Gobierno busca un modelo para afrontar la situación energética

Representantes de varios departamentos económicos y expertos de la Administración en temas energéticos dedican el fin de semana a ultimar las diversas propuestas de aumento de precios y medidas de ahorro y conservación de la energía, que mañana, lunes, serán examinadas por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, para su inmediata aplicación. Las reuniones están presididas por el vicepresidente económico, Fernando Abril, quien, al parecer, está dispuesto a replantear sus criterios sobre lucha contra la inflación y control de los precios, a partir de su ya anunciada decisión de desindiciar la economía.

La preocupación esencial de algunos sectores del equipo económico continúa centrada en el impacto que puedan provocar los nuevos precios de la energía en el coste de la vida y el índice de inflación. El criterio opuesto, sin embargo, estima que constituye un objetivo prioritario asumir de una vez por todas la crisis de la energía, replanteando incluso el modelo de política económica desarrollado por el Gobierno en los últimos quince meses. Esta última postura aparece en perfecta coherencia con la posibilidad de que el Gobierno decida aplicar de inmediato importantes subidas en los precios de todos los productos energéticos, seguidas de una serie de medidas de diversa índole, encaminadas a propiciar el ahorro la conservación de la energía. Estas medidas (véase EL PAÍS del 24 de junio) se aplicarían gradualmente, con mayor o menos dureza, en función de la evolución de los mercados petrolíferos internacionales.La incógnita esencial del tema continúa centrada en cuál va a ser el porcentaje de aumento elegido por el Gobierno. La decisión no ha sido todavía adoptada, pero no se descarta que pueda ser aprobada mañana, en la reunión prevista de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, probablemente presidida por el propio presidente Adolfo Suárez.

El criterio elegido para decidir los aumentos parece ser, al margen de condicionantes políticos, el de repercutir la subida de los crudos e incrementar las cargas impositivas que gravan el consumo de carburantes. Estos suplementos fiscales se destinarán con toda probabilidad a la Financiación de las corporaciones municipales, en una primera fase, por la vía directa de la renta de petróleos, y posteriormente de modo directo.

A partir de su anunciado propósito de desindiciar la economía española, el vicepresidente Abril Martorell parece decidido a admitir el replanteamiento del modelo de política económica seguido durante los últimos quince meses, renunciando al intento de controlar rígidamente los aumentos de precios. La preocupación de los expertos de algunos departamentos continúa, en cambio, centrada en la adopción de medidas encaminadas a contener la iniciación por vía intervencionista. Esto pudiera haber provocado nuevos distanciamientos entre algunos ministros y, el vicepresidente económico, según fuentes solventes consultadas.

Al parecer, el señor Abril se siente actualmente inclinado a seguir el ejemplo británico, eliminando del índice de precios al consumo las ponderaciones de las elevaciones de los productos energéticos. La tesis del máximo responsable gubernamental en temas económicos sería la de que los aumentos de salarlos no tienen por qué seguir los porcentajes determinados por las decisiones de la OPEP. Algunos miembros del equipo económico entienden, sin embargo, que una medida de este tipo carecería de efectividad en materia de control de la inflación, ya que las subidas de los productos energéticos provocan inmediatamente una serie de aumentos de precios en cascada para todos los elementos de la llamada cesta de la compra.

Paralelamente, los máximos responsables del Ministerio de Economía han comenzado a promocionar su plan económico para los próximos años, en el que no parece hayan sido tenidas en cuenta las últimas decisiones de los países productores de petróleo. La filosofía del plan se centra nuevamente en la elaboración de cuadros macroeconómicos y consta de 650 folios aproximadamente. Uno de los objetivos programáticos elaborado por Economía es mantener un ritmo de crecimiento del 5% anual, a partir del cual se ajustan los restantes datos del cuadro. Según algunas fuentes consultadas, la filtración del contenido de este programa no contaría con el beneplácito del vicepresidente Fernando Abril, partidario de abordar en primer término las cuestiones prioritarias -como, por ejemplo, la energética- y diseñar posteriormente un cuadro de actuaciones generales, a partir de los condicionamientos derivados de aquéllas. Los mismos medios insinuaron la posibilidad de que se hubiera producido un nuevo y definitivo distanciamiento entre el máximo responsable del equipo económico y el titular de Economía.

La incógnita esencial con que se enfrentan los trabajos desarrollados por los expertos energéticos de la Administración radica en cuál pueda ser la realidad de los mercados petroleros internacionales en las próximas semanas. En general, se duda del acatamiento de las decisiones adoptadas por la OPEP en Ginebra, a la vista de la experiencia de anteriores conferencias. Aunque técnicamente es todavía pronto para extraer conclusiones, las primeras jornadas tras los acuerdos de Ginebra han seguido mostrando idéntica tendencia a la existente con anterioridad a la reunión en los mercados de entrega inmediata (spot) de crudos.

Otro tema que preocupa profundamente en medios petrolíferos es la posibilidad de que uno o varios países productores decidan reducir unilateralmente sus exportaciones de crudos, acrecentando las tensiones derivadas de una psicosis de desabastecimiento como la surgida con motivo de la crisis de Irán. Las fuentes consultadas por EL PAÍS descartaban ayer, sin embargo, la posibilidad de que algún país productor suspendiera totalmente sus ventas exteriores de petróleo. Concretamente, la eventual declaración del coronel libio Gadhafi (véase EL PAÍS de ayer) era calificada de poco fiable, sobre todo teniendo en cuenta la absoluta dependencia de la economía libia de sus exportaciones de crudos y el elevado grado de endeudamiento que soporta. En cualquier caso -señalaron las fuentes consultadas-, una eventual interrupción del suministro libio provocaría gravísimas consecuencias a muchos países occidentales, entre ellos a España, que recibe actualmente unos 100.000 barriles diarios de petróleo libio, reducidos últimamente en un 17% por la aplicación de la cláusula de fuerza mayor.