Soberanía, policía, hacienda y competencias autonómicas, principales objeciones al Estatuto vasco

«El Grupo parlamentario Centrista apoya la voluntad del pueblo vasco de recuperar sus instituciones de autogobierno», asegura la primera frase de un documento preparado por Unión de Centro Democrático en el que se desarrollan, a lo largo de veintitrés folios, sus motivos de desacuerdo con el proyecto de autonomía del País Vasco. El texto se inicia con unas «consideraciones generales» y establece después los fundamentos de sus desacuerdos con aspectos parciales del proyecto de estatuto.

El documento de UCD entiende que la tradición histórica vasca es el exponente de un sistema, el foral, «peculiarmente hispánico, y que en su día estuvo generalizado en las diversas regiones de España», cuyo acertado entendimiento puede y debe ser un elemento «enormemente positivo» en la elaboración de un sistema moderno y adecuado a las necesidades del País Vasco y del conjunto de la nación.Para asegurar las más firmes y estables bases a la autonomía vasca, UCD considera necesario «procurar que la redacción definitiva del Estatuto sea estrictamente respetuosa en todo con la vigente Constitución», que fundamenta y atribuye sustentación jurídica a los estatutos de autonomía. Asimismo explica que los motivos de desacuerdo están igualmente formulados desde la preocupación de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad entre los diversos pueblos de España, sin que se produzcan privilegios económicos o sociales

En lo que se refiere a los principios básicos del Estatuto, UCD formula desacuerdo con los artículos 1, 2, 3, 24.2, 25, 46, disposición adicional y disposición transitoria tercera del proyecto, en base a que la Constitución señala que la soberanía es una e indivisible, y corresponde al pueblo español en su conjunto; a que determina como fundamento de la Constitución la unidad de la nación española; y a que se establece que la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes generales.

También está UCD en desacuerdo con los artículos 6.3, 7, 9, 11.7, 16, 18 y 19 del proyecto de Estatuto, porque entiende que su actual formulación podría ser interpretada como una discriminación entre los vascos y el resto de los españoles, en general, y muy especialmente cuando residan en el extranjero y deban ejercer sus derechos políticos como españoles.

En lo que se refiere a seguridad ciudadana, UCD está en desacuerdo con los artículos del proyecto que se refieren a las materias de seguridad pública y policía, y en especial con los artículos 17 y 36 del proyecto de Estatuto. El fundamento de ello es que el texto constitucional no permite establecer en los estatutos normas sobre policías locales o creación de policías por las propias comunidades autónomas, más que en los términos que dispongan una ley orgánica sobre esta materia específica, aprobada por las Cortes.

Hay también desacuerdo con todos los artículos del proyecto de Estatuto referidos a Hacienda y Patrimonio, y en especial con los numerados del 40 al 45 y disposición transitoria segunda.

Las competencias de la comunidad autónoma son también objeto de desacuerdo, en base a que las materias no atribuidas expresamente al Estado en la Constitución no deben ser «atribuidas sin más, y mucho menos con carácter exclusivo, a las comunidades autónomas, ya que el propio artículo 149 y otros muchos de la Constitución establecen criterios de competencia concurrente o compartida, y decooperación para el ejercicio de estas atribuciones». En todo caso, UCD es partidario de efectuar una distribución de competencias y facultades que faciliten la cooperación necesaria entre los servicios del Estado y de las comunidades autónomas. Hay igualmente una mención a la necesidad de respetar la aplicación por el Estado de los compromisos internacionales.

Igualmente, hay desacuerdos con las denominaciones de los Poderes mencionados en el proyecto de Estatuto, publicidad de las disposiciones del Parlamento vasco duplicación de órganos estatales y otros temas.