Más de mil familias gitanas reclaman el derecho a vivir de la venta ambulante

Más de cincuenta gitanos que viven de la venta ambulante, «en situación necesariamente ilegal», como ellos mismos reconocen, se han dirigido al gobernador civil de Madrid para solicitar que se .autoricen determinadas zonas libres y se detengan las acciones represivas mientras se resuelve el conflicto. Los vendedores ambulantes s e declaran dispuestos a pagar cuotas, en condiciones similares a las de los comerciantes estables, siempre que sea con arreglo al volumen de ventas.

Estas conclusiones forman parte de un amplio dossier elaborado en el transcurso de una asamblea celebrada la presente semana en el centro social de Villaverde, bajo los auspicios de la Asociación de Desarrollo Gitano. Ante la imposibilidad de plantear el tema directamente ante el alcalde de Madrid, los vendedores ambulantes han decidido trasladar sus peticiones al gobernador civil.De acuerdo con el informe citado, cerca de 1.300 familias gitanas -unas 10.000 personas- viven actualmente en Madrid de la venta ambulante de retales, frutas y verduras, baratijas y recogida de chatarra. Este comercio se sitúa preferentemente en las zonas de Pan Bendito, Alegría, Altamira, Celsa, Torregrosa, San Fermín, Entrevías, Orcasur, Rancho del Cordobés, Vicálvaro y Villaverde.

Las familias afectadas se quejan de que el carácter ilegal de su actividad resulta poco menos que impuesto, ya que la negativa de cualquier autorización que les ampare les resulta vedada sistemáticamente por muy varias razones competencia desleal, obstaculización del tráfico-, sin que en ningún caso se les haya dicho cómo pueden legalizar su situación sin renunciar por ello a la venta ambulante, que es su único medio de vida.

Recoger chatarra, un servicio a la comunidad

En el caso específico de la recogida de chatarra, se insiste en que se trata de una actividad comercial que reporta beneficios a la comunidad, ya que retira de la circulación artículos desechados, los reinserta si es posible en los circuitos comerciales a precios asequibles y, en última instancia, el material inservible es desguazado para entrar de nuevo en el proceso de producción.

Los gitanos afectados insisten en su decisión de continuar con la venta ambulante, que les resulta más atractiva que cualquier otra alternativa laboral a la que pudieran recurrir. Ante estos hechos piden la reapertura de los antiguos mercadillos, siquiera sea dos veces por semana; el establecimiento de puestos temporeros de frutas y verduras, con unos determinados puntos de control sanitario, y el pleno reconocimiento de la recogida de chatarra. Todo ello dentro de una regulación municipal de esta actividad y con la aceptación de tasas por espacio ocupado, tiempo y volumen de negocio.

Al mismo tiempo que pretenden legalizar una situación, los gitanos reclaman, como trabajadores por cuenta propia, algún tipo de convenio con la Seguridad Social, que les garantice la asistencia médico-farmacéutica en condiciones normales, sin la precariedad que tienen los servicios a los que les da derecho la cartilla de beneficencia, único medio que tienen ahora mismo para recurrir a un centro sanitario.

La inclusión en la Seguridad Social tiene como propósito básico la atención de casos de invalidez, vejez, muerte, orfandad y viudedad, así como las prestaciones de ayuda familiar y asistencia social en las mismas condiciones que los asimilados al régimen general.

Aclaración

En relación con el reportaje publicado en este periódico el pasado 24 de mayo sobre el desalojo de un poblado gitano situado en el paseo de Juan XXIII, la Asociación de Desarrollo Gitano quiere puntualizar que el Ayuntamiento de Madrid no cumplió su palabra de facilitar a los habitantes del poblado una vivienda, tal como les había prometido en 1975. Gerencia Municipal de Urbanismo entregó a cada familia gitana la cantidad de 200.000 pesetas, en concepto de indemnización por el desalojo, realizado el 23 de mayo pasado, si bien la citada Asociación quiere denunciar el incumplimiento de la aludida promesa municipal.