Debates sobre la regulación de la enseñanza y la seguridad pública en el País Vasco

La ponencia conjunta Comisión Constitucional-Asamblea de Parlamentarios Vascos continuó ayer el estudio del Estatuto de Guernica, al nivel de exposición civilizada de discrepancias, pero sin que los grupos se mojasen, según los ponentes. Las decisiones se adoptarán en la segunda lectura, que se iniciará probablemente mañana. Entre las cuestiones tratadas -artículos 15 al 28- destacó la competencia del País Vasco en materia de enseñanza y de seguridad pública. Se llegó a un principio de acuerdo sobre la no privatización de TVE en el ámbito vasco.

La Información sobre los trabajos de la ponencia fue realizada por el presidente de la Comisión Constitucional, Emilio Attard, quien aseguró que los temas tratados no fueron «escasos en dificultades». La complementaron los ponentes socialistas Eduardo Martín Toval y Txiki Benegas, el de Coalición Democrática, José María de Areilza, y el comunista Jordi Solé Tura. No estuvieron presentes ponentes centristas ni del PNV. En los pasillos, otros ponentes confirmaron la información oficial y agregaron nuevos datos.La ponencia conjunta abordó, en primer lugar, el artículo 15 del proyecto de Estatuto, referido al Defensor del Pueblo en el ámbito autonómico, con las funciones que a nivel estatal establece la Constitución en el artículo 54 para la misma institución. Según la información facilitada, el socialista Alfonso Guerra aludió a la configuración de esta institución en el Estatuto catalán, que habla de un Sindic de Greugues para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos», como más ajustada jurídicamente.

En el artículo 16, que según el proyecto atribuye al País Vasco la «competencia exclusiva en materia de enseñanza en todos sus niveles y especialidades, incluida la formación profesional...», se produjo un debate en profundidad, sin llegar a decisiones, pero que los portavoces estimaron clarificador. El propio proyecto establece la limitación de los principios contenidos en el artículo 27 de la Constitución, pero las interpretaciones doctrinales fueron muy diversas.

En el debate se planteó el posible conflicto con lo que establece la Constitución en el número 30 del artículo 149 sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de «normas básicas para el desarrollo del artículo 27». La decisión aplazada sobre el paso de la enseñanza a competencia compartida es uno de los temas que suscitó al socialista Martín Toval la opinión de que los distintos grupos deberán de mojarse. La opinión del señor Areilza fue que el debate había mostrado, más que motivos de desacuerdo, una síntesis clarificadora de las posiciones sobre una competencia concurrencial o compartida con el Estado. El señor Areilza aludió favorablemente al recuerdo hecho por el comunista señor Solé Tura sobre el carácter de poder público que corresponde también a las comunidades autónomas.

Uno de los debates más extensos se produjo a propósito del artículo 17, que establece en el proyecto de Estatuto el régimen de policía autónoma bajo el mando supremo del Gobierno del País Vasco. En la discusión se puso de manifiesto la colisión con lo que establece el artículo 149 sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica».

Al margen de las razones históricas, sociológicas y políticas de la competencia autonómica en esta materia (Marcos Vizcaya recordó que la disposición adicional de la Constitución alude a los «derechos históricos de los territorios forales»), el debate se centró sobre si debe ser antes la ley orgánica sobre seguridad pública o la regulación especial de cada Estatuto. Los diputados vascos manifestaron estar abiertos al gradualismo y a la introducción de un régimen transitorio que compatibilice la competencia del Estado y la de la comunidad autónoma vasca.

Los socialistas expusieron su criterio de que no debía condicionarse la regulación de este tema en la futura ley orgánica, teniendo en cuenta que el Estatuto, que también tiene este carácter, se está estudiando prioritariamente, con un plazo tasado de dos meses. Alfonso Guerra propugnó un acuerdo político que sirva de base tanto al texto del Estatuto como a la futura ley orgánica.

No a la televisión privada

En el artículo 18, sobre desarrollo legislativo a nivel autonómico y ejecución de la legislación básica en materia de salud y seguridad social, el debate tuvo menor entidad.

En relación con el artículo 19, que establece la competencia legislativa y ejecutiva del País Vasco en materia de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, los socialistas plantearon un motivo de desacuerdo tácito. Se refiere al párrafo segundo del artículo, que establece que «el País Vasco podrá disponer y crear sus propios medios de comunicación social...». Los socialistas advirtieron del peligro de que, por esta vía, se introdujera la privatización de la televisión. Como fórmula de solución se ofreció una alusión a los «poderes públicos del País Vasco».