Detenido en Córdoba un presunto comando informativo de los GRAPO

Cuatro presuntos miembros de un comando informativo de los GRAPO fueron detenidos en Córdoba como consecuencia de un control policial de la Brigada de Investigación Criminal. Se trata de Francisco Javier Rodríguez García, de veintiún años, hermano de Alfonso, conocido miembro de los GRAPO; Francisco Fernández Moyano, de veintisiete años; Carmen Cayetano Navarro, de veintisiete años, esposa del miembro de los GRAPO Angel Collazo; y María Isabel Santamaría del Pino, de veintiún años.La operación policial se inició el pasado miércoles tras el robo de uniformes de la Guardia Civil y del Ejército en una sastrería de esta ciudad. Ese mismo día cuatro personas que viajaban en un Renault 5 despertaron las sospechas de la Brigada de Investigación Criminal. Tras solicitar su identificación, la policía les ocupó abundante material de propaganda del PCE (r), por lo que lueron puestos a disposición judicial bajo la inculpación de propaganda ilegal y asociación ilícita. Después pasaron a la prisión provincial.

Los cuatro detenidos tienen antecedentes policiales pero han negado su afiliación a los GRAPO, aunque han admitido que han pertenecido en otro tiempo al PCE (r).

Juicio suspendido

El juicio que se celebró ayer en la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid contra seis presuntos miembros de los GRAPO fue suspendido a causa de los incidentes que protagonizaron los acusados -gritos y renuncia a la defensa-, por lo que el presidente del tribunal ordenó desalojar la sala y suspendió la vista del juicio hasta un nuevo señalamiento.Los procesados, Justo Cabañas Morán, Fernando Hierro, Luis Torrijos, Luis Alvarez, Elvira Diegues y José Luis Bermejo, están acusados de robo de trescientos kilos de dinamita de la empresa Nueva Siderúrgica de Ponferrada (León) y su posterior almacenamiento, traslado y distribución. Además se les acusa de tres atracos a sucursales bancarias y de haber herido en el transcurso de uno de ellos a un vigilante. Para todos ellos el fiscal solicita unas penas que oscilan entre doce y 62 años de prisión.

Tres de los procesados -Cabañas, Hierro y Torrijos- confesaron pertenecer a los GRAPO pero negaron haber participado en los hechos que les imputaba el fiscal -El cuarto -Alvarez- intentó pronunciar un discurso para justificar la existencia de los GRAPO y fue obligado a salir de la sala. Los demás procesados se solidarizaron con él y renunciaron a la defensa, al mismo tiempo que abandonaban la sala dando vivas a la república popular, a la lucha armada y a los GRAPO. A la vista de estos hechos, el presidente del tribunal suspendió el juicio.