Ya hay financiación para el agua de la zona Sur

La Diputación aprobó ayer el anteproyecto de presupuesto extraordinario destinado a subvencionar las obras de suministro de agua a los municipios de Móstoles, Parla, Fuenlabrada y Pinto. La Diputación aportará algo más de 211 millones de pesetas, el 25 % del total, para lo que tendrá que concertar una operación crediticia con el Banco de Crédito Local.El tema, que necesitaba mayoría de dos tercios de los diputados, fue aprobado sin discusión y por unanimidad. Poco antes de terminar la sesión, el presidente, Carlos Revilla, leyó un telegrama remitido por el banco en cuestión, en el que se informaba de la última reunión de su consejo de administración, en la que se había acordado acceder a otra petición de crédito de los ayuntamientos mencionados, por un total de cien millones de pesetas.

De esta forma se soluciona el problema de la financiación de las obras, por lo que éstas podrán comenzar en plazo muy breve.

En la rueda de prensa posterior se anunció el destino de cuatrocientos millones de pesetas para financiar un plan de mejoras en todas las carreteras de la provincia propiedad de la Diputación. Otros 111 millones se utilizarán en la creación de una infraestructura cultural en los pueblos. El plan previsto incluye la restauración y acomodación de edificios, algunos de importante valor artístico, que se pondrían después a disposición de los ayuntamientos. Paralelamente, se complementarán estos lugares fijos con la creación de estructuras itinerantes de teatro y otras actividades tipo La Barraca, según mencionó el vicepresidente, Luis Larroque.

En otro orden de cosas, se abordó la grave carga económica que supone para la Diputación la asistencia a enfermos mentales recluidos en centros hospitalarios de la Seguridad Social, que asciende aproximadamente a mil millones de pesetas anuales, sin que la Diputación tenga ningún control sobre la calidad del tratamiento que se les ofrece. El señor Revilla expuso que confiaba en que el Parlamento apruebe una proposición de ley presentada por el PSOE, por la que los enfermos mentales serían incluidos en la gama asistencial prestada por la Seguridad Social.