Polémica municipal por los sueldos asignados a los concejales

El pleno ordinario celebrado ayer por el Ayuntamiento de Madrid aprobó todos los puntos del orden del dia sin apenas discusión, excepción hecha del relativo a los salarios que, por conceptos de representación e indemnización, cobrarán los concejales. En ese momento los ucedistas defendieron la idea de que las cantidades a percibir eran excesivas, idea rechazada por la izquierda, que afinnó, por boca de Alonso Puerta, que la actual Corporación les iba a salir a los madrileños mucho más barata que las nombradas anteriormente a dedo.

Previamente se aprobaron sin polémicas de ningún tipo 32 asuntos del orden del día, en algunos de los cuales los concejales explicaron su postura afirmativa. Así se acordó la contratación de ocho periodistas (a cinco de ellos se les prorroga el contrato, y los tres restantes son de confianza del alcalde) y otras veintiocho personas, todas por el plazo de un año; las primeras, para ayudar en el gabinete de prensa, y las segundas, para colaborar en los trabajos de la Delegación de Acción Vecinal.Se aprobó la ordenanza de actuación en el suelo y subsuelo de los espacios libres municipales de dominio y uso público. El asunto es importante y, entre otros aspectos, recogerá el tema del pago de obras de infraestructura en calles mal asfaltadas. En el caso de que sean calles de primera urbanización, la ley señala que las obras corresponden a las empresas constructoras, pero muy a menudo sucede que éstas se inhiben y luego son los vecinos quienes tienen que pagar los costes mediante subvenciones especiales. No se conoce concretamente el contenido de la ordenanza, puesto que el gabinete de prensa municipal no pudo ofrecer copia de la misma a la prensa.

Igual sucedió en otro punto importante, referido a la aprobación de las normas interpretativas del Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico. El gerente de Urbanismo,Eduardo Mangada, hizo una exposición favorable a las modificaciones introducidas tendentes a asegurar todo lo posible la conservación del patrimonio histórico-artístico madrileño, idea en la que se mostró conforme el anterior gerente, Luis Enriíquez de Salamanca.

Al llegar al punto de la asígnación de emolumentos a concejales y delegados surgió la polémica. Según la relación facilitada, los concejales cobrarán 45.500 pesetas mensuales netas; el que además sea miembro de la permanente y de la comisión informativa cobrará 75.650; el presidente de junta de distrito, 117.600; el responsable de servicios y el delegado de servicios, 151.700; los tenientes de alcalde percibirán cada uno 164.000 pesetas, y el alcalde, 182.250.

Las cantidades citadas entran dentro de lo permitido por el Ministerio de Administración Territorial, que en días pasados publicó un decreto posibilitando que los miembros de las corporaciones locales perciban emolumentos, aunque no en concepto de salarios, figura no contemplada en la ley, sino como gastos de representatividad e indemnizaciones de todo tipo.

El concejal de UCD señor Javaloyas abrió el fuego con una amplia exposición basada en que la actual penuria económica del Ayuntamiento no encaja con las cantidades asignadas, que suponen un gasto buto anual de 113 millones de pesetas. Según sus propios cálculos, los salarios del Grupo Socialista significan 53 millones a repartir entre veinticinco concejales, los nueve miembros comunistas se asignan casi -veintidós millones, mientras que los veinticinco ucedistas percibirán la misma cantidad global que los anteriores.

Esto se explica, dijo este concejal, porque los concejales de UCD, no tienen ningún cargo de responsabilidad y se limitan a su salario como concejal puro y simple. Aún así, el señor Javaloyas consideró excesiva su propia asignación, y mucho más la de los concejales de izquierda. El señor Alvarez del Manzano adujo que la intención de UCD no era cuestionar el derecho, perfectamente legítimo, de cobrar por un trabajo al que se dedican todas las horas del día, pero cuestionó el que las directrices de la mayoría pudieran aumentar los gastos sin necesidad, y mencionó como ejemplo el que las delegaciones de servicios cuenten ahora con dos responsables cada una.

Los concejales de izquierda replicaron abundantemente las intervenciones anteriores. Ramón Tamames, que actuó como alcalde hasta la llegada de Tierno Galván, expuso que las comparaciones formuladas eran excesivas, y que no se había dicho, sin embargo, que en la Administración central son los partidos de izquierda quienes no ocupan,cargo alguno, salvo los sueldos por diputados en el Congreso.

El delegado de Hacienda, el socialista señor Leguina, matizó que la discusión no debía plantearse sobre qué concejal iba a percibir tal salario, puesto que los cargos no pertenecen a nadie en propiedad, sino sobre la conveniencia o no de que los representantes de los pueblos puedan dedicarse a esa actividad sin problemas económicos, y recordó que la Constitución reconoce ese derecho al recoger en su articulado el principio de acceder con igualdad a los cargos públicos. En caso contrario, dijo, sólo podrían llegar a ellos las personas que no depeden directamente de su trabajo para subsistir. Al mismo tiempo, el aumento en las asignaciones no es tan grande si se tiene en cuenta que se eliminan los haberes diferentes por cada cargo ostentado, lo que no ocurría en anteriores corporaciones, que sumaban cantidades por cada puesto ocupado por una sola persona.

El tercer teniente de alcalde, señor Barrionuevo, señaló el dato de que actualmente la Corporación la forman 59 personas y no treinta, y el concejal comunista José Luis Martín Palacín pidió que en un próximo pleno se haga público lo que cobrará cada concejal individualmente para evitar suspicacias. Sin embargo, llegada la hora de la votación, los tres grupos acordaron aprobarlo por unanimidad.