la instalación del casino de la isla de La Toja. Zamora y Yecla, Avila -que no ha heredado deudas pero los contribuyentes deben treinta millones y muchos son ya incobrables- y León son también ejemplos de municipios menos endeudados. En la capital leonesa se terminó el ejercicio de 1978 con un superávit de treinta millones de pesetas, que la nueva corporación regida por la izquierda, piensa utilizar para paliar el déficit de servicios de la ciudad. No obstante, socialistas y comunistas han manifestado que el superávit no es una prueba de buena administración de los fondos municipales, sino el resultado de regir el ayuntamiento con criterios de empresa privada.